Adriana Franco Silva, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
Los líderes de la Confederación de Estados del Sahel prometieron una alternativa. Sin embargo, decidieron impulsar el cambio desde el Estado, una vía que tiene límites claros por la relación de dependencia que el sistema capitalista impone a los países periféricos. Los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger han nacionalizado recursos bajo un discurso de soberanía, pero sus economías siguen basadas en la exportación de materias primas, sin romper con la subordinación comercial.
A pesar de su postura antiimperialista y de la expulsión de las tropas francesas y estadounidenses, ninguno de los tres gobiernos ha abandonado el franco CFA, la moneda que, desde las independencias, ha mantenido atadas a sus economías bajo los intereses de Francia. Las razones de esta postura son el riesgo de una crisis inflacionaria y la complejidad que implica construir un nuevo sistema financiero. Además, los tres gobiernos enfrentan una difícil batalla legal y financiera, debido a que el 50% de las reservas se encuentra en el tesoro francés y, en algunos casos, parte de sus reservas de divisas está bloqueada por el Banco Central de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. La probabilidad de recuperar sus reservas son muy bajas. Por eso, los líderes buscan acumular reservas antes de crear una nueva modela y desanclar la dependencia frente al franco CFA. Así, la propuesta de instaurar una moneda propia sigue vigente, pero avanzar con prisa podría poner en riesgo la estabilidad económica de los tres países.
Un poder nacido de la violencia
Assimi Goïta, Ibrahim Traoré y Abdourahamane Tiani llegaron al poder en un contexto de violencia creciente. Las intervenciones francesas (las operaciones Serval y Barkhane) y otras injerencias occidentales se justificaron bajo la narrativa de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, a comienzos de la década de 2020, los enfrentamientos violentos habían aumentado de forma considerable respecto a los niveles previos. Además, durante la presencia militar francesa surgieron nuevos grupos armados, como el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), fundado en marzo de 2017.
Tras la expulsión de las fuerzas francesas y estadounidenses, los tres gobiernos se acercaron a Rusia para combatir a estos grupos. Pero hasta ahora, la tranquilidad y bienestar no han llegado, porque en un contexto de violencia extrema, la solución exige un proceso largo y complejo. Para algunos, apoyarse en Rusia es cambiar una dependencia por otra; para otros, es un paso necesario para garantizar la estabilidad regional y sostener las estructuras del Estado.
Por otra parte, valdría la pena señalar que una parte importante de la población no ve a Rusia como una fuerza imperial, pues no asocia al país con una autoridad impuesta en la región. Inclusive, algunos sectores consideran necesaria su presencia y acusan a las potencias occidentales de apoyar a los grupos terroristas. De hecho, desde los golpes de Estado, los líderes de la Confederación denunciaron los vínculos entre Francia y algunos grupos armados. Más adelante, en julio de 2026, el presidente de Níger, Abdourahamane Tiani, afirmó que su gobierno tenía pruebas de que Francia armaba y financiaba a grupos como JNIM.
Más allá de esa acusación, Francia conserva intereses estratégicos y económicos en África Occidental, y la consolidación de gobiernos antifranceses es uno de los mayores desafíos para su estrategia en la zona. En ese escenario, desestabilizar el territorio para «demostrar» que estos gobiernos fracasan podría resultar útil para volver a tener injerencia en la zona.
En los últimos años, los gobiernos del Sahel han sido criticados por negociar intercambios de prisioneros con grupos terroristas. Sin embargo, los países occidentales también han negociado con ellos, aunque en público rechacen esa táctica. De hecho, durante buena parte del siglo XXI, el pago de rescates por parte de gobiernos occidentales ha sido una fuente de financiamiento de estos grupos. Por eso, aunque la estrategia de Malí, Burkina Faso y Níger sea cuestionable, no es nueva en la dinámica de la lucha contra el terrorismo en la región.
¿Qué margen de acción tienen realmente estos gobiernos?
Se puede reprochar a Goïta, Traoré y Tiani por no haber construido una verdadera alternativa en los años que llevan en el poder. No obstante, cabe preguntarse cuánto pueden transformar desde el marco institucional de los Estados dependientes. El sociólogo Immanuel Wallerstein sostenía que no es posible cambiar el mundo solo tomando el poder del Estado, porque este forma parte del engranaje de la economía-mundo capitalista. Entonces, el Estado sigue sometido a las reglas globales de la acumulación de capital y a las presiones geopolíticas. Al mismo tiempo, entender el contexto y los desafíos que enfrentan los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níner, en especial la violencia extrema de los distintos grupos armados, es indispensable para formular una crítica justa.
El dilema de las juntas militares del Sahel no depende solo de la voluntad de sus líderes, sino de los límites estructurales del sistema internacional. Por eso, la crítica no debería ser ingenua y exigir transformaciones profundas a gobiernos que actúan bajo fuertes restricciones. Sin embargo, tampoco es aceptable justificar la reproducción de la violencia interna en nombre de la resistencia soberanista. El verdadero desafío es encontrar las grietas entre la supervivencia geopolítica y la emancipación de sus pueblos, algo que deben construir los líderes para realmente romper con las lógicas imperialistas.
