El goteo de atentados contra la vida de líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en Colombia parece no tener fin y se suma ahora el asesinato a tiros de Sandra Liliana Peña, autoridad indígena y gobernadora del resguardo de la Laguna, en el departamento colombiano de El Cauca. El Gobierno ha confirmado el fallecimiento de la lideresa indígena en este martes, que según medios locales se produjo en las primeras horas de la mañana colombiana, cuando Peña fue tiroteada por sicarios en plena calle, tras obligarla a salir de su domicilio.
Según los datos del Instituto Indepaz, asciende con este crimen a 52 el número de activistas sociales asesinados sólo en este año 2021. Desde la firma del Acuerdo de Paz, en el 2016, los fallecidos en atentados similares superan los 1.100, asegura esta ONG. La gobernadora se preparaba para viajar hacia la ciudad de Popayán (cabecera departamental), donde este martes está prevista la celebración de una sesión de la Comisión Mixta con el Gobierno Nacional.
De semejante manera, mediante el ataque por sorpresa de hombres armados, fueron asesinados un par de días antes el excombatiente y firmante del acuerdo Yeison Ayala Ruiz, en el departamento del Meta, y el líder comunal Justiniano Torres, en Bucaramanga.
Numerosas muestras de rechazo a estos asesinatos se mostraron inmediatamente en redes sociales, en los que personalidades como el indígena awá y senador, Feliciano Valencia, atribuía a la inacción del Gobierno del presidente Iván Duque frente a la violencia armada la profusión de esos crímenes. «Con profunda tristeza e impotencia, vemos como en el Cauca asesinan a nuestra gente, a nuestros líderes y como los actores de la guerra nos someten sin piedad. Rechazo el vil asesinato de la autoridad indígena, Sandra Liliana Peña -se lamentaba Valencia en su cuenta de Twittwer-. ¿Cuántos líderes más caerán con este Gobierno?».
El dirigente político progresista Gustavo Petro se pronunciaba en la misma red social de manera contundente al respecto: «Se puede considerar al gobierno de Duque y a quienes él representa como un gran manto de muerte sobre Colombia». En términos semejantes condenaba el suceso la Defensora de Derechos Humanos y la Paz en Colombia, Diana Sánchez Lara: «Una lideresa más silenciada ante un gobierno inepto y cómplice del crimen organizado, funcional a los intereses de las élites económicas».
Asimismo, numerosos organismos de apoyo a los movimientos sociales del país y defensores de la paz exigen en comunicados oficiales garantías para la vida y la defensa de los territorios y sus legítimos pobladores naturales, y atribuyen al gobierno de Duque la responsabilidad por su pasividad e incapacidad para proteger la vida de los líderes indígenas y activistas sociales, y de la investigación de los autores de estas atroces matanzas.
