Ayer martes, al mediodía, en la sala de reuniones del Ministerio de Justicia, Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Pública y Manuel Olmedo, secretario general de innovación del Ministerio, firmaron el acuerdo con el Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia.
El Comité acepta un incremento salarial de 430 a 450 euros mensuales en dos años de media, a pesar de que ha declarado a los medios que.” tiene un sabor agridulce, pero hemos intentado llegar a un buen acuerdo para este colectivo”.
Por lo que respecta a la consecución de lo acordado, habrá una Comisión Mixta compuesta por Justicia y los LAJ, que declararon ayer que “con este acuerdo, mañana queda desconvocada la huelga. Es hora de volver a trabajar y de contribuir desde nuestra posición de operador jurídico a la reactivación de los juzgados que han quedado seriamente dañados por la huelga”, dicen.
Las consecuencias, según el Comité de Huelga, son la suspensión de 400.000 juicios y vistas, 480.000 demandas pendientes de incoación y alrededor de 1.500 retenidos en exceso en las cuentas de consignación.
Los LAJ suscribientes han desconvocado la huelga y se han comprometido a retirar los dos recursos interpuestos frente al acuerdo sindical del 15 de diciembre de 2021 referida a la Instrucción 1/2023 del SG de la Administración de Justicia. En este sentido manifiesta el Comité de Huelga que “hemos cedido ambas partes. Es lo que sucede en una negociación de este tipo. El apoyo mayoritario de las bases ha hecho que aceptásemos esta propuesta, de lo contrario no lo hubiéramos firmado”.
En cuanto a temas pendientes, se han creado distintos grupos para abordarlos en un plazo de tres meses: la efectividad de la audiencia a las Asociaciones de Letradas y Letrados prevista en el artículo 444.2 d de la Ley Orgánica del Poder Judicial, implementar las vías de colaboración del Cuerpo de LAJ en las implantaciones derivadas de las leyes de eficiencia, y las reformas normativas para complementar las normas previstas en las referidas normas, la planificación de los objetivos indicadores, y el itinerario formativo que deberán seguir los LAJ para confirmar la implantación.
Dentro del tintero de asuntos pendientes queda el Registro Civil y al papel de los LAJ como gestores de estos organismos tras la última reforma legislativa.
