Si hablamos del Fondo Monetario Internacional en América Latina nos encontramos con una historia trágica, un proceso de pérdida de soberanía. Las recetas del FMI han supuesto, no en pocas ocasiones, un intervencionismo claro en las democracias y economías sudamericanas. Un claro ejemplo que todavía queda en nuestras memorias es el caso argentino, cuyas consecuencias económicas, a día de hoy, todavía persisten.
En las últimas semanas, el gobierno de Costa Rica, con Carlos Alvarado al frente, ha querido cerrar un acuerdo fratricida para los intereses de la población. Una hipoteca que hubiera supuesto un importante aumento de los impuestos, dirigidos fundamentalmente a las clases bajas y medias. Tal era el caso del impuesto a los salarios o la congelación de sueldo de los funcionarios . La cuantía del préstamo ascendía a 1750 millones de dólares.
En segundo lugar, el acuerdo también conllevaba una serie de privatizaciones enfocadas hacia las empresas públicas. Esto hubiera supuesto un desmembramiento de los activos estatales, tan importantes, como el Banco Internacional de Costa Rica o la Fábrica Nacional de Licores.
Estas pretensiones del gobierno costarricense no sentaron nada bien en su pueblo que de forma abrumadora salió a las calles, logrando paralizar momentáneamente las negociaciones. Unas movilizaciones destacadas por su rotunda popularidad y transversalidad. En ellas se habían dado cita desde obreros hasta pequeños y medianos empresarios, sindicatos, propietarios medios….
A este intento de seguir ahondando en las políticas austericidas, hay que sumarle años de crecimiento en la desigualdad retributiva, una estrategia económica que va en contra de las políticas distributivas y que no hacen sino aumentar las desigualdades entre las distintas clases sociales del país.
Finalmente y aunque la propuesta se haya congelado, quizás para reunir más apoyos, el descontento todavía sigue vigente. Debemos sumarle una crisis económica que ha duplicado la tasa de paro, pasando del 12% al 24%. Los manifestantes han querido entablar negociaciones que son vetadas por parte del gobierno. Este último, se ha negado a negociar con el principal promotor de las protestas, el Movimiento Rescate Nacional.
