El tratamiento que enferma más que la enfermedad
Proteger el entorno es necesario. Que nadie me malinterprete. El medio ambiente no es un lujo, no es un capricho de dominguero, no es una etiqueta verde que te ponen en el envase para venderte el producto más caro. Es el aire que respiras, el agua que bebes, el suelo que pisas. Y quien te diga que da igual, te está mintiendo o te está vendiendo algo.
Dicho esto, y dejándolo bien claro desde la primera línea: la pregunta no es si hay que proteger el planeta. La pregunta es cómo se protege, quién paga la factura y a quién le acaba llegando el beneficio. Porque lo que estoy viendo, lo que estamos viendo todos los que tenemos ojos y un poco de memoria, es que la regulación medioambiental europea se ha convertido en un mecanismo perfecto para generar escasez artificial, paralizar la construcción, encarecer la vivienda y beneficiar a los grandes capitales que pueden absorber los costes burocráticos. Y mientras tanto, la clase trabajadora paga el pato. Como siempre.
Proteger el entorno es necesario. Lo que no es de recibo es que la factura la pague siempre el mismo y que el beneficio acabe en el balance de una transnacional.
Cuando un pájaro vale más que doscientas familias
Voy a contar una historia. Una historia real. Una historia que está pasando ahora mismo en Ámsterdam y que se conoce como la “crisis del nitrógeno”.
Un promotor quiere levantar 200 viviendas sociales. Viviendas para gente que no puede pagar los alquileres de la capital holandesa, que están por las nubes. Tiene el suelo, tiene el proyecto, tiene la financiación. Empieza a tramitar los permisos.
Y entonces le dicen que no. Que antes de poner un solo ladrillo, tiene que demostrar, con estudios exhaustivos y evaluaciones de impacto, que el tráfico de las obras no va a depositar nitrógeno en una zona Natura 2000 que está a cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros. Tiene que demostrar que sus camiones no van a molestar a un ecosistema que ni siquiera se ve desde la obra.
No puede. O no puede demostrarlo con la certeza absoluta que exige la ley. El permiso se suspende. Las 200 viviendas no se construyen. El suelo se queda vacío. Y mientras tanto, el precio del alquiler en Ámsterdam sigue subiendo. Y Blackstone, que no tiene que demostrar nada porque no construye nada, compra los pisos que ya existen y los alquila un 30% más caros.
Fin de la historia. El pájaro está protegido. Las 200 familias, no.
¿Y cómo hemos llegado a esto? En mayo de 2019, el Consejo de Estado de los Países Bajos, el máximo tribunal administrativo del país, anuló el Programa de Enfoque del Nitrógeno. Determinó que era incompatible con la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves de la Unión Europea. El fallo invirtió la carga de la prueba: antes, se permitía construir basándose en reducciones de emisiones futuras o teóricas. Ahora, cada proyecto debe demostrar, antes de empezar, que no va a afectar negativamente a la naturaleza circundante. Si existe la más mínima duda científica, el permiso se deniega.
Y Ámsterdam, rodeada de zonas ecológicas sensibles y con una presión inmobiliaria extrema, se quedó atrapada. Miles de permisos en un limbo jurídico. Decenas de miles de viviendas planificadas, canceladas o retrasadas. La escasez se dispara. Los precios se disparan.
¿Quién puede pagar la burocracia?
Y aquí viene el núcleo de clase del asunto. Porque la regulación ambiental exige estudios de impacto, evaluaciones exhaustivas, años de tramitación, equipos de abogados, consultoras medioambientales, informes técnicos que cuestan cientos de miles de euros.
¿Quién puede permitirse eso? Los grandes fondos. Los promotores internacionales. Las transnacionales con departamento legal propio.
¿Quién no puede? Los promotores públicos. Las cooperativas de vivienda. Los pequeños ayuntamientos. El constructor local que quería levantar 20 pisos para familias del barrio.
La regulación funciona como una barrera de entrada. No prohíbe construir. No dice “aquí no se construye”. Dice “aquí se construye si puedes demostrar que no molestas a un tritón a cuatro kilómetros de distancia”. Y esa demostración cuesta tiempo, dinero y recursos. Y solo los ricos tienen tiempo, dinero y recursos.
Es el equivalente regulatorio de una SOCIMI: no es ilegal, pero está diseñada para que solo jueguen los grandes. Es una ley que no discrimina sobre el papel, pero que discrimina en la práctica. Porque en la práctica, el pequeño no puede pagar el peaje burocrático. Y el grande sí.
