La tasa de pobreza entre la población infantil (que situaba a 1 de cada 4 niños de la Unión Europea y a España como el país de la UE con mayor tasa), se ha incrementado casi 10 puntos y llega al 38,6% si se agrega el gasto de las familias en la vivienda, que añade a los datos a 780.000 menores más, según un informe de Unicef llamado Yo también vivo aquí: vivienda, pobreza y derechos de infancia.
La situación de la vivienda en España está mostrando escenas que parecen de otros tiempos. Ya es habitual leer en los anuncios de prensa y en redes sociales a familias que no pueden acceder más que a una habitación compartida. Esta situación, que en los últimos años se relacionaba a situaciones puntuales como los estudiantes o los trabajadores desplazados temporalmente, es ya bastante extendida no sólo entre inquilinos individuales sino entre parejas y personas con hijos.
También se está volviendo frecuente en los anuncios de alquiler la oferta de subarrendamiento de habitaciones, debido a que muchos arrendatarios no pueden afrontar el pago de sus alquileres por sí solos. Así también proliferan los anuncios de especuladores que ya ofrecen un piso en alquiler por piezas, en muchas ocasiones a un precio que de por sí es bastante elevado para el coste de una simple habitación, pero que muchos se ven obligados a aceptar ante el miedo a verse en la calle o tener que firmar contratos de alquiler con precios y cláusulas tan agresivas que saben no podrán cumplir.
La ley de 2023 «por el derecho a la vivienda» ha significado uno de los mayores engaños del llamado Gobierno de Progreso, con la que aseguraba «haber cambiado el paradigma del mercado de la vivienda» pero que en realidad ha sido un verdadero pacto de no agresión con los grandes propietarios de vivienda (Bancos, fondos de inversión como Black Rock) y también con el gran entramado de rentistas que viven de la especulación por el valor de suelo, tanto directamente en el alquiler de la vivienda como en el sector del alquiler turístico.
El problema que subyace en este asunto es que un Gobierno doblegado a los intereses de las grandes empresas occidentales (muchas de las cuales ya invierten en suelo) y cuya economía ha sustituido la industria por el pelotazo inmobiliario y turístico (una infinidad de rentistas que viven de la propiedad privada), es incompetente para transformar la situación de la vivienda, pues se trata de un Estado que simplemente es un mandado a la orden de la Unión Europea, ya gobierne la derecha o eso que llaman izquierda.
El mencionado informe de Unicef señala que el incremento en el valor de la vivienda es un ingrediente que aumenta aún más los altos índices de pobreza infantil de nuestro país, pues lleva a que esas familias sean más vulnerables por «soportar costes excesivos, a vivir hacinados, en viviendas precarias o, directamente, en infraviviendas. Esto afecta su salud física y mental, su educación, su acceso al ocio y tiempo libre y sus relaciones intrafamiliares o con iguales, además de sus oportunidades de futuro».
Sobre este grave problema el lector puede acceder a más información en otras entradas que se han publicado en este medio como:
La vivienda y la construcción espacial capitalista
Por qué no cambiaron el «paradigma de la vivienda» ni lo van a hacer
Vivienda, paradigma de la trampa socialdemócrata
Actualidad de la contribución marxista al problema de la vivienda
