Ocho veteranas feministas españolas registraron ayer en el Congreso de los Diputados un escrito dirigido al Gobierno de España en la que exponen su rechazo al contenido de la Ley de igualdad plena y efectiva de las personas trans que prepara el Ministerio de Igualdad y piden un debate ampliado a todos los ciudadanos y asociaciones implicados en el que no se abandonen los postulados del feminismo histórico. Entre las firmantes se encuentran experimentadas mujeres como Amelia Valcárcel (filósofa, docente y autora de obras relevantes dentro de la corriente de igualdad del feminismo filosófico actual) o Ángeles Álvarez (ex diputada socialista y activista de larga trayectoria en el feminismo) -ambas en la imagen-.
«El Ministerio de Igualdad ha pedido opinión sobre algo a lo que llama ´Ley Trans´-escribió ayer Amelia Valcárcel en su cuenta de Twitter-, así que nos hemos visto en la necesidad de dársela». El documento, que puede consultarse en este enlace, se presenta por tanto como respuesta al trámite de consulta pública previo a la elaboración de la norma, que la ministra Irene Montero expuso de manera abierta en la web del ministerio para recabar la opinión de ciudadanos y asociaciones, y considera urgente un debate veraz sobre los supuestos que contendría la ley.
El Ministerio de Igualdad explicó que con la norma se pretende despatologizar las identidades trans sin que sea necesario un informe médico que permita el cambio registral de sexo. De este modo, dentro de las polémicas novedades estaría la posibilidad de cambiar de sexo en el DNI con la simple manifestación de la persona de que su identidad de género no se corresponde con el sexo que se le asignó al nacer, trámite que denominan «declaración de la propia identidad sentida».
Las firmantes del documento registrado estiman, en cambio, que es «necesario preservar la distinción y no confusión de los conceptos de sexo y género: el sexo como realidad biológica constatable y el género como constructo cultural de estereotipos». Consideran que, para el feminismo histórico, el género ha sido la construcción jerárquica de los estereotipos sexuales que fundamentan la desigualdad. Por tanto interpretan como preocupante que esos estereotipos no sólo no se rechacen sino que se presenten como una opción elegible: «La expresión ´género sentido´o ´sexo sentido´aluden a algo esencializado y subjetivo, inverificable en sus consecuencias jurídicas, más allá del sentimiento interno».
El documento especifica que «el respeto a la diversidad es condición necesaria para una justa convivencia» y que las autoras abogan «por la libertad de sentimiento, de expresión, de elección sexual, estética o de comportamiento, y por la garantía del derecho a la no discriminación a causa de ello». No obstante advierten que considerar que el ser mujer u hombre es una cuestión de elección personal desdibuja la realidad material del sexo, «justo aquello que determina el género en que se nos socializa». En opinión de las firmantes eso minimizaría los condicionantes que el sexo comporta, en especial en cuanto a la opresión tradicional y misógina sobre la mujer y su estigma de objetos sexuales y reproductivos, en clara referencia al sesgo con que el ministerio que dirige Montero ha tratado los polémicos asuntos de la prostitución y los vientres de alquiler.
Otro de los asuntos más controvertidos se encuentra en la posibilidad abierta a través del proyecto de ley de que los menores de edad puedan rectificar el sexo en el Registro Civil sin autorización. En el escrito se considera «necesario un acompañamiento psicológico a las y los menores e investigar los efectos a largo plazo de la hormonación y medicalización, así como prever un posible cambio de parecer en el futuro, con el añadido de la imposibilidad de revertir acciones quirúrgicas y hormonales agresivas».
La carta añade una referencia a lo que considera como una «neolengua» que borra a las mujeres con la excusa de la invisibilidad: «el lenguaje inclusivo no consiste en la ocultación de las mujeres, como por ejemplo sustituyendo a las madres por el término ´progenitor gestante´. Las mujeres no somos ´cuerpos feminizados´, ni ´cuerpos menstruantes´, ni es una ofensa para nadie que podamos hablar de nuestras vaginas, reglas y embarazos».
Finalmente, el documento apela a la importancia de un debate ético y político que califica de trascendental y valora la situación como grave, pues compromete a la juventud y a las generaciones futuras, e insta a asociaciones y a expertos de los ámbitos implicados a que participen del debate abierto por Igualdad.
El contenido del proyecto de ley puede consultarse en la propia web del Ministerio, donde también se puede encontrar el correo al que dirigir las aportaciones y sugerencias: participacion.publica@igualdad.gob.es. El plazo para hacer aportaciones está abierto hasta el próximo 18 de noviembre.