Y mientras el pequeño se queda encallado en un cajón esperando un permiso que no llega, el grande compra el suelo barato, espera tres años, y cuando el permiso por fin sale, ya tiene el proyecto aprobado, la financiación cerrada y el mercado en sus manos.
El consentimiento informado que firmaron en tu nombre
Y aquí es donde entra la analogía sanitaria, porque no puedo evitarlo. Es mi profesión y es mi forma de ver el mundo.
Cuando un médico te va a administrar un tratamiento, tiene la obligación legal de explicarte los riesgos. De decirte: “Esto te puede curar, pero también te puede provocar esto otro. ¿Acepta?” Se llama consentimiento informado. Es un derecho básico del paciente.
La UE no le dice a la clase trabajadora: “Oye, esta regulación va a paralizar la construcción durante cinco años y va a subir tu alquiler un 30%.” No. Le dice: “Es por el planeta.” Y le mete la regulación sin consentimiento. Sin explicarle los efectos secundarios. Sin ofrecerle una alternativa. Sin preguntarle si está dispuesto a pagar el coste.
Es un tratamiento impuesto sin información. Una intervención quirúrgica sin anestesia y sin explicación. Y cuando el paciente se queja, le dicen que es un negacionista, un facha, un enemigo del medio ambiente.
Y lo peor:,no hay plan de contingencia. Cuando la UE cierra un sector, paraliza una obra, prohíbe una práctica, ¿qué plan hay para las personas afectadas? ¿Qué pasa con el albañil que se queda en el paro porque la obra se paró? ¿Qué pasa con la familia que no puede acceder a una vivienda porque el permiso lleva tres años en un cajón? ¿Qué pasa con el autónomo que tenía un contrato para la obra y ahora no tiene ingresos?
No hay plan. Nunca lo hay. Se legisla desde Bruselas como si la gente no tuviera que comer, dormir, trabajar. Se protege el hábitat del tritón pero no el hábitat del obrero. Se cuida el nido del pájaro pero se destruye el refugio de la familia.
La “enfermedad” de no tener vivienda es una enfermedad huérfana para la UE: nadie la trata, nadie la financia, nadie le dedica recursos. Pero la “enfermedad” del nitrógeno en una zona Natura 2000 tiene tratamiento inmediato, financiación europea y prioridad absoluta. Curioso.
La “Picadora De Carne”, la excepción
Y ahora viene la pregunta que nadie quiere hacer. La pregunta que te hace parecer un loco si la dices en voz alta. La pregunta que me va a costar insultos de todos los intoxicados con la propaganda del faro democrático europeo.
Las medidas medioambientales aplican a la construcción, a la agricultura, al transporte, a la industria civil. ¿Aplican a la industria de la guerra?
¿Hay alguna Directiva de Hábitats que prohíba bombardear un ecosistema? ¿Hay algún estudio de impacto ambiental antes de lanzar un misil? ¿Alguien mide la deposición de nitrógeno de un caza F-35? ¿Alguien evalúa el impacto en la red Natura 2000 de una base militar con munición de uranio empobrecido?
La guerra es la actividad más contaminante y destructiva que existe. Y está exenta de toda regulación ambiental.
Pero no es solo una exención tácita. Es una exención legal, documentada, reciente y creciente.
El Reglamento REACH, que prohíbe o restringe miles de componentes químicos nocivos en suelo europeo, permite que los Ministerios de Defensa soliciten exenciones por motivos de seguridad para el desarrollo de explosivos, combustibles o aleaciones de blindaje. Las directivas de diseño ecológico y residuos de aparatos eléctricos excluyen formalmente a los productos diseñados exclusivamente para fines militares.
Y por si fuera poco, la UE aprobó el llamado “Defence Readiness Omnibus”, un paquete de desregulación acelerada para la industria de defensa. Se introdujeron permisos express para infraestructuras y fábricas de armamento, permitiendo saltarse los plazos habituales de las evaluaciones de impacto ambiental bajo el criterio de “interés público superior”. Se ampliaron los supuestos para el uso de químicos regulados y se relajaron las obligaciones de etiquetado y gestión de residuos en las cadenas de producción militar.
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, el famoso impuesto europeo a las importaciones contaminantes, exime los bienes importados para uso puramente militar. Mientras un fabricante civil europeo paga costosas tasas por sus emisiones, el sector de defensa puede esquivar estos costes al importar materias primas pesadas de terceros países.
