El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba esta semana que se sumará a las represalias que sus aliados de la Unión Europea han ejecutado contra Bielorrusia. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, comunicó este lunes que se mantendrán «congelados» unos 3000 millones de euros en inversiones hasta que el país «sea democrático» y que se ampliarán las sanciones a nuevos personajes y entidades bielorrusos (que ya incluyen a más de un centenar), incluido el propio Alexandr Lukashenko. También la UE ha promovido el boicot del sector aeronáutico del país, que multinacionales del transporte aéreo ya están siguiendo.
Las nuevas sanciones, que amplían las ya propuestas anteriormente, se justifican en la detención del activista y agitador Román Protasevich durante un viaje en avión. El vuelo fue interrumpido por un aviso de bomba y al ser identificado Protasevich por las autoridades durante la parada de verificación del aviso en Minsk, fue detenido antes de proseguir el vuelo su marcha, puesto que era buscado por el gobierno bielorruso debido a su vinculación con el terrorismo y la organización de disturbios masivos.
Estas represalias continúan la tendencia impuesta por el anterior gobierno de Trump, quien ya impuso sanciones contra más de medio centenar de personas y una docena de entidades bielorrusas, como castigo por la supuesta represión contra las protestas opositoras y como forma de manifestar su contrariedad al no producirse el cambio que esperaban en las elecciones de 2020. El Gobierno de España no tardó en adherirse a esa petición de sanciones con rápidas declaraciones del presidente Sánchez, e indirectamente a través del responsable de Exteriores en la UE, Josep Borrell.
Las circunstancias de la detención son peculiares. El joven agitador volaba desde Atenas con la intención de aterrizar en el aeropuerto de la capital de Lituania, país que le había ofrecido asilo político. No valoró la posibilidad de ser detenido, ni siquiera cuando comenzó a dudar de la presencia de personas sospechosas en el aeropuerto griego. Protasevich observó a una persona que parecía seguirle y bromeó con ello en las redes sociales, diciendo que un hombre de mediana edad con aspecto ruso trató de tomar una foto de su pasaporte. No obstante, pese a hacer pública su presencia en ese vuelo y pese a viajar junto a su novia, una joven de nacionalidad rusa, continuó su viaje. Ya durante el vuelo, la tripulación del avión, propiedad de la empresa Ryanair, recibió un mensaje advirtiendo de una llamada que alertaba de un atentado mediante artefacto explosivo y el piloto de la compañía decidió aterrizar en Minsk. Siguiendo las prácticas establecidas internacionalmente, el avión fue escoltado hasta la capital, donde los servicios especiales procedieron a identificar a todos los pasajeros, entre los que encontraron al joven buscado por terrorismo en ese país.
El escándalo manifestado por los responsables occidentales acerca del procedimiento es aún más peculiar. La UE no tardó en calificar de intolerable la maniobra realizada para la detención pese a encontrarse dentro de la legalidad internacional. Las transcripciones de las conversaciones entre el piloto y el control de Minsk indican que fue el propio piloto quien tomó la decisión de aterrizar y que no supieron si el mensaje que advertía del explosivo provenía del aeropuerto de salida o de llegada.
Por otra parte, existen precedentes en estas situaciones que en su momento no obtuvieron una respuesta de la UE similar en contundencia y prontitud. En 2013, el presidente boliviano Evo Morales volaba desde Moscú y su avión fue interceptado y obligado a aterrizar en Austria, donde se registró en un vano intento de encontrar a Edward Snowden. Es el caso más llamativo de las interrupciones de vuelos producidos en la zona a solicitud de Estados Unidos o países afines como Ucrania. Estas acciones no provocaron en su momento una reacción semejante. Tampoco todas las autoridades coinciden en valorar negativamente la detención de Protasevich. El diputado ruso Vyacheslav Lysakov ha declarado en su canal de Telegram que no observa ilegalidad en la maniobra y calificó el arresto como «una operación brillante» realizada por los servicios especiales de Bielorrusia y «una actuación sin miedo contra los que incitan a la gente a dirigir enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en aras de sus propios intereses políticos y financieros».
Roman se encontraba en situación de búsqueda desde que en noviembre del año pasado se abriera en Bielorrusia una causa penal contra él por organizar disturbios masivos. En 2015, Protasevich junto con otros personajes buscados por autoridades rusas fundaron un canal de YouTube que posteriormente pasó a Telegram y se ramificó a otros canales para tratar de eludir la justicia. Estos canales cubrieron las protestas en Bielorrusia que comenzaron en agosto de 2020 después de que la candidata patrocinada por la UE, Svetlana Tijanóvskaya, perdiera de manera contundente las elecciones presidenciales. Los editores de estos canales exhortaron a sus suscriptores a que salieran a las calles para realizar acciones violentas y bajo la excusa de compartir información sobre la violencia policial fueron difundidas informaciones privadas de las autoridades policiales bielorrusas.
El joven disidente se vio obligado a buscar asilo político en Polonia, donde vivía. Estudió en la Facultad de Periodismo de la Universidad Estatal de Bielorrusia, pero fue expulsado. Biletsky, antiguo comandante de Azov, comentó en su cuenta de Telegram que Roman Protasevich, había luchado junto a Azov -regimiento de voluntarios de ideología fascista financiado por Ucrania- y otras unidades militares contra la ocupación de Ucrania, aunque especifica que lo hizo «con la palabra» y no con armas. Contrariamente, medios locales aseguran que su participación fue más allá de la colaboración de un estudiante de periodismo con la mencionada organización nazi.
La indignación de los responsables de la UE o de Estados Unidos, ni de Pedro Sánchez o Borrell, no se detiene a valorar, en cambio, si la detención del agitador servirá para evitar muertes e impedir un baño de sangre similar al de Donbass. Medios occidentales se están encargando de crear angustia con la posibilidad de que el detenido se enfrente a una pena de muerte. En cambio medios como el diario Pravda explican que el joven puede enfrentar hasta 15 años de prisión en Bielorrusia, según el artículo 293 del Código Penal de este país (organización de disturbios masivos).
