Hay quienes se rasgan las vestiduras cada vez que alguien menciona la palabra «nación» refiriéndose a una de las comunidad nacionales que componen el Estado español. El gesto, por recurrente, no por ello deja de ser revelador: delata una concepción monolítica del Estado que la propia realidad material se encarga de desmentir. Porque España no es, nunca lo ha sido, un territorio homogéneo. Esa es una ficción del nacionalismo centralista, que ha operado durante décadas como una ideología de ocultamiento: ocultamiento de la diversidad, ocultamiento de las asimetrías, ocultamiento de las relaciones de dominación que atraviesan el mapa peninsular. Frente a esa ficción, la izquierda tiene la obligación de situar el debate en el terreno de la verdad objetiva: España es un Estado plurinacional, y Andalucía es, sin ninguna duda, una de esas naciones.
Conviene partir de la teoría porque, como advertía Lenin en El derecho de las naciones a la autodeterminación, sin claridad conceptual la práctica política se convierte en un cajón de sastre donde caben todas las confusiones. Pero es en Stalin, en El marxismo y la cuestión nacional (1913), donde encontramos la definición más precisa y operativa de lo que constituye una nación desde el materialismo histórico. Para Stalin, nación es una comunidad humana estable, históricamente formada, surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en una comunidad de cultura. No basta con uno solo de estos rasgos; es su combinación histórica lo que cristaliza en una realidad nacional. Pues bien, Andalucía satisface cada uno de estos criterios con una solidez que haría sonrojar a quienes pretenden negarle el estatuto de nación.
En primer lugar, el territorio. Andalucía posee una unidad geográfica perfectamente delimitada desde hace siglos: la depresión del Guadalquivir, los sistemas Béticos y Sierra Morena configuran un espacio físico que ha vertebrado históricamente los intercambios humanos y económicos, desde la Bética romana hasta la Andalucía contemporánea, pasando por el califato de Córdoba y los reinos de Sevilla, Granada o Jaén.
En segundo lugar, el idioma. El andaluz es una modalidad lingüística con rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos propios, forjada en siglos de evolución y reconocida por la filología como una variedad dialectal perfectamente diferenciada. Es el habla en la que millones de andaluces piensan, sienten y se relacionan, y constituye uno de los marcadores de identidad colectiva más potentes de la Península.
En tercer lugar, la vida económica. Andalucía ha compartido una estructura económica peculiar en el seno del capitalismo español, caracterizada por el latifundismo, la especialización agroexportadora, una industrialización tardía y subordinada y la función de reserva de mano de obra barata para los centros industriales del Norte. Esta comunidad de vida económica (que no significa autarquía, sino articulación interna subordinada al conjunto estatal) ha marcado la experiencia material de generaciones de andaluces y constituye la base objetiva sobre la que se asienta la conciencia nacional.
En cuarto lugar, la psicología colectiva manifestada en una comunidad de cultura. Andalucía ha producido un acervo cultural propio que no es un simple «folklore regional», sino una de las grandes tradiciones culturales de Europa: el flamenco, el cante jondo, la poesía popular, la obra de autores como Machado, Lorca o Alberti, las formas específicas de religiosidad, sociabilidad y fiesta, la gastronomía. Todo ello configura una «psicología nacional» (en el sentido riguroso que Stalin daba al término) que se expresa en una manera compartida de sentir, de relacionarse y de estar en el mundo.
Así pues, si aplicamos la definición marxista-leninista de nación, la conclusión es objetiva e inapelable: Andalucía es una nación. No porque lo diga un sentimiento subjetivo, sino porque cumple todos y cada uno de los rasgos que la teoría materialista exige para reconocer una realidad nacional. Ignorarlo es, lisa y llanamente, idealismo.
Cuando Blas Infante, padre del andalucismo histórico, definía a Andalucía como una realidad nacional no estaba inventando un mito ni importando mecánicamente los nacionalismos burgueses del siglo XIX. Estaba identificando, con sus propias herramientas intelectuales de su tiempo, la misma realidad que el marxismo-leninismo conceptualizaba con rigor científico: la existencia de un pueblo con personalidad propia, forjado en siglos de historia compartida, con una economía subordinada en el marco del capitalismo español y con una cultura popular que constituye uno de los patrimonios inmateriales más potentes de la Península. Su célebre fórmula («Andalucía por sí, para España y la humanidad») no era la proclama de un nacionalismo insolidario, sino la expresión de un internacionalismo concreto, perfectamente compatible con la tradición del movimiento obrero, que siempre ha entendido que la liberación de la clase trabajadora pasa por el reconocimiento de las identidades nacionales oprimidas.
El artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía es taxativo: «Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma». No es una concesión retórica ni un adorno literario: es un reconocimiento jurídico que, sin embargo, ha sido sistemáticamente ninguneado por el discurso dominante. Cuando el presidente del Gobierno menciona las nacionalidades históricas y se olvida de Andalucía, no comete un simple lapsus; ejecuta una operación de borrado que tiene nombre y apellidos: la voluntad de reducir Andalucía a una región más, despojándola de su carácter diferencial, equiparándola a cualquier otro territorio administrativo. Esta amnesia selectiva no es inocente. Responde a una lógica que podríamos calificar, siguiendo el análisis de las superestructuras ideológicas, como una forma de inversión de la causalidad: se niega la realidad de la nación andaluza para poder presentar después cualquier reivindicación de autogobierno como un agravio, como un capricho identitario, cuando en realidad es la exigencia de que lo que ya está escrito en el Estatuto se cumpla. Pero conviene recordar que ese reconocimiento estatutario no fue una concesión graciosa del poder central. Fue el resultado de una movilización popular sin precedentes. El 4 de diciembre de 1977, millones de andaluces salieron a la calle exigiendo autonomía plena en pie de igualdad con las nacionalidades reconocidas. Aquella movilización masiva fue, al mismo tiempo, una reivindicación nacional y una protesta de clase contra la marginación económica secular a la que el centralismo había condenado al Sur. El referéndum del 28-F de 1980 y la posterior aprobación del Estatuto por la vía del artículo 151 de la Constitución no hicieron sino ratificar lo que el pueblo andaluz ya había decidido en la calle: que Andalucía es una nacionalidad histórica y que su autogobierno no es negociable.
