La mutación política de Silicon Valley en la era Trump 2.0 consolida a quienes el bielorruso Evgeny Morozov denomina los “oligarcas-intelectuales”: capitalistas de riesgo que actúan como los intelectuales orgánicos del capital. No sólo teorizan, sino que nos catequizan sobre nuevas formas de soberanía en el siglo XXI.
A diferencia de los teóricos de la era industrial en la época de Gramsci, que generaban adhesión a las estructuras ya existentes, las uevas figuras de la aristocracia digital, la caterva de acólitos de las criptomonedas (Marc Andreessen, David Sacks), los aspirantes a colonizadores celestes (Musk, Bezos) y los resucitadores nucleares (Bill Gates, Jeff Bezos, Altman) con ayuda del serial de think tanks, fábricas de fatalismos lunáticos y dogmas que con sutileza a través de su cadena de montaje: blogs, podcasts y substacks difunden alegremente sus axiomas del «Estado red» mediante la financiación de capital riesgo, las becas y la colocación de personas afines en posiciones estratégicas, diseñando una gobernanza a través de una nueva infraestructura tecnológica que hace que la supervisión tradicional occidental quede desfasada.
Lo que nació como una utopia libertaria se ha transformado en una apropiación autoritaria. Esa misma red que alguna vez defendió el seasteading[1] y las criptomonedas para escapar de la autoridad estatal ahora sitúa a sus huestes en las cúpulas del gobierno estadounidense. Al no haber podido construir instituciones paralelas, estos actores han descubierto que resulta más eficaz convertirse ellos mismos en infraestructura del Estado.
El ejemplo más claro proviene de las finanzas. Su jugada en el mundo cripto siempre fue ir a contracorriente: comprar Bitcoin cuando nadie lo hacía, vender en máximos y recomprar tras el desplome. Pues bien, han aplicado el mismo cronograma a la política: abrazar al Estado cuando Silicon Valley predicaba la huida y promover el nacionalismo conservador cuando las élites tecnológicas aún estaban celebrando el globalismo como panacea del desarrollo económico.
Ahora, bajo la Ley GENIUS de Trump, las stablecoins[2] se reclasifican como “infraestructura de seguridad nacional”, otorgando a los emisores privados poderes cuasi de bancos centrales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirma que podrían generar hasta dos billones de dólares en nueva demanda de bonos del Tesoro estadounidense: un sistema monetario privado que respalda los déficits públicos.
La Ley GENIUS incluye tres disposiciones clave:
• Los emisores de stablecoins quedan limitados a instituciones depositarias aseguradas, como bancos, cooperativas de crédito, subsidiarias de bancos y otras instituciones financieras no bancarias que obtengan aprobación de la Reserva Federal y demuestren capacidad para cumplir con la normativa correspondiente.
• Los emisores de stablecoins deben mantener reservas equivalentes 1:1 por cada stablecoin emitida. Estas reservas pueden mantenerse en moneda física, bonos del Tesoro estadounidense, acuerdos de recompra y otros activos de bajo riesgo aprobados por los reguladores. Los emisores están obligados a informar sobre la composición de sus reservas y a someterse a auditorías periódicas realizadas por firmas de contabilidad pública registradas.
• La ley establece que todos los emisores de stablecoins deben cumplir con la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), lo que implica implementar medidas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), además de reforzar la protección al consumidor.
[1] Seasteading o colonización marina: concepto de creación de viviendas permanentes en el mar, fuera de los territorios reclamados por los gobiernos de cualquier nación.
[2] Criptomonedas diseñadas para minimizar la volatilidad del precio de estas, en relación a un activo «estable» o cesta de activos.
