Hace poco más de dos semanas, conocimos la noticia de la detención de Juana Ruiz Sánchez, ciudadana española residente en Palestina desde hace más de 3 décadas, y coordinadora de proyectos de una ONG sanitaria, Health Work Committees (HWC), que ha podido sugrafar diversos proyectos de salud en Palestina con la aportación de fondos de la cooperación española y europea.
Durante todo este tiempo ni Juana ni su abogado conocían las causas por las que fue detenida. Tras varias vistas con el juez, finalmente este pasado jueves ha sido formalmente acusada de cinco cargos, entre ellos el de pertenencia a una organización ilegal y financiación de una trama terrorista. Y es que Israel ha acusado a HWC, donde Ruiz Sánchez trabaja, de desviar fondos europeos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.
Tras conocer los cargos, se ha desatado en todo el territorio español una oleada de solidaridad con Juana, por parte de personas a título individual y, muy especialmente, por parte de organizaciones en España que conocen bien el trabajo de HWC y que son conscientes que lo que pretende Israel, en realidad, es acabar de una vez por todas con el trabajo de cooperación y solidaridad para con Palestina.
Porque, según afirma el comunicado firmado por más de 80 organizaciones, “la cooperación española es extremadamente garantista e impide que se puedan incumplir las partidas presupuestarias previstas o dejar de realizar las actividades comprometidas”, y en el mismo comunicado dicen negar tajantemente que el dinero de la cooperación española se emplee en otra cosa que no sea en realizar proyectos sanitarios y humanitarios en Palestina.
Las acusaciones contra Juana y contra HWC son evidentemente falsas, y sólo buscan que Palestina quede abandonada por la solidaridad y la cooperación internacionales. El gobierno español, y concretamente la ministra de exteriores Arancha González, así como Josep Borrell (Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) deben actuar con urgencia, pues la acusación israelí contra Juana es un radical cuestionamiento a la cooperación española y europea con Palestina.
