Por Silvia Carrasco (profesora de Antropología de la UAB)
Asistimos atónitas al anuncio de apertura de una cárcel italiana para inmigrantes ubicada en Albania, como parte del Plan de Externalización de Migrantes del gobierno de Georgia Meloni y el beneplácito de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El debate sobre la inmigración ocupa todos los parlamentos estas semanas y en algunos se proponen y aprueban estas “soluciones”.
Como ejemplo macabro de que las mujeres somos moralmente iguales a los hombres no podía ser mejor, otra vuelta de tuerca de esta Europa en proceso de liquidación de los fundamentos políticos que inspiraron inicialmente la unión tras los horrores de la 2ª Guerra Mundial. Y no es el primer caso, en otros países del norte europeo que pasan por democracias avanzadas -tenemos que redefinir urgentemente en qué consisten- hace tiempo que el trato de la inmigración como delincuencia ha dejado de causar malestar en el debate público, sin atisbo de crítica, y menos, de conciencia, sobre el mercado global de la competencia extractivista desregulada que expulsa a la gente de sus hogares.
La posición feminista ante esta barbarie se expuso de forma clara en el programa del Partido Feministas al Congreso a las elecciones europeas, empezando por recordar que la población inmigrante desempeña un papel clave en la Unión Europea en diversos sectores económicos y trabajos esenciales y que, como en otros países, aproximadamente la mitad de los inmigrantes en España son mujeres. También hay que recordar una y otra vez que las fronteras son, como dice el poema, cicatrices en la superficie de la Tierra. Artificios históricos que nos separan, vestigios de pactos tras guerras olvidadas en un mundo que inevitablemente compartimos y que no puede salvarse por partes, países o élites. Puertas en el campo, pésimas soluciones para resolver los problemas comunes de la humanidad. Absurdos que nos hacen enunciar lo obvio de la condición humana como derechos a conseguir: el derecho a vivir con dignidad y el derecho a migrar.
Se decía también en el programa que las mujeres que migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida y huyendo de zonas de conflicto, pero también escapando de situaciones de desigualdad y violencia que les afectan de forma específica. Y que España tiene un papel crucial como frontera sur de la Unión Europea, una de las fronteras más desiguales del mundo entre países ricos y países empobrecidos. Vemos cada día cómo la política común de gestión de fronteras exteriores de los estados miembros (FRONTEX) comporta graves situaciones contrarias a los derechos humanos, a pesar de los acuerdos internacionales de protección de las personas sobre refugio y asilo, y de protección de las mujeres que migran y las que solicitan refugio por violencia de género.
Ya hemos visto en qué sentido se ha actualizado el reglamento de Dublín. ¿Y en qué quedan ahora los derechos universales de la infancia que tanto proclamamos como firmantes de la Convención de 1989, ante el espectáculo del “reparto” de menores no acompañados y el silencio sobre las menores traficadas por las mafias proxenetas para satisfacer la demanda de los puteros en España, que son trasladas sin problemas a la Península?
Dejaré para otra ocasión el análisis de las también imprescindibles políticas de integración e inclusión social de la población extranjera y los debates truculentos que se generan alrededor de la violencia machista y la diversidad cultural. Aquí quiero recordar que, frente a las “soluciones” de la extrema derecha europea que cada vez tiene menos que envidiar a sus antepasados de los años 30, hay alternativas sobre políticas de inmigración progresistas y, por supuesto, feministas. Señalo solamente las cuatro más importantes, que deberían guiar al resto en los debates donde los demás partidos solo usan la inmigración como arma arrojadiza contra el adversario político y la división de las clases populares, en forma de preguntas:
¿Cómo se garantizará la perspectiva de los derechos de las mujeres en el desarrollo e implementación de los nuevos reglamentos de migración y asilo del Consejo y el Parlamento?
Y, en concreto, ¿cómo piensan hacer efectiva la protección integral de las mujeres y las niñas que se hallan en campos de refugiados y centros de internamiento ante el alto riesgo, de sufrir agresiones sexuales y ser captadas por redes de trata con fines de explotación sexual?
Sabiendo que las niñas y las mujeres, además de la infancia en general, son las que más sufren las guerras, y en base a los principios fundacionales de defensa de la dignidad y de los derechos humanos, ¿cómo facilitarán el asilo político dentro de la UE a mujeres y niñas refugiadas de territorios en guerra y de todos aquellos países donde carezcan de derechos fundamentales? ¿Qué medios se pondrán a su disposición para que puedan reconstruir sus proyectos de vida?
Y, sobre el caballo de batalla que nos ocupa -la inmigración irregular- mientras campan por el mundo empresas y capitales europeos en connivencia con gobiernos de todo tipo, ¿cómo se puede aceptar el “Plan de Externalización de la Migración” italiano y otros similares y, al mismo tiempo, ¿ser fieles a los derechos humanos en los procesos de rescate, acogimiento y repatriación en condiciones de seguridad y dignidad?
Otras políticas de inmigración son posibles en España y en Europa. No hagamos de nuestro país el gendarme de los nuevos campos de concentración. Pensar en clave feminista sin duda nos ayuda a ver las cosas de otra manera.
