El derecho a defenderse de Israel

Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España

Los gobiernos de los países democráticos occidentales hace 73 años que contemplan indiferentes el genocidio palestino que practica el gobierno de Israel, desde que en 1949 se instaló en el territorio que ocupa, expulsando a los palestinos que habitaban allí durante siglos. En estas décadas, Israel tras la Guerra de los Seis Días de 1967 ha ocupado la península del Sinaí de Egipto, los territorios palestinos de Cisjordania (incluida Jerusalén Este) y la Franja de Gaza, la mayor parte de los Altos del Golán de Siria y, hasta 1982, la península  del Sinaí de Egipto, en que llegó a un acuerdo con éste, a cambio de que apoyara las tropelías que comete el gobierno de Israel contra los palestinos. Ante las reclamaciones palestinas y las resoluciones de Naciones Unidas apoyándolas, Israel sostiene que Cisjordania es un territorio disputado ​-sin que se sepa qué significa semejante categoría- y asegura que, desde su retirada de la Franja de Gaza en 2005, no ocupa más este territorio.

Esta mendaz hipocresía pretende ocultar que la Franja de Gaza es el territorio que tiene secuestrado Israel, con la vigilancia total de su perímetro, su espacio aéreo y la costa mediterránea, y al que se no se accede más que con permiso de las tropas israelíes. En 45 kilómetros cuadrados se amontonan en condiciones infrahumanas 2.300.000 personas, cientos de miles de niños entre ellas, en lo que Naciones Unidas califica de “territorio inhabitable”, donde todos los suministros necesarios para garantizar una vida civilizada: energía eléctrica, gas, agua, combustibles, comida, atraviesan los controles cuando el gobierno de Tel-Aviv da permiso. Si no, ese territorio queda incomunicado del resto del mundo y ningún servicio se presta, como está sucediendo en la actualidad.

La Corte Internacional de Justicia, ​ la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas​ catalogan a Israel como «Potencia Ocupante». El relator especial de las Naciones Unidas Richard Falk llamó a la ocupación israelí como «una afrenta al derecho internacional».​ De acuerdo con Talia Sasson, que redactó un informe oficial para el gobierno israelí en el año 2005, la Corte Suprema de Israel, con diferentes jueces en su conformación, repetidamente ha establecido, durante más de cuatro décadas, que la presencia de Israel en Cisjordania es una violación del derecho internacional. ​

La anexión de Jerusalén Este por parte de Israel en 1980 no ha sido reconocida por ningún país, mientras que la de los Altos del Golán en 1981 tan solo ha sido reconocida por los Estados Unidos. La Resolución N° 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declaró la anexión de Jerusalén como ‘nula y carente de valor’ y exigió que fuera dejada sin efecto. La Resolución N° 497 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también declaró la anexión de los Altos del Golán como ‘nula y carente de valor’. Luego de la retirada de Israel de la Península del Sinaí en 1982, como parte del tratado de paz entre Egipto e Israel, el Sinaí dejó de ser considerado como territorio ocupado. Israel unilateralmente se retiró de Gaza en septiembre de 2005 y declaró ya no estar en ocupación de la franja. Sin embargo, dado que aún retiene el control del espacio aéreo y costero en la zona así como todos los accesos terrestres, continúa siendo considerada una potencia ocupante por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ​ así como por algunos países y organizaciones de derechos humanos. ​

A la ocupación militar de estos territorios, se añade la permisión del gobierno de Tel-Aviv de que miles de colonos israelíes se hayan asentado en espacios que estaban reservados para Palestina, ocupando territorios, construyendo casas y organizando colonias que aumentan cada año en número de habitantes. El representante de la Cruz Roja para Israel y los territorios ocupados ha afirmado que el establecimiento de asentamientos israelíes en los territorios ocupados es una grave violación de las Convenciones de Ginebra. El CICR también sostiene que el desplazamiento de los palestinos que puedan ocurrir, debido a los asentamientos, también viola el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra. La resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada por unanimidad, declaró en diciembre de 1981 que la decisión israelí de anexionarse esos territorios era «nula y sin valor»