Y la guinda. Hasta hace poco, la industria armamentística estaba vetada de los fondos de inversión etiquetados como “sostenibles”. La Comisión Europea ha clarificado las reglas de la taxonomía financiera: las inversiones destinadas a la defensa de Europa ahora pueden ser consideradas elegibles dentro de las inversiones sostenibles.
En resumen: tú, para construir una vivienda social, tienes que demostrar que no molestas a un pájaro. La industria militar, para fabricar un misil, no tiene que demostrar nada. Y además, puede etiquetar ese misil como “inversión sostenible”.
¿Y en España?
Y si alguien piensa que esto es un problema holandés, un problema de Ámsterdam, una cosa del norte de Europa, que se quite la venda. España tiene una de las redes Natura 2000 más extensas de Europa, cerca del 27% del territorio. Y los conflictos ya están aquí.
La Ley de Costas no va contra el hotel en primera línea. Va contra el barrio marinero tradicional, contra la vivienda modesta construida legalmente hace décadas, contra la familia de toda la vida que tiene una casa en Les Deveses (Denia) o en Puntas de Calnegre (Lorca). El reglamento dice que si el agua del mar alcanza una vivienda en repetidas ocasiones, el suelo pasa a ser automáticamente de dominio público. El propietario pierde la propiedad de su casa. En el mejor de los casos, recibe una concesión temporal para seguir viviendo en ella unos años antes de su demolición. Sin indemnización por el valor total de la propiedad. Miles de viviendas modestas, expuestas a expedientes de derribo o expropiación forzosa. Sin macrohoteles. Sin resorts. Solo familias.
Algunas Comunidades Autónomas han intentado blindar estos núcleos con leyes autonómicas de protección del litoral. El Gobierno central las recurre ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional las suspende. El pequeño propietario se queda sin escudo. Ni el Estado le protege, ni su propia región le puede proteger.
Y en el interior, el boom de las macroplantas fotovoltaicas y los parques eólicos está colisionando directamente con la vivienda y las tierras de los pequeños propietarios. Bajo el amparo de la Ley del Sector Eléctrico, cuando una gran empresa energética proyecta un macroparque solar o eólico, la administración concede la declaración de “Utilidad Pública”. Esto otorga a empresas privadas el poder de activar la expropiación forzosa de los terrenos y fincas rústicas. Al pequeño propietario no se le paga el valor de mercado. El Tribunal Supremo ha validado justiprecios ínfimos, a veces de menos de 50.000 euros por fincas expropiadas para parques eólicos. Una familia puede ver cómo se devalúa o se destruye el entorno de su vivienda habitual porque se planta un muro de placas solares a escasos metros de su ventana.
La asimetría del poder es total. Mientras un ciudadano común no tiene los recursos para litigar durante diez años contra el Estado por un deslinde de costas o contra una gran eléctrica por una expropiación, los grandes fondos tienen gabinetes jurídicos enteros para sortear estas leyes, comprar el suelo barato tras el desgaste del vecino y reconfigurar el mercado a su antojo.
La contradicción perfecta
Se protege el entorno natural a costa de deteriorar el entorno social. Se niega el derecho a una vivienda digna en nombre de la protección del medio ambiente. Se paraliza la construcción de vivienda social porque un camión podría depositar nitrógeno a cuatro kilómetros de distancia. Y mientras tanto, la industria que más contamina y más destruye —la militar— no tiene ninguna regulación ambiental. Y además, puede etiquetar sus misiles como “inversión sostenible”.
La legislación europea no está para crear problemas ni para solucionarlos. Está para mantener un orden. Un orden en el que el pequeño no puede construir, el grande compra barato, el obrero paga el alquiler y el fondo buitre cobra la renta. Un orden en el que la factura siempre cae del mismo lado y el beneficio siempre sube al mismo sitio.
Y si te quejas, eres un negacionista. Un facha. Un enemigo del planeta.
Mire, no se equivoque: yo quiero proteger el planeta. Lo que no tolero es que utilicen la bandera del ecologismo para expropiarnos el futuro mientras protegen un nido de pájaro que ni conocemos. Al final, da que pensar. ¿No es curioso cómo estas leyes siempre enriquecen a las mismas élites? Son sagradas e inviolables para el pequeño promotor o el ciudadano, pero de repente se vuelven flexibles y llenas de excepciones cuando entra en juego una gran transnacional, especialmente si se dedica a la guerra.
