Antonio Gil
En medio de unas semanas donde el campo es noticia por las amplias movilizaciones de agricultores y ganaderos, se ha vuelto a desvelar otro caso de explotación laboral rayando en la esclavitud en el sector primario: en Sevilla la Policía Nacional informó de la liberación de 21 personas, una de ellas una menor de edad que, debido a las brutales condiciones de trabajo y de salubridad de su alojamiento, llegó a sufrir un aborto.
La investigación dio comienzo en abril del 2022, cuando se detectaron posibles indicios de la existencia de víctimas de trata en una finca de Brenes. En esta finca, 21 hombres y mujeres de entre 16 y 45 años, procedentes de Moldavia y Rumanía, trabajaban de sol a sol en la recogida de fruta, teniendo prohibido comer y beber durante la jornada, y vivían hacinadas en infraviviendas en Brenes y Cantillana por la que debían pagar un alquiler, además de pagar también por la comida que recibían, y por los traslados en autobús. Realmente no percibían dinero alguno por su trabajo, sino que trabajaban para saldar una deuda con la organización, lo que condujo a uno de ellos a arrojarse por una ventana en una ocasión tratando de huir de estos explotadores, produciéndose lesiones graves. Respecto a la chica mencionada antes, perdió a uno de los gemelos. Era habitual que debieran rebuscar comida en la basura porque lo que les proporcionaban no era suficiente. Sus explotadores, dos clanes familiares rumanos que hacían ostentación de un alto nivel de vida, los captaban mediante anuncios en Internet con condiciones de trabajo muy apetecibles. Luego, este grupo, mediante diversas empresas pantalla, tenía cerrados acuerdos con empresarios agrícolas para administrar diversas fincas, acuerdos por debajo de la competencia ya que no pagaban salarios reales a los esclavos.
La operación se desarrolló en noviembre del pasado año, pero es ahora cuando la Policía Nacional ha informado de ello, y aún sigue abierta. Se detuvo a 15 personas, y los tres cabecillas de la banda ingresaron en prisión preventiva, pero semanas después, contra la opinión de la Fiscalía y sin tener en cuenta que el líder del grupo ya fue detenido por hechos similares en 2022, el juzgado decretó su puesta en libertad con cargos.