En estos 73 años de guerras, masacres, ocupaciones, secuestros de los habitantes de las zonas ocupadas, detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos de los opositores políticos, por parte del ejército y la policía, sin intervención de los juzgados en un proceso, sin acusación ni sentencias, el desinterés de la Unión Europea y de Estados Unidos por ayudar a la población palestina ha sido palpable. Todos ellos se han limitado a hacer, de cuando en cuando, declaraciones lacrimógenas lamentando una situación que de ningún modo están dispuestos a revertir, imponiéndose a la tiranía de ese minúsculo Estado, que es enormemente poderoso por el padrinazgo de que disfruta de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha reconocido que existe «presión internacional» sobre su país para poner fin al bloqueo a Gaza, pero recalcó que este continuará «por aire, mar y tierra» con el objetivo de «preservar la seguridad de Israel y su derecho a defenderse a sí mismo».​

Entre el 14 y el 21 de noviembre del año 2012, la franja de Gaza fue duramente bombardeada por Israel en el marco de la Operación Pilar Defensivo: más de 150 personas murieron y 1200 resultaron heridas. El 8 de julio de 2014 comenzó un nuevo asalto a la franja en el ámbito de la Operación Margen Protector.

 En las últimas décadas el gobierno de Israel ha asesinado en los territorios ilegalmente ocupados de Palestina a miles de niños y adolescentes palestinos. Décadas en las que en Gaza se vive una situación límite propiciada por un golpe de Estado en 2002 con la detención de ministros palestinos y acciones militares bélicas contra edificios oficiales, que lanzaron una bomba de 900 kg sobre un edificio en el que se encontraba Salah Shehade, líder de Hamás. La explosión destruyó el edificio entero, muriendo 8 niños y 18 vecinos. Ese mismo año, en 2002, Israel inicia la construcción de un muro de separación de 720 km que afectó definitivamente a la vida de los palestinos.

El terrorismo del Estado de Israel ha llevado a ocupar más del 78% de Palestina, destruyendo 530 aldeas y pueblos. Se calcula que han muerto alrededor de 15.000 palestinos en más de 70 masacres. Entre 1947 y 1949 750.000 palestinos sufrieron una limpieza étnica que permitió, en 1948, la creación del Estado de Israel.

Si bien el gobierno israelí dice que apoya la libre práctica de las religiones, en noviembre de 2010 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la sección dedicada a Israel y los Territorios Ocupados de su informe anual sobre la libertad religiosa en el mundo, afirma que existe una discriminación legal y estatal contra los no judíos y las ramas no ortodoxas del judaísmo, así como impedimentos y restricciones de acceso a los lugares santos para los fieles de religiones distintas a la judía, un hecho que el informe viene denunciando desde hace varios años.​

La Ley fundamental: Jerusalén capital de Israel fue aprobada por la Knéset el 30 de julio de 1980, proclamándola oficial y unilateralmente⁴⁸​ como «capital eterna e indivisible de Israel y el pueblo judío». Al mes siguiente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la Ley de Jerusalén, con la única abstención de Estados Unidos, mediante la Resolución 478, que afirma que esta ley constituye «una violación del derecho internacional» y era «un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio».

En Mayo de 2015 el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, criticó las últimas decisiones de Israel para expandir asentamientos en territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este y recordó que estos son ilegales bajo la legislación internacional.⁶¹​ En noviembre de 2015, la Unión Europea a través de la Comisión Europea aprobó unas directrices que ordenan que los productos agrícolas y cosméticos fabricados en los asentamientos israelíes de Cisjordania, Jerusalén Este y el Golán, territorios ocupados por Israel, marquen explícitamente en la etiqueta su procedencia cuando se venden en la Unión Europea. Según fuentes comunitarias, citadas por el diario El País, «el territorio ocupado no es parte del Estado soberano de Israel, de modo que los productos no pueden ser vendidos como Made in Israel».​ El 5 de octubre de 2016 el Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó enérgicamente la decisión de Israel de seguir adelante con un plan que profundizará significativamente los asentamientos en Cisjordania, precisando que «seguir con este nuevo asentamiento es otro paso para cimentar la realidad de un solo Estado de perpetua ocupación»

El 23 de diciembre de 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución condenando la política de Israel de establecer asentamientos en territorio palestino, reafirmando que la adquisición de territorio por la fuerza resulta inadmisible, y que en tal medida los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén Este, no tienen validez legal y constituyen una flagrante violación al derecho internacional y un gran obstáculo para alcanzar una solución de dos estados (Palestina e Israel), así como una paz justa, duradera y completa.​

