“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
Art. 47 Constitución española
Algunos piensan que la sociedad falla cuando se desahucia a una anciana por una deuda ridícula (88€), pero no se ponen a pesar que el sistema (capitalista) sí funciona a pleno rendimiento, para dicho sistema la vivienda no es un derecho humano sino un bien de mercado, un bien a rentabilizar como forma de extraer beneficios de la especulación inmobiliaria.
Debido entre otros factores a que el parque de vivienda pública y social es exiguo, las estimaciones del Ejecutivo sitúan la vivienda social en un 2,5% del total, muy por debajo de la media europea, pero según datos de la OCDE, solo el 1,1% de las viviendas son de alquiler social, en contraste con países como Holanda (más del 34%) o Austria (24%). Los alquileres se disparan y el turismo ejerce una presión desmesurada sobre el alquiler de vivienda a través de los pisos turísticos (gentrificación) donde la ciudad se convierte en un parque de atracciones para turistas como Barcelona o Madrid.
Los fenómenos de transformación urbana, tienen relación con procesos de privatización del suelo e incidencia del mercado de manera predominante por sobre las políticas públicas estatales de organización y planificación de lo urbano. La construcción espacial capitalista se desarrolla en torno a tres términos: espacio, lugar y ambiente. Las zonas urbanas pueden verse sometidas a intensos procesos de valorización, o desvalorización, siguiendo el concepto marxista de “medio ambiente construido” establecido por Harvey [1], para el tema que nos ocupa se trata de todos los valores de uso que cristalizan y constituyen los elementos necesarios para la producción, las estructuras físicas construidas para el consumo, edificios y viviendas particulares.
Engels sitúa el valor de la tierra (suelo urbanizable): «el crecimiento de las grandes ciudades modernas otorga a las tierras en ciertas áreas un valor artificial y a menudo en crecimiento colosal», las valorizaciones del suelo que ocurren cuando se construye un vía de comunicación, metro, cercanías, centro comercial etc….en determinado lugar incrementará su valor de uso a partir de su mejora espacial relativa, y aquí interviene la coordinación de inversiones ligadas al capital financiero.
Engels [2] en 1872 publicó 3 series de artículos en el periódico Volksstaat de Leipzig lo que en aquel tiempo, llenó los periódicos de discusiones sobre el “problema de la vivienda”.
Deja el problema en claro desde el inicio. «Lo que hoy se entiende por penuria de la vivienda es la particular agravación de las malas condiciones de habitación de los obreros a consecuencia de la afluencia repentina de la población hacia las grandes ciudades; es una subida formidable de los alquileres, una mayor aglomeración de inquilinos en cada casa y, para algunos, la imposibilidad total de encontrar albergue. Y esta penuria de la vivienda da tanto que hablar porque no afecta solamente a la clase obrera, sino igualmente a la pequeña burguesía».
Engels describecerteramente como: «La extensión de las grandes ciudades modernas da a los terrenos, sobre todo en los barrios del centro, un valor artificial, a veces desmesuradamente elevado; los edificios ya construidos sobre estos terrenos lejos de aumentar su valor, por el contrario lo disminuyen, porque ya no corresponden a las nuevas condiciones, y son derribados para reemplazarlos por nuevos edificios, Y esto ocurre, en primer término, con las viviendas obreras situadas en el centro de la ciudad, cuyos alquileres, incluso en las casas muy superpobladas, nunca pueden pasar de un cierto máximo, o en todo caso sólo de una manera en extremo lenta. Por eso son derribadas, para construir en su lugar tiendas, almacenes o edificios públicos»
El principio y el fin del modo de producción capitalista para el rentista (propietario) es valorizar el capital de la inversión en la compra del inmueble para ello acude al tema del alquiler, la posibilidad de vender su valor de uso de a poco, y cada vez por un tiempo definido, cediendo el inmueble al arrendatario.
Algunos, pretenden que en el actual sistema de modo de producción capitalista, los propietarios ejerzan lo que ahora se llama “responsabilidad social de las empresas”.
