El Rey y los presupuestos militares

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Lidia Falcón, Presidenta del Partido Feminista de España.

Resulta inaceptable que ninguna de las fuerzas políticas de izquierda haya hecho comentario alguno respecto al discurso del rey el día de las Fuerzas Armadas. No lo espero del PP ni de VOX, que por su afición a la guerra, partidarios siempre del uso de armas, se regodean cuando se suman muertos en los conflictos entre la sociedad y las diferentes policías.

Pero esta no debería ser la postura de quienes se reclaman de izquierdas. Con esa actitud indiferente y cómplice con la política militarista y bélica del gobierno, están desprestigiando y adulterando la lucha de más de un siglo de aquellos hombres y mujeres que formaron las filas de anarquistas, socialistas y comunistas, que se dejaron la vida intentando que España saliera del atraso moral en que nos hundieron las monarquías que nos han dominado durante toda la historia.

En los discursos de este fin y principio de año se repiten, como no podía ser de otra manera, el tema tópico, sensiblero y falaz de apoyar la paz, la concordia y la unidad de los españoles, que ha sido el único comentado por la clase política y los medios de comunicación. Pero resulta enormemente sorprendente que la exhortación del monarca para aumentar nuestro presupuesto de Defensa haya pasado ¿inadvertido?  

Felipe VI ha asegurado que “la guerra de Ucrania ha hecho evidente la necesidad de invertir en Defensa”. “En un entorno geoestratégico como este”, ha alegado, “para que nuestros ejércitos y Armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de alta calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica y una operatividad flexible y adecuada”.

Tras recordar el “aumento significativo en el capítulo de inversiones destinado a la mejora y modernización de las capacidades militares” previsto en el presupuesto de Defensa para este año, que aumenta casi el 26% respecto a 2022, ha añadido: “El reto ahora es adquirir los medios y dotar a las unidades con lo necesario para lograr una Fuerza Conjunta aún más moderna, eficaz, viable y sostenible a medio y largo plazo”.

La información oficial asegura un aumento de casi el 26% del presupuesto de Defensa, que, según lo que anunció inicialmente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ascendía a los 12.317 millones de euros. Pero esta información es falsa y se presenta desagregada y repartida en diversos ministerios para engañar a la sociedad civil, que parece sentirse completamente ajena ya que por lo visto ignora que ese dinero saldrá de sus bolsillos.

Los números, ya publicados de manera segregada por ministerios y capítulos, revelan que el gasto vinculado al sector militar es muy superior. El resultado es que hay presupuestados 24.058 millones de euros en diferentes cuestiones relacionadas con la defensa. Es el doble de lo que se ha comunicado. Lo más significativo son 1.601 millones previstos como inversión en innovación tecnológica en el sector de la defensa, una partida incluida en el presupuesto del Ministerio de Industria. Esta inversión en I+D militar el año pasado fue de 708 millones, de forma que el incremento para 2023 es de un 126%.

El presupuesto oficial que se publica ignora, entre otras, las inversiones en la industria armamentística, este año un 126% más que en 2022. Lo más significativo son 1.601 millones previstos como inversión en innovación tecnológica en el sector de la defensa, una partida incluida en el presupuesto del ministerio de Industria. Esta inversión en I+D militar el año pasado fue de 708 millones, de forma que el incremento para 2023 es de un 126%.

La inyección para la empresa armamentística es especialmente beneficiosa si se tiene en cuenta que el aumento de la cifra oficial ya venía dado por los 4.900 millones de euros que se dedicarán a programas especiales de modernización. En 2021 esta partida fue de 2.341 millones y en 2022 de 2.848. Están previstos para el desarrollo de armas: 620 millones a la producción de aviones Eurofighter-2000, 526 millones al llamado Next Generation Weapons System –un sistema de defensa que se financia conjuntamente con Alemania y Francia–, 488 a las fragatas F-110 y 444 a helicópteros multipropósito.

