Hay tragedias que no son obra de la naturaleza sino de los cálculos contables. Cuando se apaguen las llamas y los telediarios hablen de otra cosa, las cifras quedaran: doce personas muertas, diecinueve desaparecidas, cinco pueblos evacuados. Y habrá también otras cifras, más prosaicas pero igualmente letales: un 14% menos de agentes medioambientales, retenes que operan con la mitad de sus efectivos, camiones de extinción conducidos por un solo trabajador. Son dos caras de una misma moneda. La cara visible es la catástrofe. La política que la hizo posible es la cara oculta.
Es mejor empezar por los datos, porque los datos son tercos y no se queman. En septiembre de 2025 la Junta de Andalucía disponía de 698 agentes medioambientales. En junio de 2026, cuando arrancó la campaña de alto riesgo, el número ya había disminuido a 602. Noventa y seis menos. El recorte de efectivos en un cuerpo que, según la ley andaluza que lo regula, tiene encomendadas funciones tan concretas como la vigilancia del territorio para la detección temprana de incendios, la dirección técnica de extinción, la investigación de la autoría y causalidad de los siniestros y la colaboración en la restauración de masas forestales. No son burócratas. Son los ojos del monte. Y el gobierno de Moreno Bonilla ha decidido arrancar 96 pares de ojos justo antes de la temporada más peligrosa. Pero hay corridas de toros.
Las explicaciones de la Junta siguen el patrón de quien es pillado con las manos en la masa. Primero dijeron que no podían llenar las plazas por la tasa de reposición. A continuación, que los agentes medioambientales no participan en labores de extinción. Tuvieron que borrar el tuit porque les echaban la bronca tanto los propios agentes como todos los sindicatos. Cuando no hay coartadas técnicas, sólo queda la verdad política: han recortado porque no priorizan la protección del monte. Su prioridad es proteger los márgenes de beneficio de quienes esperan hacer negocio con el fuego. Y los toros.
La degradación del INFOCA no es porque haya habido un accidente de gestión. Es una estrategia. Sólo hay que leer el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Andalucía. Ahí está escrito, negro sobre blanco, que el servicio de extinción de incendios forestales se privatiza. No lo esconden. Lo han redactado, lo han firmado y lo están llevando a cabo. Ya en la auditoría que Vox presentó hace tres años se recomendaba que el INFOCA confluyera con el sector privado y que, en el plazo de uno o dos años, el servicio quedara externalizado. Lo que era una propuesta programática de la ultraderecha es ahora política activa del gobierno andaluz. La lógica es tan antigua como el capitalismo: degradar lo público para justificar su venta. Si se reduce la plantilla, si los retenes operan con tres o cuatro efectivos en lugar de los siete preceptivos, si los camiones salen con un solo conductor, si las furgonetas no son aptas para el monte y los equipos de protección individual brillan por su ausencia, el servicio se vuelve ineficaz. Y si el servicio es ineficaz, siempre está Antonio Sanz, el señorito soberbio que criminalizaba a las enfermas de cáncer, dispuesto a decir que la solución está en manos del mercado. Es la profecía autocumplida del neoliberalismo: te ahogan primero, luego te venden una botella de oxígeno a precio de oro. Pero tenemos toros.
Los bomberos forestales, por su parte, llevan tres años denunciando la situación, avisando de que el dispositivo no está completo. Tres años indicando que las furgonetas no llegaban a primera línea de fuego, que faltaban efectivos, que los EPI no aparecían. La misma Junta que corta en agentes medioambientales ha suprimido el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas andaluzas. La ecuación es ésta: menos recursos para apagar el fuego, más alivio fiscal para quienes no se queman. El hecho de que la población no recibiera alertas no es un detalle técnico, es un agujero negro institucional. No se ha enviado ningún mensaje al móvil de los ciudadanos de Los Gallardos, Bedar o los diseminados que salpican la sierra almeriense. Alarma ausente. Sin previo aviso. Se enteraron del incendio al ver el humo sobre sus cabezas. Otros huyeron por carreteras que se transformaron en trampas mortales. Una familia británica, cuatro personas, fue encontrada quemada en su coche. No sabían a dónde escapar porque nadie les había dicho a dónde escapar. La Junta se excusa diciendo que se dio aviso casa a casa. En un terreno quebrado, edificaciones dispersas, población envejecida y muchas veces extranjera que desconoce los caminos. Esa no es una estrategia de evacuación, es una sentencia de muerte burocrática. Pero tenemos más espectáculos taurinos gracias a Juanma.
Cuando el gobierno reduce la plantilla de vigilancia ambiental en plena emergencia climática, cuando mantiene retenes bajo mínimos mientras escribe en sus acuerdos de legislatura la privatización del servicio, cuando con una mano elimina impuestos a los ricos y con la otra recorta la prevención de incendios, no está gestionando: está especulando. Está jugando a que el fuego no llegue, a que la tragedia se produzca en otra provincia, a que las víctimas sean pocas y las cámaras se vayan pronto. Pero llegó el fuego. Y con él, la factura de una política que considera los servicios públicos una molesta carga, y a los trabajadores públicos una carga más. Y mientras esto pasa, las partidas destinadas a la tauromaquia engordan año tras año. En 2023 se destinaron 700.000 euros sólo a subvenciones directas a ganaderías y escuelas taurinas, a lo que hay que sumar los 300.000 euros que costaron las retransmisiones de corridas en Canal Sur. El gobierno de Moreno Bonilla sube al 80% la financiación pública para los ayuntamientos que organicen festejos taurinos, con subvenciones de hasta 4.000 euros por proyecto, mientras los retenes forestales operan con la mitad de los efectivos preceptivos y los bomberos se enfundan equipos de protección caducados. Se trata de una cuestión de prioridades en la que priman los intereses de señoritos y ganaderos sobre los de la inmensa mayoría de los andaluces.
Los incendios forestales, por mucho que la ultraderecha y la derecha ultra (esos hermanos siameses que ahora gobiernan Andalucía) intenten confundirnos, se apagan con agentes medioambientales, con prevención forestal que reduzca el combustible, con retenciones completas y con medios aéreos que lleguen a tiempo. Recortar plantillas y desviar el dinero público a los ruedos lleva inevitablemente a que los monte ardan sin control y que la gente muera intentando huir de la catástrofe mientras en Canal Sur emiten “Toros para todos” (y para todo).
A este paso, el gobierno de Moreno Bonilla acabará mandando al bombero torero para que apague los incendios.
