Confieso que tengo una pelea interna con el futuro delito de exaltación del franquismo. Por una parte entiendo a los que creen que hacer apología de los cuarenta años de dictadura es tan duro, sobre todo para las víctimas, que la única forma de lograr paz espiritual es haciendo que la muestra pública de esa exaltación sea delito.
Sin embargo, un demócrata jamás puede estar de acuerdo con que la opinión sea penalizada. La opinión, solo es eso. Y la mayor parte de las veces, algunos, solo con abrir la boca ya se están haciendo suficiente daño a ellos mismos sin necesidad de que venga un policía a multarle o un juez a enchironarle.
Sé que hay muchos compañeros que creen que es un error criticar esta “idea” del gobierno de fiscalizar a través del código penal a los bocachanclas, malhechores, fascistas indeseables, analfabetos políticos y antisociales que excretan diariamente su ignorancia y a los que conscientemente defecan su perversidad en los medios de incomunicación y en las redes sociales defendiendo un régimen que, durante casi cuarenta años, consecuencia de un golpe de estado indecente, masacró a todo aquel que tuviera la más mínima sospecha de ser considerado “rojo”, produciendo más de un millón de presos políticos y doscientos mil muertos. (Fuente: Tiempo de Historia de Eduardo de Guzmán)
Como digo, ningún amante de la libertad puede creer que la opinión puede llegar a ser delito. Es más, hemos llegado a un punto en el que hasta las verdades, dependiendo de a quién se le canten, pueden llegar a ser sentenciadas como ofensas al honor. Pero es que además, estamos en España. Un país en el que habitualmente se legisla deprisa y en caliente. Y un estado en el que esas leyes que pretenden acotar un imaginario problema coyuntural, acaban siendo olvidadas, cayendo en desuso, hasta que llega el espabilado de turno y atendiendo a ese artículo del Código Penal que ya nadie utilizaba y que estaba obsoleto, es capaz de llevar a juicio a Willy Toledo por ofensas a dios y a la virgen, al difunto Javier Krahe por cocinar un Cristo al horno o a un concejal del Ayuntamiento de A Coruña, por el cartel que anuncia el Carnaval.
Dice el refrán que las armas las carga el diablo y lo que hoy se legisla para penalizar el insoportable martirio continuo de los franquistas, nostálgicos idiotas y pérfidos vividores del régimen, mañana puede utilizarse para los que opinan que el rey es sucesor de Franco ya que nombró a su padre directamente, o para los que opinan en público que en necesario la instauración inmediata de la república o para los que opinamos que los de la COZ y los de la Caja B, deberían estar ilegalizados.
Para que entiendan mi postura, hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que el asesinato no fuera un delito. O que la muerte de una persona a manos de otra, dependiendo de quién sea el asesino no fuera delito. Y ante la burla diaria de estos asesinos a sus víctimas sabiendo que nunca les va a pasar nada, el gobierno decidiera penalizar como delito el ensalzamiento de sus crímenes. ¿Serviría para algo? ¿No sería más lógico penalizar como delito los asesinatos, los cometa quién los cometa, que mandar a la cárcel a un idiota que se ríe de su vecino porque un asesino ha matado a uno de sus seres queridos?
Lo que debe hacer el gobierno es echarle arrojo y proponer que el franquismo, todos sus actos, todos sus genocidios, todos sus chanchullos y todos sus procesos contra inocentes sean declarados nulos, se derogue la ley de punto final (Ley de amnistía de 1977) y que todos los crímenes de lesa humanidad sean juzgados y embargados los bienes confiscados durante la dictadura para devolverlos a sus legítimos dueños.
Hecho esto, la opinión de los mamarrachos desinformados y de los perversos indecentes carecerá de importancia y sobre todo, no tendrá el poder de hacer daño.
Salud, feminismo, república y más escuelas (públicas y laicas)