La naturaleza de los alquileres está regida por la ley del valor que limita la pretensión del Estado por medio de “escudos sociales” de mejorar la situación de la vivienda mediante la fijación de los alquileres o poner parches reformistas (3% de subidas permitidas) que no frenan los desahucios, pretenden dar salida a la problemática sin denunciar y cuestionar el modelo capitalista.
Engels ya en 1872 lo describía con agudeza: «Quien pretende que en el modo de producción capitalista, las “férreas leyes” de la sociedad burguesa de hoy son intangibles y, sin embargo, quiere abolir sus consecuencias desagradables pero necesarias, no puede hacer otra cosa más que predicar moral a los capitalistas. El efecto sentimental de estas prédicas se evapora inmediatamente bajo la acción del interés privado y, si es necesario, de la concurrencia.»
La ciudad neoliberal
La reconfiguración socio-espacial experimentada por las ciudades españolas durante la etapa del boom económico previo a la crisis no puede entenderse sin hacer referencia a la naturaleza neoliberal del modelo económico adoptado, hoy día no resulta exagerado hablar de la crisis del régimen bonapartista instaurado con la Constitución de 1978.
Entre los factores que han impactado de forma más notable sobre la estructura socio-espacial de las ciudades españolas cabe destacar:
a) Las coaliciones pro-crecimiento promovieron, tanto a escala estatal como autonómica, una serie de cambios en la planificación urbana que favorecieron la liberalización del suelo, la intervención fragmentada en el territorio y la capacidad de intervención de diversos grupos económico/políticos con fuertes intereses inmobiliarios.
b) Durante estos años la producción inmobiliaria devino central, consolidándose como uno de los pilares del crecimiento económico español Espacialmente este
hecho tuvo un impacto indudable en la aceleración del proceso de suburbanización asociado a la expansión de nuevas tipologías residenciales.
c) El desarrollo de estrategias de regeneración urbana basadas en el aprovechamiento de las oportunidades urbanísticas generadas por la recalificación de terrenos destinados anteriormente a otros usos.
En 2006, casi todos los indicadores económicos reflejaban el ‘milagro’ español, gran parte de esta esta fortaleza se sostenía bajo pilares de barro. El boom económico de España era una consecuencia de una burbuja inmobiliaria que se había levantado a base de endeudamiento con el exterior, con un déficit por cuenta corriente que era de los más grandes del mundo y que en 2006 rozó el 7,9% del PIB. Familias de España se endeudaban para levantar y comprar casas, generando un bienestar artificial que era insostenible y daba lugar a una economía poco diversificada, nada productiva y muy vulnerable a un shock externo.
La irrupción de la crisis no ha significado una ruptura con el modelo neoliberal. El bloque socioeconómico hegemónico ha mantenido el control político del proceso,
ejecutando las recetas clásicas del neoliberalismo y produciendo, en consecuencia, una ampliación de sus efectos más negativos. Estos sectores han mantenido el control de la situación apelando al carácter ineludible de las políticas de ajuste como única posibilidad de retornar a la senda del crecimiento. Así en 2022 hubo 104 desahucios por día, el 85,7% de los menores de 29 años no pudieron independizarse, los trabajadores tuvieron que dedicar más del 43% del sueldo para el alquiler y 11 millones de personas sufrían exclusión residencial. En el periodo 2020-2022 la cifra de desalojos fue de 110.000 en 3 años.
Exclusión social y vivienda o la segregación urbana
Según datos del informe “El estado de la pobreza” del primer avance de resultados para 2023 de la plataforma European Anti Poverty Network (EAPAN) para España, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social: At Risk Of Poverty or Exclusion (tasa AROPE) alcanza al 26,0 % de la población residente en España, es decir, unos 12,3 millones de personas, situándose a niveles del año 2009.
Alrededor de 9.676.000 personas viven en pobreza, con ingresos inferiores a 10.088 € anuales por unidad de consumo (841 € al mes), la carencia material y social severa desciende por segundo año consecutivo al 7,7% de la población, esto es a 3,65 millones de personas.
