La economía española ha sufrido una dura contracción debido a la pandemia, siguiendo el declive de economías del resto del mundo. La actividad productiva y comercial se ha contraído en este pasado 2020 un 11%, debido a las lógicas consecuencias que provocaron las restricciones de movilidad y la casi paralización de la actividad económica durante los meses de confinamiento. El descenso es el más bajo desde la Guerra Civil.
Sin embargo, los responsables económicos del Gobierno ven motivos para ser optimistas. Este viernes la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, valoraba positivamente el decrecimiento que los datos reflejan en el último tercio del año pasado, lo que considera «una buena base» y el indicio de una recuperación para el presente año; el día anterior, la Vicepresidenta comentaba en una reunión virtual de la sociedad Nueva Economía Fórum (organización que se autodefine independiente y apolítica y que cuenta entre sus miembros de confianza con empresas como OHL, ACS o Bankia), que la oferta para la compra de Naturgy por parte de un grupo inversor australiano es una buena noticia porque muestra que «España es un país con una buena perspectiva de crecimiento a medio plazo y con compañías interesantes», sin tener en cuenta el deterioro que están sufriendo los españoles en los servicios esenciales (cortes de luz, subidas abusivas de precio) en plena pandemia y debido precisamente a la privatización de estos sectores estratégicos.
Por tanto, no es inoportuno plantear cierto escepticismo en ese planteamiento optimista. Las señales de recuperación ¿a quiénes benefician? ¿Benefician a quienes realmente levantan el PIB español, que son los trabajadores y las familias? Veámoslo en detalle:
Los datos del paro. El Producto Interior Bruto -PIB- (indicador económico que refleja la riqueza generada por un país en un año y que incluye toda la producción realizada en ese periodo de tiempo, así como los bienes y servicios) es parte de la Contabilidad Nacional y su complejo cálculo tiene en cuenta la demanda agregada, esto es, la relación positiva o negativa -suma y resta- entre conceptos como el consumo, la inversión, el gasto público y la proporción entre exportaciones e importaciones.
Si observamos los componentes del PIB español en las tablas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, podemos constatar el efecto que la pandemia ha tenido en el consumo. Obviamente, el confinamiento y el cese de la gran mayoría de la actividad comercial es el causante directo. El consumo subió ligeramente en el último trimestre, -8,4%, aunque se ha mantenido todo el año en cifras que durante la etapa más dura alcanzaron el -25%.
Lógicamente la situación no es halagüeña para animar al consumo de las familias. Los datos del paro ofrecidos también por el INE en la Encuesta de Población Activa -EPA- muestran que el año terminó con 622.600 puestos de trabajo destruidos y 527.900 desocupados más, de modo que la cifra de parados alcanza 3,71 millones de personas. Estas cantidades, además, no tienen en cuenta las personas que cuyos puestos están en vilo y dependiendo de los ERTES y las ayudas a autónomos (el INE sigue para ello las normas estadísticas internacionales que sugieren organismos como la OIT), cuya suma añadiría otros 700.000 trabajadores más realmente inactivos.
La debilidad del mercado laboral en España (hay un millón doscientos mil hogares en España con todos sus miembros en paro) muestra que, pese a las ayudas sociales denominadas como Escudo Social (y que son compartidas y elogiadas por el FMI o la Patronal española), nuestro modelo productivo sigue siendo enormemente dependiente de sectores de temporalidad como el turístico, el hostelero y el agrícola, funciones para las que España fue destinada dentro de los acuerdos económicos con la Unión Europea y que nos relegaba al papel de colonia turística con el escaso tejido industrial que poseía desmantelado.
El consumo de las familias. Aunque mantenido en cifras muy negativas en las partes más duras de este año, ha sido precisamente el consumo uno de los factores en alza en el último trimestre, cuyo ligero alivio era el valedor de las opiniones optimistas de Calviño. El consumo de las familias creció un 2,5% y el de las administraciones subió un 4%.
No obstante, otro indicador también facilitado por el INE, el índice de precios al consumo -IPC- muestra que los precios subieron en los meses de noviembre y diciembre. El repunte se debe al aumento de los precios de la electricidad y, en menor medida, de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que se han encarecido más de lo que lo hicieron en enero de 2020, según los propios datos del INE. Uniendo las conclusiones de la EPA y del IPC, por tanto, obtenemos como una de las posibles conclusiones que los trabajadores españoles han afrontado la pandemia con ligeras subidas de los salarios más bajos y ayudas sociales como los ERTES pero con aumento de precios en materias fineludibles para cualquier familia como los servicios energéticos -en pleno temporal de frío- y de los alimentos.
La inversión y el gasto público. La otra pata que sostiene el PIB es la inversión y el gasto público, que al ser un movimiento económico que genera inversión se añade de manera positiva a la suma de la que se obtiene el resultado definitivo. Este gasto público se ha mantenido en valores positivos en los primeros trimestres (+3,8%) y en el último trimestre ha impulsado la economía de manera muy significativa en España al alcanzar un +7% del PIB.
