Sale a la luz pública un borrador interno del máximo órgano de justicia estadounidense, en el que se registra la voluntad y el acuerdo de la mayoría conservadora del mismo, para derogar el derecho a la libre interrupción del embarazo en EEUU.
El borrador, de 98 páginas y firmado por el juez Samuel Alito, propone anular las sentencias de la Corte Suprema que establecen el derecho al aborto como garantía constitucional para las mujeres norteamericanas. Abriendo la posibilidad de que cada Estado regule sobre el mismo.
El borrador precisamente está vinculado a la controversia generada por la ley del Estado de Mississippi que buscaba prohibir la interrupción voluntaria del embarazo a partir de la semana 15.
En diciembre, al discutir este texto, los jueces de la Corte Suprema ya dejaron entender que querían anular las sentencias que la prohibían.
En concreto la sentencia del caso Roe contra Wade, de 1973, en el que la Corte Suprema fijó que el acceso al aborto es un derecho constitucional de la mujer.
Y la sentencia de 1992, Planned Parenthood contra Casey, donde la corte garantizó el derecho de la mujer a abortar hasta que el feto sea viable fuera del vientre materno, lo que suele ocurrir entre las 22 y 24 semanas de gestación.
La decisión de los nueve miembros del tribunal, dominado por conservadores tras la nominación de tres jueces por el expresidente Donald Trump, se espera para junio.
El presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts, confirmó este martes la autenticidad de un borrador de opinión filtrado el día anterior por POLITICO, calificándola de “atroz abuso de confianza”, «una traición a las confidencias del Tribunal que pretende socavar la integridad de nuestras operaciones, y que no tendrá éxito” y señalando que, “aunque el documento descrito en los informes de ayer es auténtico, no representa una decisión del Tribunal ni la posición final de ningún miembro sobre las cuestiones del caso”.
Presenciamos, en definitiva, un nuevo episodio del cierre reaccionario de las políticas imperialistas, que acosadas por sus propias contradicciones, ven esta vía como la única opción de perpetuarse.
Resulta bastante evidente que la campaña sistemática de ataque al movimiento feminista es el requisito previo para después poder implementar estas medidas y cuestionar derechos conquistados.
