«Si no cumplen, no les aceptaremos en la OTAN». Así de tajante se mostró el ministro de Exteriores turco, Mevut Cavusoglu, en declaraciones realizadas a medios nacionales recientemente. De esta forma volvía a poner sobre la mesa las exigencias planteadas por Erdogan durante la cumbre de la OTAN de Madrid, en la que ambos representantes turcos participaron en la firma del acuerdo con homólogos de Suecia y Finlandia, y que recogía el pacto de levantar el veto a la entrada de estos dos países del norte europeo en la Alianza Atlántica a cambio de su compromiso de «plena cooperación» con Turquía en cuanto al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Protección Popular (YPG).
La firma de los protocolos de incorporación a la OTAN de Suecia y Finlandia, ahora mismo a la espera de las ratificaciones de cada uno de los 30 Estados miembros, incluida Turquía, quedaría por tanto en el aire ante el recordatorio de las exigencias formuladas por Erdogan. El mandatario turco advierte que el proceso no está concluido a la espera de que los países nórdicos «cumplan su palabra».
Turquía decidió levantar su veto sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN tras una reunión celebrada a cuatro bandas (los tres Estados implicados más el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg) horas antes del inicio de la cumbre de Madrid.
España, a través de la recepción en su capital, añade así al incierto honor de ser el anfitrión de la cumbre que dictaminó el enfrentamiento de los países de la Alianza contra Rusia y China, impulsado con la entrada de los dos nuevos miembros (que supone el cambio en la seguridad europea más importante en décadas, pues estos países nórdicos abandonarían su posición neutral para alinearse con la alianza militar), otro dudoso mérito más que es el de contribuir a este escabroso pacto con la justicia turca.
Otro ministro turco, en este caso el de Justicia, Bekir Bozdag, manifestó que su país iba a solicitar la extradición de 33 refugiados, considerados terroristas en Turquía, y que se encuentran actualmente en Suecia y Finlandia, tras la firma del memorando de acuerdo de las partes para allanar el camino a la adhesión de Estocolmo y Helsinki a la Alianza.
Además, pedirá que otros once miembros del PKK y diez miembros de organizaciones vinculadas sean extraditados desde Suecia.
El PKK, considerado como “terrorista” en Turquía, la Unión Europea y los Estados Unidos, sostiene una lucha contra el estado turco desde 1984. Turquía ha realizado intervenciones militares en Siria o Irak en los últimos años, teniendo como objetivo al PKK y al YPG.
Los términos del memorando implican que Suecia debe apresurar el trabajo de las solicitudes de extradición de presuntos combatientes e incluso modificar las leyes suecas y finlandesas para endurecer sus normativas al respecto. El propio Stoltenberg explicó que a través de ese acuerdo Suecia y Finlandia levantarían sus limitaciones para la venta de armas a Turquía, determinaría «no imponer restricciones de embargo en el campo de la industria de defensa» a Turquía y acelerar las «medidas concretas sobre la extradición de criminales terroristas«.