La inversión hay que explicarla en el entorno de una pandemia que ha evidenciado la superioridad de las economías con cierta planificación y en especial de los Estados que poseían cierta capacidad de atención sanitaria pública (caso de España la que no ha sido desgastada y recortada en las décadas de socavamiento del Estado de Bienestar en favor de los intereses privados hacia los que volaban capitales públicos en un permanente expolio).
Los Estados, gestionados en su mayoría por gobiernos favorables a la tendencia neoliberal, han tenido que admitir la necesidad de aplicar las viejas fórmulas keynesianas, que aparecen cuando el capitalismo necesita ser revivido, de abrir la mano al endeudamiento público, la permisividad en la inversión en obras públicas y los planes de empleo.
Esto se evidencia principalmente en la cuestión de la vacuna. Una gran parte de la inversión en sanidad -como ocurre en España cuyas partidas sanitarias en los recientemente aprobados Presupuestos ascendía de forma muy significativa- viene de las ayudas de los fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (también conocido con el nombre de Next Generation EU) con cuyos capitales se están costeando las necesarias mejoras en los hospitales y centros asistenciales, pero sobre todo se está dedicando con cifras millonarias al pago de las vacunas.
Las vergonzosas maneras en que se supo en estos días eran presentados los contratos de la UE con farmacéuticas que han obtenido suculentas subidas en bolsa gracias a la pandemia, caso de AstraZeneka y sus tachones en negro que no evitaron chapuceramente ser desvelados por usuarios comunes de archivos PDF, dejan en ridículo tanto a las propias farmacéuticas como a los Gobiernos que han depositado en ellas no sólo cantidades ingentes de dinero -que la UE a través de la fiscalización de sus miembros más poderosos gestionará el modo de devolver, aún en el aire- sino la vida de sus ciudadanos. Tanto es así que incluso Angela Merkel sugirió esta semana la posibilidad de acuerdos con farmacéuticas rusas para la colaboración en la distribución de su vacuna, en un claro aviso a las especulaciones de las compañías médicas occidentales, que esperemos no quede en aviso y resulte la luz en el fondo del túnel de que nuestros liberales gobernantes están cayendo en la cuenta de que la economía hay que rescatarla pero para ello debe quedar alguien vivo que la sustente.
Conclusiones. Es perfectamente comprensible la enorme dificultad de gestionar una situación sobrevenida como una pandemia que ha causado cientos de miles de muertes y ha paralizado la actividad económica. Sin embargo, es también perfectamente evidente que nuestros gestores van a variar poco o nada la lógica capitalista de continuidad en el beneficio empresarial a todo coste, incluso en el de vidas humanas, ni el modelo productivo, ni en el papel secundario de España dentro de la UE, ni en la necesidad de invertir en servicios públicos a cargo de quienes más tienen y no a cargo de los de siempre, los trabajadores.
La mencionada venta de Naturgy (empresa energética cuyas acciones son mayoritariamente propiedad de la Caixa, que a su vez absorbió hace unos días a Bankia, exonerada de toda culpa en sus pasadas especulaciones y rescatada con dinero público) a un fondo inversor extranjero, celebrada por la Vicepresidenta Calviño como una señal de recuperación de las empresas españolas, da bastantes señales de por dónde vamos a conducir la recuperación post pandemia.
No es la única señal, desgraciadamente. Desconocemos por qué los miembros de la UE parecemos obligados a pagar cantidades millonarias a empresas farmacéuticas cuya calidad está dejando bastante que desear frente a la eficacia de vacunas provenientes de China, Rusia e incluso Cuba, que ha ofrecido en un ejercicio de dignidad inmenso su vacuna a países que no puedan costear la vacunación.
Tampoco se conoce de qué forma se devolverá ese endeudamiento que supone la inyección keynesiana de inversión en las propias vacunas, así como en las obras públicas cuyos contratos ya se están disputando empresas de dudosa moralidad como OHL o ADIF, supuestamente relacionadas con los escándalos en paraísos fiscales del rey emérito.
Todo indica que seremos, una vez más, los trabajadores quienes cargaremos en nuestras espaldas el pago de semejantes endeudamientos, cuya sombra alcanza no a un periodo corto sino a las próximas décadas, y que por tanto afectará principalmente a los jóvenes por intentar abrirse paso, a las mujeres por estar sometidas a una menor valoración y a los cuidados, a los parados desahuciados por su edad del mercado laboral, a las pensiones de los mayores y en general a los sectores más frágiles de la población, ya sea en forma de subidas de precios de necesidades básicas, en la privatización de los planes de jubilación, el el deterioro de las condiciones laborales o cualquier otra medida que el capital adopte bajo la máscara de la inevitable devolución de los fondos prestados para superar la crisis pandémica. La resiliencia que se podrá a prueba será una vez más la de los trabajadores.
