Antonio Gil
Esta semana pasada han tenido lugar dos jornadas de huelga en salud Responde, el servicio de atención telefónico a la ciudadanía (externalizado por medio de la empresa Servicios Sociosanitarios Generales Spain SL (SSG) del Servicio Andaluz de salud. Este servicio permite la gestión telefónica o por app de citas para atención primaria, especialista, consultas sanitarias o realizar libre elección de hospital para intervenciones quirúrgicas, tratándose por tanto de un servicio muy utilizado en el día a día de los usuarios del sistema sanitario andaluz.
Alrededor de 300 personas trabajadoras fueron convocadas para reclamar el ajuste de los salarios al nuevo convenio, que recoge subidas para los años 2022, 2023 y 2024. Aunque el convenio fue publicado en junio de este año, todavía no se han abonado ni los atrasos de 2022 ni las subidas de 2022 y 2023. Además de esto, también se denuncia que la empresa está abonando los salarios de las personas trabajadoras de baja por enfermedad mediante cheques bancarios, lo que los obliga a desplazarse al centro de trabajo, aunque al resto se le paga por transferencia, lo que podría constituir una discriminación.
Ante esta huelga, la Consejería de salud decretó un 75% de servicios mínimos, lo que ha desatado las quejas sindicales, porque la Junta considera el servicio esencial solo para lo que le interesa, despreocupándose de las mejoras en las condiciones laborales cuando se realizan las licitaciones públicas del servicio.
Esta protesta es una más de la larga lucha que desde el año 2015 protagoniza la plantilla del servicio, que reclama a la Junta de Andalucía que pase a formar parte del servicio Andaluz de salud, acabando con la subcontratación a empresas privadas. Más allá de promesas vagas, como cuando el consejero de salud Jesús Aguirre anunció en septiembre de 2019 que a la mayor brevedad posible pasarían a formar parte del SAS, o los nuevos servicios prometidos por la Junta para paliar la disminución de llamadas causada por la implantación del Sistema de Respuesta de Voz Interactiva, la Junta de Andalucía expresó tras el último Consejo de Gobierno, por boca de su portavoz Ramón Fernández-Pacheco, que en lo que «suceda de puertas para adentro siempre que no afecte al servicio y no sea objeto del contrato no puede la junta de Andalucía meterse».
Mañana, 3 de octubre hay previsto un último SERCLA, tras el cual, si no hay acuerdo, los sindicatos CGT, UGT y USO iniciarán un proceso judicial contra la empresa.
