Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España
Democracia es un término sagrado en la fraseología política actual, aunque el contenido de este constructo lingüístico tiene varias interpretaciones en la práctica. Nadie puede negar que el sistema que rige la Constitución de 1978 es democrático según se define a sí misma la Carta Magna, y es por tanto el pueblo el que elige a sus legisladores y en consecuencia a su gobierno. Y del mismo modo funcionan todos los países que forman la Unión Europea. De que tal cosa es así, está convencida la casi totalidad de la población española.
En la realidad el ejercicio de la democracia se reduce a convocar ritualmente elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas. Dirían ustedes que ese es el primer paso de la acción democrática y que por tanto nada hay que criticar. Lo que ya no es tan conocido es el sistema legal que rige las convocatorias para que los partidos puedan comparecer en la arena electoral. Porque aún cuando el ejercicio del voto es universal, sin más trabas que haber cumplido la mayoría de edad y no estar incurso en ningún proceso que le inhabilite para ello, la posibilidad de presentarse como candidato a la elección, tiene muchas más restricciones.
Solamente por el deseo del interesado, no es posible decidir que se va a competir con otros partidos. Nadie en solitario puede ser declarado candidato por la Junta electoral. O está inmerso en un partido político, y en consecuencia es el partido el que decide si le dejará presentarse o está amparado por una agrupación de electores que le apoya. Agrupación que según la población exige más o menos número de firmantes.
Pero solamente las elecciones municipales no tienen que cumplir más condiciones. Las de las comunidades exigen un número de firmas de apoyo, más o menos grande según el número de habitantes de la circunscripción electoral. Y las generales, de la misma manera, tienen que acompañar a la lista de candidatos más o menos miles de firmas.
Las convocatorias que tienen una alternativa más son las elecciones europeas. O 18.000 firmas populares o 50 de cargos electos. Es decir, de personas que llegaron a las alcaldías, los cabildos, los parlamentos o las asambleas, que de todo hay en España, por unas elecciones.
En 1999, el Partido Feminista de España se presentó a las elecciones europeas y fue admitida su candidatura, sin demasiado sufrimiento. Conseguimos las 50 firmas de concejales, alcaldes y diputados con relativa facilidad, ya que los partidos aceptaban que la democracia consistía en competir honradamente en la arena electoral, independientemente de la ideología que defendieran. Hoy ya no es así. Porque en cada convocatoria se recorta un poco la libertad democrática.
En esta ocasión, a la firma del cargo institucional que apoya al candidato hay que acompañar un certificado de la institución a que pertenece que ratifique la existencia del titular, y asegure que sigue detentando su cargo. Cualquiera puede imaginar lo que supone, para ciudadanos que se estrenan o para pequeños partidos que no tienen muchos recursos económicos, lograr en quince días las firmas y los certificados exigidos.
A pesar de que las y los camaradas de nuestro partido han dedicado muchos días a solicitar los avales de cargos electos, y sus correspondientes certificados, no nos ha sido posible recabar el número exigido.
Hemos comprobado, una vez más, que el sistema capitalista patriarcal que nos domina se protege hábilmente de cualquier competencia que el feminismo de izquierda pueda plantearle.
Han sido los propios representantes de los partidos políticos los que nos han informado, sin rodeos, de que los dirigentes de su partido les prohibían avalarnos. De una provincia a otra, de una agrupación a otra, de un partido a otro. Aquellos que pretenden formar parte del sector de izquierda se han mostrado aún más rechazantes que los de algún sector de derecha. Incluso algunos han sido amenazados con ser expulsados del partido si accedían a avalarnos.
La ley electoral que tiene esas exigencias para poder presentarse a las elecciones europeas, demuestra como se cumple la democracia, ya que únicamente los grandes partidos que tienen dinero y muchos cargos electos no padecen inconvenientes en cumplir el mandato legal. Los pequeños partidos dependen de la tolerancia que tengan con ellos los dirigentes políticos afines al sistema. Era, por tanto, muy difícil que aceptaran avalarnos cuando nuestro programa electoral se declara republicano, antiotanista, antisionista, anticapitalista, antimilitarista, con grandes críticas a la Unión Europea y a las normas que ha implantado.
Porque nuestro programa refleja que el feminismo no es únicamente pedir la abolición de la prostitución. El feminismo es una ideología revolucionaria que pretende, según nos enseñó Carlos Marx, transformar el mundo.
