No cesa el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de comunicar el ya tristemente habitual goteo de muertes en Colombia. El pasado viernes denunció el nuevo crimen de un líder social, Erley Osorio Arias, miembro de la Federación Agrominera del departamento de Bolívar e hijo del actual líder de la federación y presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Mina Gallo, municipio de Morales.
Osorio Arias había sido declarado desaparecido desde el pasado 26 de septiembre, fecha en la que se comunicó que grupos armados podrían haberle retenido y que se encontraba secuestrado. La denuncia activó un plan de búsqueda formado por más de 400 personas, pero no se logró que fuese devuelto con vida y su cadáver fue hallado en la mañana del día 30.
Los responsables locales atribuyen al Gobierno una actitud negligente, pues las comisiones de búsqueda habían advertido al gobierno del Municipio la desaparición de Erley a manos de un movimiento armado, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. A pesar de la evidente emergencia, la comisión no obtuvo respuesta. En ese momento se decidió iniciar un plan de búsqueda conformado por esas 400 personas y con la intención de presentarse en la zona en la que es sabido que se levanta un campamento del mencionado grupo paramilitar. Antes de que pudiesen llegar al lugar, fue descubierto el cuerpo sin vida.
Las cifras de asesinados en Colombia parecen ser un tétrico contador que no se detiene.
Los números alcanzan niveles de genocidio, pues en lo que va del presente año se han asesinado 128 líderes sociales. A ellos hay que añadir que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se arrebató la vida de 1.243 líderes, así como la ejecución de 73 masacres (asesinato de 3 o más personas en el mismo suceso y en estado de indefensión).
Precisamente esta semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó el nuevo informe sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia, coincidiendo con el quinto aniversario de la firma final. Pese a que valora la importancia de algunos aspectos como el -aparente- cese en el uso de las armas y la voluntad de participación en los organismos democráticos existentes, Guterres señaló la violencia que se ensaña contra excombatientes, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, que además se concentran en 25 municipios ubicados en zonas priorizadas de implementación.
Solo en el último trimestre, de junio a septiembre, el informe de la ONU anuncia 14 excombatientes asesinados, 43 defensores de derechos humanos ejecutados y 11 masacres que sumaron 38 víctimas, en las regiones de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
