Magníficos tiempos para los rentistas y especuladores de la vivienda, para las empresas del IBEX 35 y en general para todos los sectores económicos que se benefician de la hiper explotación de la clase trabajadora. El paisaje de la guerra mundial al que nos dirige el declive del imperialismo norteamericano (para el que sí hay fondos de miles de millones de inversión de los Estados) parece el mejor para los grandes intereses económicos.
Y según los datos también son tiempos estupendos para empresas como Mercadona. La empresa de distribución ha incrementado en 2023 sus ventas consolidadas un 15%, hasta los 35.527 millones de euros, sumando los beneficios obtenidos en España y Portugal. La cadena del empresario Juan Roig ha pasado a facturar un 63% más que hace siete años, con una inversión realizada en 10.000 millones, en sólo siete ejercicios.
Con respecto al año anterior es un aumento de beneficios del 14%, pese a que su propietario manifestó que su supermercado «estaba sirviendo de amortiguador de los precios con el dato de reducción de margen de beneficios en la mano». Un informe de Facua señala que establecimientos como los centros de Mercadona subieron el precio de los productos que se beneficiaron de la bajada del IVA a los alimentos básicos.
Así pues, el trabajo en la anterior legislatura de Yolanda Díaz y su proyecto sobre la cesta de la compra, como el trabajo del Ministerio de Consumo del reprimido -por no poder fichar por un lobby- Alberto Garzón, parecen haber terminado en otro enorme bluf, similar a otros «cambios de paradigma» como la vivienda o la factura del gas y la luz, que no sólo no impidieron sino que colaboraron a que las grandes empresas obtuvieran beneficios obscenos en tiempos de alarmante incremento de la pobreza.
El actual ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha exigido a los supermercados que demuestren que ese incremento de precios ha sido producido por aumentos en los costes y no por pasarse por alto la bajada del IVA. Tendrán que esperar sentados porque obviamente el señor Roig se vanagloria y presume de estar cumpliendo todos los preceptos de la nueva política: paga sus impuestos, crea empleo, ha aumentado el número de mujeres directivas e incluso es respetuosa con la agricultura nacional.
En cuanto a las protestas de los agricultores, Roig asegura que la mayoría de sus productos son españoles y que no se producen abusos con los precios, y que comprende su malestar pero «algunos productos hay que traerlos de fuera«. Luego entonces no parece haber ningún problema y todo está de acuerdo con las medidas exigidas por el Gobierno.
¿Dónde está el problema entonces? La diputada Ione Belarra -en la anterior legislatura disciplinada ministra y en esta aguerrida voz discordante- apunta desde un video-selfie en el que muestra todo el tiempo su rostro, por supuesto, que Podemos ya denunció la «terrible subida de precios», y señala: derivada de las consecuencias de la guerra de Ucrania.
La pregunta entonces es, ¿por qué involucraron a España en una guerra que no le interesa ni le ocupa en absoluto? ¿Por qué el Gobierno del que formaron y forman parte tanto Sumar como Podemos gasta miles de millones en material de guerra para enviarlo no sólo a Ucrania sino a Israel? ¿Por qué fueron incompetentes para frenar el incremento de los precios de la energía y todas sus consecuencias?
¿Será que son dependientes y sumisos de los intereses de la UE y no pueden impedir que cualquier avispado empresario haga su agosto exprimiendo hasta la última gota de sangre a la clase trabajadora?