Nosotras pretendemos, al menos, transformar nuestro país, dominado por los grandes poderes militares y económicos, que son los que organizan y deciden las guerras que destrozan los países y asesinan a sus habitantes, la extorsión económica de los trabajadores, la represión, la violencia contra las mujeres y la explotación de su capacidad reproductora, y mantienen las mafias de la prostitución y la trata de seres humanos.
A estos puntos de nuestro programa, hemos de añadir nuestro absoluto rechazo a formar parte de la OTAN, el club criminal más peligroso del mundo, a abastecer de material militar a Ucrania para prolongar la guerra que proporciona inmensos beneficios al sector industrial militar, a mantener el apoyo al propósito exterminador del pueblo palestino por parte de Israel y a continuar la política colonial de todos los países capitalistas, con las prácticas criminales contra los emigrantes que huyen de sus países, después del expolio a que Europa los ha sometido.
Comprendemos que defendiendo estos principios era difícil que los cargos institucionales que son el soporte del sistema, nos avalaran.
Aún así, varias decenas de compañeros de diversas tendencias políticas, enfrentándose a sus direcciones, lo han hecho, y por una decena de avales no hemos podido completar las exigencias legales.
Nada de todo ello nos es nuevo ni sorprendente. Desde hace 45 años el Partido Feminista de España se declara marxista-feminista, y trabaja denodadamente por construir un país donde los ideales socialistas se implanten realmente, eliminando la pobreza, la violencia y la discriminación de la mujer. Y sabemos, muy bien, la hostilidad que nos muestran los lacayos de aquellos que dominan las instituciones, y como nos han perseguido hasta con amenazas personales y demandas judiciales.
No nos desanima, ni siquiera sorprende, que esta vez no hayamos logrado los avales necesarios para presentarnos a la campaña electoral europea. Tampoco nos apartará de nuestra ideología ni de nuestros propósitos. Porque sin un feminismo marxista, que luche contra las injusticias de toda índole que llevan a la miseria, la precariedad, la violencia y las diversas explotaciones a dos terceras partes de nuestro pueblo, ninguna esperanza cabe de un cambio radical en la lucha de clases de nuestro país.
Limitarse a plantear la abolición de la prostitución, la prohibición de los vientres de alquiler y de la pornografía y la derogación de la ley trans, no es un programa político. Todas las asociaciones feministas demandan tales reformas. Pero un partido se supone que tiene la ambición de gobernar, y la sociedad es mucho más compleja y variada de lo que parecen entender las asociaciones.
Un partido político de izquierda es un ejército civil. Está librando la guerra contra sus enemigos: el Capitalismo y el Patriarcado que dominan el país e imponen sus crueles leyes y costumbres en favor de los sectores poderosos y en contra de los desposeídos, de los trabajadores, de las mujeres. Los partidos del sistema que tienen cargos electos han seleccionado muy bien a quien avalaban. En esta democracia se permite que se denuncie la explotación de la prostitución pero no la complicidad del Estado con los sectores militares, dirigidos por la OTAN, para continuar la guerra que han provocado en Europa, y el genocidio de Palestina.
Se acepta la crítica contra la ley trans, aunque mi atrevimiento me llevó a la Fiscalía de Odio, pero lo que de ninguna manera van a apoyar es nuestro rechazo de la monarquía y la exigencia de proclamar la República que tan sangrientamente nos arrebataron. Hay quienes se creen de izquierda y no pronuncian una crítica ni de la Transición, de la monarquía ni del gobierno reaccionario que domina la Unión Europea, cada vez más escorado a la extrema derecha. Es decir, se les permite participar en el sistema, porque son los comisionados y servidores del poder económico, político, social y cultural que nos domina.
Pero tened la seguridad de que en la próxima competición electoral nos encontraremos y mientras tanto preparamos nuestro IV Congreso del Partido Feminista, difundimos nuestro ideario, planteamos las inmediatas reformas imprescindibles en nuestra legislación, y seguimos impartiendo los cursos y los estudios de marxismo y feminismo, que organizamos desde hace décadas.
Y allí, y en la calle, y en las escuelas y en los debates de todos los medios de comunicación nos encontraremos. Salud, feminismo y República, camaradas.
Madrid, 6 de mayo 2024.
