Por Amparo Mañés Barbé
Cuando se habla de inmigración, siempre se está en peligro de caer en la xenofobia, el racismo o la aporofobia; especialmente cuando la falta de oportunidades golpea a la ciudadanía y esta considera que nuestro Estado ofrece más oportunidades, trabajo y ayudas sociales a trabajadoras y trabajadores foráneos. O cuando se considera que la seguridad ciudadana ha disminuido a cuenta de la inmigración. O cuando se teme que el excesivo respeto a las costumbres de la inmigración, borren las de nuestra propia cultura. Ello propicia un clima discriminatorio respecto de las personas migrantes a pesar de que, no hace tanto, la ciudadanía española obligada a emigrar, experimentó en los países de recepción -en carne propia- esa terrible discriminación.
Todo ello, además, alimenta desproporcionadamente una creciente adhesión de la ciudadanía española al discurso de partidos políticos de extrema derecha; que se extienden peligrosamente a la derecha política, que tiene aún mayor adhesión ciudadana.
En fin. No podemos permitir que se criminalice a toda la inmigración porque, entre sus filas, haya un porcentaje de delincuencia. Ya que eso es ignorar, deliberadamente, que la inmensa mayoría de quienes vienen a este país, abandonando su hogar y a los suyos para proporcionarse y proporcionarles una vida mejor, ocupan los puestos de trabajo que quienes aquí nacieron no quieren, debido a las condiciones laborales de irregularidad, precariedad, dureza y/o baja retribución. Un tema, por cierto, que -en cualquier caso- deberían vigilarse mucho más, para evitar el abuso y la explotación laboral.
Por tanto, hay que impedir que los bulos interesados permitan generalizar que la inmigración es sinónimo de delincuencia. Pero, si queremos desactivar los avances de la extrema derecha en esta materia, es imprescindible realizar políticas activas que garanticen un adecuado control de quienes entran en nuestro país, tanto regular, como irregularmente. No soy experta en la materia, y seguro que, si el gobierno escuchara a las ONGs involucradas, las propuestas serían de mayor calado y pertinencia; pero, desde el sentido común, me permito proponer algunas acciones que -dada la complejidad del proceso migratorio- sé que, ni agotan las posibilidades en esta materia, ni algunas de ellas son sencillas de implantar; aunque sí he introducido en ellas la necesaria perspectiva feminista:
- Regularizar la inmigración con criterios éticos, que incluya el trato digno a las personas y la celeridad en su inserción educativa, laboral, etc. según proceda.
- Otorgar prioridad y celeridad a los casos de refugio político (incluyendo expresamente a las mujeres que huyan de patriarcados de coerción), con inserción laboral; y también educativa (en su caso).
- Atender a la inmigración sin papeles para regularizar a quienes han trabajado irregularmente por no poder hacerlo oficialmente (ya que esas personas demuestran, con su actitud, que no han venido a delinquir sino a trabajar). Prestarles ayudas y subvenciones, en condiciones de igualdad con la ciudadanía española, en función de nivel de renta, responsabilidades familiares, etc. Y proporcionar estadísticas fiables y transparentes que desactiven la pretensión de que se favorece más a la inmigración que a la ciudadanía española.
- Garantizar la suficiencia de los Servicios de Inspección laboral que permitan detectar el trabajo irregular para posibilitar la regularización de personas en riesgo de explotación laboral (especialmente mujeres migrantes, y más especialmente, aquellas que trabajen en régimen interno).
- Establecer programas de minimización de la pobreza, porque esta, en grados elevados, puede constituir una fuente de delincuencia por pura supervivencia.
- Impartir formación básica en nuestra lengua y en nuestros valores constitucionales de respeto e igualdad entre toda la ciudadanía, tanto a refugiados/as, como a inmigrantes y, en su caso, a sus familias.