Sin embargo, destaca el crecimiento de algunos de los ítems correspondientes a carencias materiales para vivir. En este sentido, por segundo año consecutivo sube el número de personas que no han podido mantener una temperatura adecuada en su hogar: un 17,1% en 2022 frente al 14,3% de 2021 y 10,9% en 2020. Además, también se incrementa al 5,4% el número de personas que no pudieron permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos días y al 33,5 % aquellos que no pudieron irse de vacaciones al menos una semana al año Por otra parte, se registra un incremento de las personas que llegan con dificultad a fin de mes: del 44,9% que declaraba algún tipo de dificultad en 2021 se asciende al 47,8 %, lo que supone cerca de 1,4 millones de personas más y llegar, casi, a la mitad de la población española.
Vivienda y salarios
Un sistema que condena vidas marcadas por la explotación laboral. El problema de la vivienda está condicionado por la precariedad laboral a lo que se suma la voracidad de la lógica capitalista en mercados como el inmobiliario, trabajar y estudiar ya no significan estabilidad económica
A partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones Vida del INE (publicada en 2022 y con datos de 2021), un 17% de hogares quedan en situación de pobreza severa tras pagar la hipoteca o el alquiler. Hacer frente al pago de una vivienda no es fácil, ni siquiera para familias con ingresos medios. “Los problemas de asequibilidad de la vivienda están convirtiendo en pobres a muchos hogares con rentas medias”, Del estudio de Provivienda se desprende que uno de cada tres hogares con ingresos intermedios destinan a la hipoteca o el alquiler más del 30% de su presupuesto familiar, el tope de esfuerzo recomendado por la mayoría de expertos.
Las diferencias por régimen de tenencia son “enormes”, el riesgo es superior para quienes viven de alquiler que para los que pagan hipoteca. Entre los alquilados, la situación de pobreza severa afecta a casi el 38%. Entre los propietarios con hipoteca ese porcentaje se reduce al 11,3%. Incluso entre hogares de inquilinos con ingresos medios, la situación de pobreza severa afecta al 5%, lo que se traduce en unas 250.000 unidades familiares.
Y las distancias se mantienen en otros parámetros. Al observar la tasa de sobreesfuerzo por ejemplo, la incumplen un 47,5% de quienes viven de alquiler. Y si se mira sólo las familias inquilinas del primer decil de ingresos (es decir, el 10% que tiene menores recursos), el porcentaje de quienes destinan más de lo que deberían de su renta mensual se dispara hasta el 70%.
España ha sido considerado desde hace décadas como un país de propietarios, hoy día esa afirmación dependería del grupo etario que se mire. El análisis del ‘think tank’ Future Policy Lab destaca cómo, desde la Gran Recesión, la brecha de propiedad y la intergeneracional se ha ensanchado. Un cambio drástico, entre los jóvenes, España es sobre todo un país de inquilinos: si solo tres de cada 10 hogares encabezados por un menor de 28 años vivían de alquiler en 2002, actualmente ese porcentaje se acerca al 70%.
Desde 1952 hasta hoy, en España se han edificado más de 6,8 millones de viviendas con alguna modalidad de protección. Esto supone el 26% del total del parque residencial (estimado en 25,5 millones de viviendas). Sin embargo, este parque de viviendas ha ido pasando a manos privadas y el sector público no ha podido dotarse de recursos residenciales protegidos para hacer frente a las necesidades de las sucesivas generaciones. Actualmente, la demanda potencial de vivienda social se calcula en 1,5 millones de hogares y, de acuerdo con las proyecciones demográficas, podría elevarse hasta los 2,6 millones en el año 2030.
[1] Harvey, David (1989): “The Urban Experience” Oxford, Blackwell Publishers
[2] Engels Federico (1971): “La guerra de campesinos en Alemania y El problema de la vivienda” Editorial Claridad, Buenos Aires