Los 1.601 millones que están adscritos a programas de innovación del ministerio de Industria también están relacionados con la fabricación de algunos de los proyectos mencionados, y también con otros como los helicópteros Tigre MK III y los aviones no tripulados Euromale. Estas ayudas habían sido de 676 millones en 2021 y de 467 los tres años anteriores, siempre camufladas en las cuentas de otro departamento. Ahora aumenta notablemente la inversión y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que parece tan fiable, no ha hecho ninguna referencia a ello en los últimos días. De estas partidas salen beneficiadas empresas como Airbus, Indra, Navantia y Santa Bárbara, principales adjudicatarias del ministerio de Defensa e Industria en materia militar.

Hay otras partidas que en los documentos de los presupuestos están incluidas en Defensa, pero que la ministra de Hacienda se ha abstenido de mencionar cuando anunció el martes las principales cifras: son las que tienen que ver con organismos autónomos adscritos al ministerio y también al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El presupuesto de los servicios de inteligencia es de 337 millones de euros, que se añaden a los 1.289 que se distribuyen organismos como el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (la mutua de los militares), el Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipaciones de Defensa y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

El aumento es considerable si se suman los 3.672 millones de euros previstos para la Guardia Civil. Además, parte de los recursos públicos están destinados al régimen de clases pasivas de funcionarios militares y sus familias. Si bien los 4.015 millones que se dedican a esto computan en el presupuesto del ministerio de Seguridad Social, se puede considerar su relación con el mundo militar, así como las pensiones para combatientes de la Guerra Civil (81 millones). Finalmente, el ministerio de Exteriores contiene una partida de 236 millones sobre la participación de España en organismos internacionales de seguridad, como la OTAN.

Esta suma de 24.058 millones de euros no quiere decir que sea el dinero que al cabo del año se acaba ejecutando. La memoria que el Centre Delàs tiene elaborada sobre la liquidación del presupuesto en Defensa de años anteriores evidencia que acostumbra a ser incluso superior a la previsión inicial, gracias a las aportaciones que salen del Fondo de Contingencia. El ministerio de Hacienda ha facilitado un adelanto de la liquidación de 2022 y, en relación con el ministerio de Defensa, constan 2.847 millones de euros de modificaciones de crédito. Si se sigue con este patrón, el gasto militar final de 2023 puede acabar siendo todavía mayor. De hecho, el miembro del Centre Delàs Pere Ortega hace una media de las liquidaciones de años anteriores y un cálculo de los intereses de deuda computables a Defensa que aumenta la cifra hasta los 27.617 millones de euros.

Esta información sobre el gasto militar en España debería haber desencadenado la alarma tanto en la oposición de izquierda, parlamentaria y no parlamentaria, como en medios de comunicación honrados y preocupados por conocer la verdad que deben transmitir a sus lectores. Y la primera pregunta que estremece es saber cuántas comisiones se cobrarán de la compra y producción de armamento. No hacen falta muchas pruebas para comprender que los primeros beneficiados de esta operación multimillonaria son los fabricantes de armamento, y los segundos los comisionarios.

¿Y será uno de estos últimos Felipe VI, siguiendo el ejemplo de su padre, que tanto entusiasmo muestra asegurando que “para que nuestros Ejércitos y Armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios”? ¿Cuál de las instituciones del Estado vigila las actividades del monarca?  ¿O tenemos nuevamente otro rey inimputable, que para continuar la tradición de la Casa Real participa del tráfico de armas que tan lucrativo resulta, sin que ni el Fiscal general de Estado ni el Tribunal de Garantías puedan ni quieran intervenir?

¿Y está nuestra sociedad civil advertida de la ingente cantidad de dinero que se va a invertir en la industria de la muerte, mientras el presupuesto de Sanidad en España tiene la modestísima cifra de 2.705’8 millones de euros para todo el año?

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