Confluencia Movimiento Feminista.
Hay un país europeo que, sin ser el primero en tener una ley de autodeterminación de sexo (la suya es de 2015), es considerado como «referente mundial» por esa ley, mediante la cual una persona se puede inscribir como hombre o mujer, fluido, ninguno y no binario, independientemente de su sexo. El sexo, dicho sea de paso, aparece pocas veces en el texto de la norma, solo para referirlo como «asignado», ya sea al nacer o en cualquier momento de la vida. La copia de la partida de nacimiento modificada se expedirá sin hacer constar que ha sufrido alteración alguna y contempla multas a quienes delaten los cambios. Los progenitores pueden no hacer constar en ella el sexo de sus criaturas hasta que «se determine su identidad de género», es decir, hasta que descubran si tienen gustos y comportamientos «de niña o de niño». En cualquier caso, el sexo se les debe «asignar» antes de que cumplan los dieciocho años.
La referida ley fue promovida por la mujer que más altos cargos y reelecciones ha tenido desde 1996 en su país relacionados con igualdad, incluido el de ministra de Asuntos Europeos e Igualdad. Más tarde, en 2019, fue nombrada comisaria Europea de Igualdad. Aunque la palabra igualdad figura en la mayor parte de sus cargos, su dedicación plena es a la diversidad, la transversalidad y la igualdad LGBTIQ, por lo que ha obtenido varios reconocimientos internacionales como el Premio Europeo a la Diversidad. Irene Montero se ha reunido varias veces con ella, siendo ya comisaria Europea de Igualdad, para unificar criterios de inclusión y diversidad. Según consta en la propia web del ministerio de Igualdad, «la comisaria ha felicitado a España por sumarse a la Estrategia LGTBI con el impulso de las leyes LGTBI y Trans y ha afirmado que resulta muy motivador encontrar gobiernos orgullosos de estar desarrollando la Estrategia». Por su parte, Irene Montero le ha manifestado su deseo de convertir también a España en un referente.
El nombre de esa mujer es Helena Dalli. Su país, con esa pionera ley trans impulsada por ella, es Malta, en donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, pese a las reiteradas exigencias de legalización del Consejo de Europa. Malta tiene el parlamento con menor representación femenina de la UE, el 13%, y el primer puesto en feminicidios en el entorno de pareja, con una tasa de 0,92 en 2016, esto es casi 5 veces más que en España en el mismo período.
Malta tiene una ley de violencia de género y doméstica que da cabida como víctimas a hombres y niños, incluso GBTIQ, algo que ha sido criticado en el último informe de GREVIO, ya que no contempla la desproporcionada y específica violencia que sufren las mujeres por ser mujeres, como especifica el Convenio de Estambul.
Los datos estadísticos europeos de violencia contra las mujeres se recogen en EIGE (European Institute of Gender Equality), contando principalmente con fuentes oficiales. Como EIGE declara en su web, no hay un criterio unánime entre países para el recuento de crímenes machistas.
«Necesitamos un entendimiento común de lo que cuenta como feminicidio. En 2016, 16 Estados miembros de la UE informaron de un total de 788 mujeres asesinadas por una pareja o un miembro de la familia. De media, las parejas íntimas o los miembros de la familia mataron intencionadamente a más de una mujer cada día en esos Estados miembros. En los 12 Estados miembros de la UE restantes no hay datos comparables o disponibles desagregados por sexo y la relación entre la víctima y el victimario sobre las mujeres víctimas de homicidio doloso, por lo que no se puede conocer con certeza la magnitud del fenómeno».
Los hay que no reconocen el feminicidio como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo. Es el caso de Malta. Los que cuentan solo los feminicidios en pareja o expareja, como España y Malta, y los que incluyen como víctimas a varones autodeterminados mujeres y como victimarios a mujeres autodeterminadas hombres.
La conclusión es que, cuanto más se obcecan estados, gobiernos y organismos internacionales en promulgar directivas y leyes de autodeterminación del sexo, más se conculcan los derechos de las mujeres, ya que invisibilizan la realidad demostrada de que no nos discriminan, agreden y asesinan por sentirnos mujeres, sino por serlo. Además, permiten que cualquier varón que, oportunamente, se determine mujer, usurpe o invada nuestros espacios de igualdad y protección, físicos y simbólicos: en el deporte, en las cuotas paritarias, en los refugios de mujeres o en las prisiones.
Cada vez se hace más difícil localizar, analizar y comparar los datos de violencia machista entre países, por períodos o por cualquier otro criterio. En el Reino Unido, por ejemplo, los datos oficiales se publican por género y han tenido que ser organizaciones como nia y Refuge las que, mediante un trabajo ímprobo de seguimiento a través de la prensa y la policía, publican los datos que obtienen -por sexo- relativos a feminicidios. Como hace Feminicidio.net en España.
Ha llegado el momento de no poder saber si las múltiples brechas por sexo, las mil formas de violencia contra las mujeres y los feminicidios, crecen, se estancan o decrecen. Sin poder desagregar los datos, intencionadamente mezclados, es imposible establecer -ni reclamar con criterio científico- medidas preventivas ni correctoras. A las mujeres nos han abandonado, traspapeladas en cajones de estereotipos sexistas, como el feminismo ha ido alertando públicamente desde hace tiempo.
Esta es la senda por la que nos lleva Irene Montero (PODEMOS), obviamente con pleno apoyo del gobierno de coalición y de su presidente Pedro Sánchez (PSOE), a nuestra eliminación como ciudadanas, en ese afán suyo por convertir a España en «referente», como lo es Malta. Las feministas y toda persona progresista debemos impedirlo.
