Jorge Flores Fernández-Viagas
El pasado mes de julio el Gobierno salvaba “in extremis” (por un solo voto) en el Congreso de los Diputados el Real-Decreto Ley para interinos, que prevé reducir la temporalidad en la administración pública hasta el 8%. La normativa, promovida por la Unión Europea y por Miquel Iceta (exministro de Política Territorial y Función Pública), generó crispación y tensión entre los miembros del Congreso, incluidos algunos grupos políticos que habitualmente apoyan al Ejecutivo. Esta situación de preocupación, presión y tirantez que se vivió en el Parlamento contrasta con la calma e indiferencia con la que el resto del país la ha vivido, lo cual creo que obedece a la falta de información y de atención que se ha prestado a esta situación.
La gravedad del asunto reside en el hecho de que un porcentaje de interinos que hoy está trabajando estará en riesgo evidente de expulsión de la administración pública si no obtiene plaza fija en unas oposiciones de aquí a 2024, un caso que tiene muy escasos precedentes desde la llegada de la democracia a España. Tan evidente es la situación que, de hecho, ya se ha hablado de indemnizarles con 20 días por año trabajado (lo cual, evidentemente, es una cantidad muy exigua). Por tanto, aunque el Gobierno presenta esto como una regularización de los empleados públicos, no es más que la puesta en práctica de un expediente de expulsión de trabajadores en la administración, con todas las consecuencias negativas que eso conlleva. A pesar de que el Gobierno y la Unión Europea insisten en que el Real-Decreto llevará a la estabilidad de los interinos, no aceptan ver que a lo que llevará será a la estabilidad de las plazas, pero no de los profesionales en sí, y esto es un error gravísimo, porque, evidentemente, el sujeto de derecho debe ser la persona y no la plaza (que no sufre ni tiene una familia a la que alimentar). Es la persona la que siente las consecuencias de la inestabilidad y el desempleo y, si esta norma sigue adelante, no cabe duda de que un número significativo de trabajadores se verá abocado al despido y, por ende, a no poder pagar su hipoteca o alquiler, la luz, el agua, la comida, el sostenimiento de sus hijos y un largo etcétera.
Es incomprensible, además, que esta medida llegue desde un Gobierno de coalición que se considera representante de los trabajadores. Por el Ejecutivo español han pasado otras fuerzas políticas que, sin reclamarse defensores de los trabajadores, han dado un trato mejor a los interinos. Por eso termino haciendo un llamamiento a los militantes de base de las distintas organizaciones políticas y sindicales del país a promover el debate sobre este asunto en el seno de sus organizaciones y a reivindicar la defensa de la seguridad en el puesto de trabajo de los citados interinos.
¿Por qué no aprobar la oposición correspondiente? Es el modo de acceso a la función pública. Tienen puntos para superar en el concurso a otros con mejor nota. En Educación hay miles de interinos que nunca han sacado ni un 5 en la materia que imparten y en la que evalúan a centenares de alumnas y alumnos. Incluso con un 1 no superado en múltiples convocatorias. Desde luego, irresponsabilidad de la administración no haber renovado y ampliado las vacantes por oposición, por recortar plantillas, y de los sindicatos llenos de este tipo de personal.
Es increíble, que supuestamente desde argumentos de «izquierdas» defendáis que no se respeten los principios de acceso a la función pública. Por qué quién no ha aprobado una oposición o, en muchos casos, ni tan siquiera se han presentado, tienen que acceder a la Administración Pública, por motivos diversos (que en el caso de los miles y miles de caso en la Administración Local, lo es por afinidad política con el equipo de gobierno). Por qué son unos perjudicados los que llevan trabajando «X años» y no, los que están en contratos aún mas precarios de relevo, de bajas médicas,… y aquellos que están en el paro, que son los verdaderos perjudicados y perjudicadas, ya que el que algunas administraciones no hayan podido o no hayan querido sacar OPE, ha supuesto que llevan años siendo vulnerado su derecho de acceso a la Función Pública. Con ese discurso sobre la estabilización de personal interino e indefinido NO fijo, lo único que sea hace es prostituir a la AAPP y llenar la administración de gente que entre con el carnet del partido político en la boca y perder la independencia de las empleadas y empleados públicos. Toda una lástima que eso de defienda desde sectores «supuestamente de izquierdas»
Buenas tardes:
En el artículo no se dice que no se deba aprobar la oposición correspondiente para obtener plaza (no sé cómo ha llegado usted a esa conclusión). El rechazo al «Icetazo» viene motivado por el hecho de que aquellas personas que no obtengan la plaza estarán en peligro evidente de expulsión y probablemente no podrán seguir trabajando como interinos. Ese es el objeto de la crítica.
Por otro lado, hay un número muy importante de interinos que sí han aprobado varias convocatorias y ahora su puesto de trabajo está seriamente amenazado. Incluso hay casos de interinos que han aprobado con notas altas y se han quedado sin plaza. El proceso es muy complejo y no tan simple (bajo mi punto de vista) como se ha presentado en alguno de los comentarios.
Por último, querer ver en esta crítica a la medida de Iceta algo vinculado a que «la gente entre con el carnet del partido en la boca» es, sencillamente, faltar a la verdad. Me parece un comentario muy desafortunado.