La resolución, que fue aprobada con los votos a favor de 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, con la abstención de los Estados Unidos, reitera además la demanda de la ONU para que Israel cese inmediatamente todas sus actividades de construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados y subraya que no reconocerá ningún cambio a las líneas alcanzadas en 1967. Asimismo, llama a adoptar inmediatos pasos para prevenir cualquier acto de violencia contra la población civil, incluyendo los actos de terrorismo. ​

Pero a pesar de estas pomposas y contundentes declaraciones de la ONU y de la Unión Europea, por absoluta mayoría de votos, y a veces con la única abstención de Estados Unidos, Israel es un Estado terrorista que permanece impune y que ante el conflicto bélico con Hamás y la masacre que está causando en Gaza, todos los gobiernos de la Unión Europea, incluyendo al gobierno de España, apoyan a Israel obedeciendo las órdenes de EEUU, como buenos vasallos. La Unión Europea tiene una política absolutamente hipócrita cuando lamenta la situación de los palestinos, pero apoya siempre al Estado de Israel. Olvidan los acuerdos de paz alentados en los años 90 que conducían a un Estado Palestino, que ha sido inviable por la decidida oposición de Israel. Recordemos que el ex presidente del gobierno José Mª Aznar repetía como un mantra que “Israel es la única democracia existente en Oriente Próximo”, conociendo, porque es público y escandaloso, la vigilancia extrema sobre la población de la Franja de Gaza, el bloqueo de suministros, el amontonamiento de dos millones de personas en un estrecho territorio, similar al de la isla de El Hierro canaria, del que la ONU ha declarado que es “inhabitable”. En esta prisión a cielo abierto, como dice la ONU, se producen las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos sin acusación ni juicio ni sentencias, que no tienen fecha límite, y las muertes de niños, mujeres y ancianos, propiciadas en ejecuciones extrajudiciales. Un efectivo “apartheid” del que la comunidad internacional no quiere enterarse. Israel jamás ha mostrado interés en buscar una solución porque lo que pretende es acabar con la población palestina, en un auténtico genocidio. Durante 16 años ha encerrado a más de dos millones de personas en Gaza, que vive una situación lamentable sin que nadie ayude a esta población abandonada a su suerte.

Las víctimas israelíes de la ofensiva de Hamás son dignas de compasión y respeto, y exigen una venganza bíblica por parte de Israel. Las víctimas palestinas de los continuos bombardeos israelíes no tienen valor alguno. Con el permiso de la comunidad internacional y la aprobación de los países democráticos que constituyen la Unión Europea, y el patrocinio de EEUU, Israel está masacrando a la población civil de Gaza y destruyendo sus casas, sus hospitales, sus escuelas, sus carreteras.

Con la bula que le han otorgado los países occidentales para que utilice “su derecho a defenderse” Israel ejerce de nuevo la violencia más cruel e inhumana desde el pasado sábado 7 de octubre. Los ataques aéreos israelíes en la llamada Operación Tormenta de Al-Aqsa han arrebatado la vida a 2.400 palestinos. La ciudad de Gaza está prácticamente destruida. Ha cortado el suministro eléctrico y de agua a todos los habitantes. Ha cerrado todos los accesos a la Franja e impide que les lleguen alimentos y repuestos. Los hospitales no tienen electricidad, ni material sanitario, ni comida. La última exigencia, y amenaza, de hace dos días, del gobierno israelí es que 2.200.000 de habitantes de la Franja de Gaza se desplacen, en 24 horas, del norte al sur, porque va a comenzar la operación terrestre. Nuevamente, como entre 1947 y 1949 Israel procede a expulsar a los palestinos de su tierra. Y la Unión Europea, representada por la amable Úrsula Von der Layen, apoya incondicionalmente estas operaciones de exterminio del gobierno sionista. Algunas voces de dirigentes europeos se han alzado hablando de la protección de la población civil, en unas declaraciones ridículamente hipócritas, mientras reiteran su apoyo a Tel Aviv.   

El Estado de Israel infringe terror y ejerce de nuevo el terrorismo contra el maltratado y abandonado pueblo palestino. No podemos callarnos ante este crimen contra la humanidad del que se desentienden tanto la Unión Europea como el gobierno de España y Estados Unidos, que reiteran cada día su apoyo a Israel. Aseguran que la represión contra el pueblo palestino no tiene nada que ver con el terrorismo de Hamás, ya que son dos temas separados. Y repiten el mantra de que Israel tiene derecho a defenderse.

Y, ¿qué derecho tiene Palestina?