El doble rasero de los países del entorno de la Alianza Atlántica es sobradamente conocido, pero en los últimos tiempos está alcanzando cotas insospechadas. El genocidio del pueblo palestino a manos del ejército de Israel y colaboradores, más el polvorín a nivel global que puede suponer la extensión del conflicto en el Mar Rojo, está destapando muchas vergüenzas.
A nivel nacional, Sánchez no sabe ya qué piruetas realizar para aparentar que mantiene una posición al menos equidistante en el asunto, de modo que su imagen progresista no se vea perjudicada ante el clamor popular en apoyo a Palestina. Una sumisión a los intereses belicistas del imperialismo que haría las delicias del Aznar más engreído, ante una iniquidad criminal que se diría más propia del trumpismo que de la «esperanza democrática» bideniana.
Yolanda Díaz justificó ayer la participación en la misión del Mar Rojo en unas declaraciones a la SER en la que por una parte criticaba «la hipocresía de actuar con rapidez para defender intereses comerciales y no hacerlo ante el asesinato de niñas y niños en Gaza», y por la otra advertía que «España debe intervenir en los todos los procedimientos en los que se respete la legalidad internacional«. Una calculada imprecisión que nos recuerda a otras joyas del canto a la nada como la reforma no reformada, los contratos indefinidos o el cambio de paradigma de la vivienda.
En el enésimo intento por justificar su docilidad ante la UE y la OTAN, el PCE del ex Agenda 2030, Enrique Santiago, comunicaba ayer que «rechaza la operación promovida por EEUU en el Mar Rojo» y trataba de desmentir la participación del Gobierno, atribuyendo la controversia a declaraciones de altos mandos militares como el vicealmirante español Ignacio Villanueva Serrano, comandante de la misión Atalanta.
Debe ser que se trata de otro más de esos asuntos en los que vale con expresar un deseo particular, o manifestar una sensación identitaria, para contradecir a la realidad más palpable y más empírica.
La realidad indica que el Gobierno español autorizó el año pasado exportaciones de armas a Israel por valor de 9,3 millones, dentro del contexto europeo en el que España fue el octavo país que más ventas militares realizó a Tel Aviv.
Y no es el único gasto asociado a las exigencias de la OTAN. El gasto (opaco y no consultable) en armas para Ucrania de España como «potencia beligerante» es de cientos de millones en armamento diverso y el presupuesto de Defensa aumentó en 14.000 millones de euros para llegar al 2% del PIB comprometido (de los 10.155,2 millones actuales a más de 24.000).
Esa misma realidad muestra que la llamada Operación Guardianes de la Prosperidad (rocambolesco nombre de la coalición invocada por EEUU en la que llamaba a filas a varios países y entre ellos a España) puede encontrar una perfecta plataforma en la ya existente Operación Atalanta, despliegue de fuerzas militares para combatir la piratería y asegurar el tráfico marítimo en zonas como el Mar Rojo, en la que España participa con la intervención de fragatas o con otros apoyos como destacamentos tácticos aéreos.
A las fuerzas militares españolas en la zona les bastaría con intensificar su actividad ya existente e incrementarla, que es a lo que se refería el mencionado vicealmirante en sus declaraciones, rápidamente desmentidas por el Ministerio de Defensa, quien a través de las palabras de Margarita Robles negaba la participación y explicaba que la cooperación de España no se produciría unilateralmente sino acatando «las decisiones de la UE y la OTAN”.
El uso de las rimbombantes y presuntuosas palabras «guardianes de la prosperidad» llama a preguntarse ¿la prosperidad de quién? Pues parece que lo que prima en este caso, como en tantos otros, es el interés comercial por mantener la ruta que emboca en el Canal de Suez, así como las fluidas relaciones con las grandes compañías relacionadas con los Estados Unidos y su socio Israel.
Del mismo modo, las palabras «legalidad internacional», empleadas por la Vicepresidenta Díaz para excusar su papel, parecen desmedidas si recordamos que esa misma legalidad es la que ha permitido el vil asesinato de más de 20.000 civiles en Gaza, entre ellos 10.000 niños.
Una «legalidad internacional» que se preocupa por «guardar la prosperidad» del aumento de costes que supondría a los cargueros occidentales rodear toda la costa africana, con el gran sobrecoste que supondría a la ya preocupante inflación europea. Pero lleva décadas mirando hacia otro lado en lo que se refiere a Palestina y prefiere militarizar y aumentar la crisis en el entorno del Mar Rojo antes que detener la masacre israelí y buscar una solución pacífica.