Hay algo especialmente irritante para el centralismo en la reivindicación de Andalucía como nacionalidad histórica. Y es que Andalucía no encaja en el relato. Mientras que Cataluña, el País Vasco y Galicia han sido tradicionalmente reconocidas como tales (con todos los matices y ambigüedades que ese reconocimiento conlleva), Andalucía ha sido sistemáticamente relegada a la categoría de «región», cuando no de «problema». Y sin embargo, Andalucía es la comunidad más poblada de España, la que tiene una historia más larga como entidad diferenciada y la que ha protagonizado algunas de las luchas más significativas por la democracia y el autogobierno, desde la Constitución de Antequera de 1883 hasta la masiva movilización del 4-D.
Pero hay más. Andalucía no es solo una nacionalidad histórica: es una nacionalidad popular, una nacionalidad de clase. El andalucismo popular (no el señoritismo regionalista que instrumentalizó cierta burguesía terrateniente) ha sido históricamente una expresión de la lucha del jornalero, del emigrante forzoso y de los barrios obreros contra el subdesarrollo planificado por el capitalismo español. La conciencia nacional andaluza, lejos de fragmentar a la clase trabajadora, la dota de herramientas para exigir un modelo de Estado que no la relegue a la periferia olvidada. Por eso Andalucía es incómoda: porque su reivindicación nacional no puede desgajarse de su reivindicación de clase, y eso, precisamente eso, es lo que incomoda a quienes detentan el poder.
No se puede entender el rechazo del bloque reaccionario a la plurinacionalidad sin situarlo en el contexto de la lucha de clases. Porque la negación de la realidad plurinacional de España no es un mero error de apreciación: es un instrumento de dominación. El Estado centralista ha servido históricamente para concentrar el poder económico y político en unas pocas manos, para extraer plusvalía de las periferias y transferirla al centro, para mantener a las clases populares divididas y enfrentadas entre sí en lugar de unidas frente a sus verdaderos opresores. La oligarquía agraria andaluza pactó con el capitalismo centralista la perpetuación del latifundio y la emigración masiva como válvula de escape. El resultado fue un desarrollo desigual que, todavía hoy, condena a Andalucía a tasas de paro y pobreza muy superiores a la media estatal. Esa asimetría no se explica solo por diferencias económicas sectoriales; es la expresión contemporánea de un modelo de Estado que históricamente ha tratado a Andalucía como reserva de mano de obra barata y de recursos naturales, desposeyéndola de soberanía política para decidir su propio futuro. La plurinacionalidad no es un debate académico para minorías ilustradas: es la condición material para que los pueblos, incluido el andaluz, puedan dotarse de políticas económicas, lingüísticas y culturales acordes con sus necesidades, rompiendo el corsé del Estado unitario que, bajo bandera neutral, ha administrado siempre los intereses de la oligarquía.
La plurinacionalidad parte del principio democrático de que España no es una nación preexistente al Estado, sino un Estado compuesto por diversas naciones que, en ejercicio de su soberanía, acuerdan libremente los términos de su convivencia. No se trata de necesariamente desintegrar, sino que es posible federar. La unidad que propugna la izquierda es la de la solidaridad voluntaria, construida desde abajo y no impuesta por la fuerza. Esa es la unidad que defendemos: una unidad en la diversidad, una unidad que no teme al reconocimiento de lo plural porque sabe que la riqueza de un Estado no está en su homogeneidad, sino precisamente en lo contrario.
La España plurinacional no es una utopía, es una realidad que el marco constitucional del 78 reconoce a medias y que la práctica política cotidiana se empeña en negar. Esa contradicción entre el ser y el deber ser no puede mantenerse indefinidamente. Andalucía tiene derecho a ocupar el lugar que le corresponde, no como una región subordinada, sino como una nacionalidad histórica que, en el ejercicio de su autogobierno, contribuya a la construcción de un Estado verdaderamente federal, verdaderamente democrático, verdaderamente plural. La tarea de la izquierda, en este terreno como en todos los demás, no es administrar la realidad tal como es, sino transformarla. Y eso pasa por asumir sin complejos el carácter plurinacional de España, por defender el reconocimiento de todas sus naciones (incluida, y muy especialmente, Andalucía) y por construir sobre esa base un proyecto de emancipación que no deje a nadie atrás. La izquierda no puede elegir entre el chovinismo españolista y el particularismo excluyente: debe articular, desde la clase, una salida que reconozca la nación como un terreno en disputa. Como enseñaba Gramsci, la hegemonía se construye articulando las demandas democráticas de las masas en un proyecto que unifique en la diversidad.
Cuando Blas Infante soñó con una Andalucía «por sí, para España y la humanidad», no estaba imaginando una república de taifas; estaba sentando las bases de un internacionalismo concreto que hoy, más que nunca, necesitamos rescatar. Construyamos, pues, un Estado plurinacional que acoja a todas las naciones (Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía, Canarias y tantas otras), porque solo la libre unión de los pueblos será fecunda, y solo desde la igualdad real podremos derrotar al centralismo autoritario que hoy cabalga de nuevo por Europa. La libertad de un pueblo es inseparable de la libertad de todos los pueblos. Y España, para ser libre, tiene que reconocerse, por fin, en su diversidad.
