Según nos han informado por medio de su portavoz Tito Álvarez, la asociación Élite Taxi Barcelona, mayoritaria en la ciudad condal, se ha personado en el recurso ordinario 147/18 contra Cabify en calidad de «parte codemandada» junto con el Col·lectiu Ronda, equipo jurídico que consiguió junto con Taxi Project, que Cabify entre otras empresas de vehículos VTC, fuera propuesta para sanción por parte de la Inspección de Trabajo.
En este caso los taxistas se han posicionado en defensa tanto de la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis, ratificada por el Tribunal Supremo en el año 2018 por medio de un recurso estimado a los taxistas, como de la licencia urbana de Ada Colau en Barcelona, que pronto será de aplicación obligatoria en todo el estado español por medio del llamado «Decreto Ábalos» al haber sido sido recurridas por Cabify ante el Tribunal de Justicia de Catalunya, el cual a su vez ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este se pronuncie sobre estos dos preceptos legales.
«Como informamos hace algunas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que piden que se posicione sobre dos aspectos claves, las leyes y reglamentos nacionales que «sin motivo plausible alguno limitan las autorizaciones VTC a una por cada 30 licencias de taxi» tienen encaje con la legislación comunitaria y también pide a los jueces de Luxemburgo posicionarse sobre si la obligatoriedad de esa licencia urbana (en la pregunta también emplean la coletilla «sin motivo plausible») colisiona con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el principio de libre establecimiento que recoge se recoge en el artículo 49 así como otras incompatibilidades con lo recogido en el artículo 117″.
Es importante destacar que de los cuatro magistrados del tribunal catalán, hay una jueza que ha emitido un voto particular en el que expresa su disconformidad con la formulación inicial de las cuestiones e incluye aspectos como «las razones de salud pública, de protección del consumidor» u «objetivos de cohesión social, ya que facilitan un medio de transporte de interés público, garantizándolo con intervención administrativa y de tasación de precios».
Desde la asociación de taxistas hacen un llamamiento a las compañeras y compañeros del sector en el AMB para que unan a la asociación catalana ya que según indican “la lucha no está solo en las calles y es imprescindible que podamos estar en todas las causas posibles y más de esta envergadura donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará una resolución vinculante que nos afectará de lleno”.
Este tipo de procedimientos judiciales a nivel europeo no son nuevos para Élite Taxi ya que, en el año 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les dió la razón en un contencioso contra Uber cuando los taxistas catalanes denunciaron que la empresa americana debía ser considerada como una empresa de transportes, con sus respectivas obligaciones y consecuencias, tal y como llevan años operando y no como de servicios de la sociedad de la información, como alegaban desde la defensa Uber, representada entre otros por Cani Fernández, actual presidenta de la CNMC, lo cual también ha dado pie a otra denuncia de Taxi Project, plataforma de acciones jurídicas por parte de los taxistas por delitos de estafa documental y fraude fiscal y que ha día de hoy, se está investigando por parte de fiscalía de delitos económicos.
