El informe sobre la privatización sanitaria de las comunidades autónomas que ha emitido este mes la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública (FADSP) y los datos sobre la incidencia del Covid-19 por regiones muestran un lamentable vínculo: las comunidades con un grado de privatizaciones más alto son las más afectadas por la pandemia.
En este informe se detalla que el gasto sanitario privado se ha incrementado de manera considerable en los últimos 10 años, debido a una bajada continuada de los presupuestos destinados a la Sanidad Pública, que han pasado de ser el 6,78% del PIB en 2009 al 6,37% en 2019 (esta tendencia se invertiría de manera radical con los Presupuestos Generales recientemente presentados, si bien habría que matizar que las partidas van dirigidas a los planes de contingencia que requiere la reacción a la pandemia, como es el enorme gasto destinado a vacunas). Al mismo tiempo que se destinaba menos dinero a los servicios públicos, se ha producido una derivación creciente de los fondos públicos al sector privado que han deteriorado la Sanidad Pública y han favorecido la búsqueda en el sector privado de las prestaciones que no se consiguen en la Sanidad Pública. Así, los seguros privados sanitarios han tenido un mayor crecimiento en los últimos años e igualmente se ha incrementado el gasto del bolsillo del consumidor.
Los recortes y el deterioro de la Sanidad Pública -especifica el documento de los expertos- han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización. Obviamente -concluye el informe- este aumento de la provisión y el aseguramiento privado va unido a una mayor desigualdad y a exclusiones porque solo acceden a estas formulas las personas con mas recursos.
Las comunidades señaladas en las posiciones más altas de esta clasificación son Madrid y Cataluña, que son las que muestran mayor incidencia, cuyos gobiernos autonómicos se han caracterizado por una política privatizadora. Les sigue Andalucía, comunidad que más puestos ha subido en el ranquin en los años recientes. En el lado opuesto se encontraría entre otras Extremadura, con menor incidencia y que ha mantenido un nivel bajo de privatizaciones según la clasificación del estudio.
¿Es la densidad de población es el único criterio que explicaría estos datos? En absoluto: el porcentaje de trabajadores sanitarios infectados y la respuesta de la Atención Primaria se han revelado como las causas que provocaron una peor o mejor situación comparativa de las CCAA respecto al promedio del país. La evidencia de que el colapso hospitalario en las CCAA con elevada incidencia fue mayor en el caso de las que tenían una baja tasa de camas hospitalarias por 1.000 habitantes. La Atención Primaria se ha visto totalmente desbordada. La insuficiencia de material sanitario de protección fue generalizada y muy importante desde el principio. Las contrataciones de personal de refuerzo tampoco fueron significativas, lo que provocó una insuficiente respuesta del sistema. No hay que olvidar a las residencias de mayores, principal foco de los casos de personas fallecidas.
En definitiva, las competencias en materia sanitaria de las comunidades está siendo sustancial en la incidencia de la pandemia, dada la superioridad manifiesta de la atención pública en situaciones como la que vivimos, de manera que ante esta segunda oleada solo cabe reforzar la Sanidad Pública, dotarla de más presupuesto, más personal y más medios, y rechazar las políticas que aprovechan la tesitura para incrementar los intereses privados.