- Atacar las raíces del multiculturalismo: Por un lado, porque facilitar el mantenimiento de la cultura y las costumbres de origen es una fuente directa de eventual discriminación y segregación social. Y, además, porque no todas las costumbres de otras culturas son respetables; especialmente si colisionan con las del país en que han decidido desarrollar sus vidas. Por ejemplo, hay que prestar atención a varones procedentes de países con patriarcados de coerción o con fuerte arraigo machista (expresado en sus cifras de feminicidios, agresiones sexuales, etc.) para que sepan que las conductas de sus países de origen son, en el nuestro, intolerables. Del mismo modo que son intolerables si las cometen ciudadanos españoles. Y porque, como digo a menudo, la barbarie machista no puede conceptualizarse como cultura.
- Prohibir expresamente la mutilación genital femenina y seguimiento de niñas en cuyos países de origen esta barbarie persiste para evitarla. Y, si una familia -a pesar de todo- incurre en ese delito con sus hijas o familiares, expulsión inmediata de quienes la hayan posibilitado o no lo hayan impedido, declarando refugiadas políticas a sus hijas y ofreciendo, a las menores de edad, además de los derechos apuntados en el apartado primero, un hogar de acogida debidamente supervisado y las cirugías necesarias para la reconstrucción genital. La misma política de expulsión de los responsables, debe adoptarse en el caso de los matrimonios forzosos.
- Adoptar con urgencia un estado laico que impida manifestaciones o actos machistas en nombre de cualquier religión. Prohibición social radical del velo o de sus demás manifestaciones (por ejemplo, que impidan a las mujeres y niñas acceder a piscinas o a la práctica deportivas o, como recientemente ha trascendido en Inglaterra, que una escuela prohíba a las niñas comer hasta que no lo han hecho sus compañeros varones).
- Facilitar información e impartir formación específica a las mujeres y las niñas de las familias procedentes de patriarcados de coerción para que sepan que les asiste el derecho a no someterse a ninguna costumbre religiosa o cultural que las discrimine respecto de los varones y la posibilidad, en caso de que se les trate de imponer, de solicitar el estatuto de refugiadas políticas.
- Detectar los focos de delincuencia (personas adultas o jóvenes que no hayan realizado esfuerzo alguno para integrarse en la sociedad: jóvenes con graves problemas de inserción escolar (elevado fracaso escolar, actitudes violentas, etc.) o laboral (sin evidencia de búsqueda activa de empleo y/o que conste que forman parte de bandas organizadas, etc.). Esas personas deberían tener una vigilancia activa y en caso de delinquir, ser expulsadas de acuerdo con la legislación vigente y siempre con respeto a los derechos que les pudieran corresponder. Eso debería incluir la previsión de expulsión inmediata de quienes cometan los delitos mediante el uso de violencia, especialmente si se trata de delincuentes sexuales (debido a la probada dificultad de reinserción social en este tipo de delitos).
- Realizar políticas activas, y favorecer encuentros entre población autóctona y migrante, de manera que se fomente el conocimiento y respeto mutuos.
- Garantizar «Luz y taquígrafos» en las estadísticas de delincuencia por sexo y nacionalidad. Frente a los bulos y la desinformación propagados por partidos políticos, que basan su programa en el odio a la inmigración, nada mejor que datos estadísticos fiables y transparentes, así como su difusión. Y, si el porcentaje de delincuencia de inmigrantes es notablemente mayor en algunos casos, actuar sobre sus causas para corregirlas.
Porque, en relación con la última proposición que formulo, de nada sirve ocultar datos con la excusa de evitar la alarma social, que además pueden conocerse, o incluso exagerarse por intereses políticos bastardos. Especialmente si, tras evitar esa alarma social, no se hace nada para intentar cambiar las situaciones preocupantes. La ciudadanía no es tonta pero sí es manipulable. A ver si nos enteramos y actuamos en consecuencia.
Porque no queremos partidos políticos que nos digan, en cada proceso electoral, «que viene el coco», cuando son ellos, con su opacidad informativa y su pasividad ante los problemas sociales, quienes le están abriendo a ese «coco» -de par en par- las puertas de nuestra democracia.
