Notifican al menos 52 personas fallecidas, 51 de ellas en la Comunidad Valenciana y otra en Cuenca, debido a las inundaciones provocadas por la DANA, cifra que probablemente aumentará pues hay que unir a ello el número de varios desaparecidos en la provincia de Valencia, en Letur (Albacete), localidad que sufrió una intensa riada.
Por redes sociales y grupos de aplicaciones de comunicación están circulando imágenes terribles de las consecuencias de los temporales, avenidas bloqueadas por decenas de vehículos agolpados o carreteras con socavones de un tamaño impresionante.
La indignación de los valencianos se está haciendo notar en las redes, pues entienden que se actuó insuficientemente a la hora de advertir el peligro y que muchas personas salieron a trabajar esta mañana cuando las autoridades debieron impedirlo. Entre las víctimas se encuentran precisamente trabajadores y trabajadoras que fueron sorprendidos en sus vehículos por el temporal, entre ellos, por ejemplo, dos trabajadores municipales de la provincia de Albacete que fueron arrastrados en el vehículo donde se disponían a asistir a perjudicados y que todavía no se ha encontrado.
La tensión por la responsabilidad de las autoridades valencianas ha tenido un momento álgido en redes sociales cuando el Presidente de la Comunidad, Carlos Mazón, expresaba en su cuenta de X que los servicios de emergencia no estaban colapsados y pedía a los ciudadanos que no «emitiesen bulos». Los propios lectores de la red corregían a Mazón advirtiendo que un servicio que tiene recortados sus efectivos es, de facto, un servicio colapsado si no puede dar abasto.
Sucede, para mayor desgracia, que el Gobierno Valenciano se vanagloriaba, apenas iniciado su mandato, de haber recortado gastos suprimiendo unidades de emergencia. El ejecutivo valenciano ha tratado de justificarse asegurando que esa unidad no mejoraba ni ampliaba ningún servicio de Emergencias y que «solo era un organismo ficticio más con 0 bomberos más«.
Tocará ahora saber si se depurarán responsabilidades y averiguar si es cierto que, como dicen los gestores valencianos, no se recortó en servicios de emergencia y que estos eran suficientes. Lo que sí se sabe de momento es que fueron incompetentes para advertir el peligro en una zona donde este tipo de sucesos son recurrentes y, por supuesto, se sabe también que los trabajadores y trabajadoras son quienes pagan las consecuencias, quienes resuelven los problemas y quienes permiten que la actividad económica continúe, pese a que los recursos públicos de todos se destinen a intereses privados.
