Néstor Carramiñana
La noticia de que el Gobierno propone una nueva subida de las cotizaciones de los autónomos para 2026, tal como avanza El Confidencial, es más que una mala decisión económica; es un nuevo síntoma de a qué intereses sirve nuestro sistema fiscal.
El debate debe ir más allá de los números fríos para situarse en la lucha de clases. Es hora de decirlo alto y claro: el autónomo es, en su inmensa mayoría, Clase Trabajadora.
La Explotación Autoimpuesta
El tejido productivo español es, fundamentalmente, un tejido de autoempleo y microempresas. Más del 55% de las empresas en España son personas físicas, y lo que es más revelador: más del 75% de los autónomos no tienen a nadie contratado. Estas no son las grandes corporaciones capitalistas; son fontaneros, diseñadores gráficos, periodistas precarios, pequeños comerciantes y consultores que apenas sobreviven.
El mito neoliberal del «emprendedor» ha enmascarado una dolorosa realidad: la mayoría de los autónomos en España son trabajadores altamente precarizados que sufren una forma de explotación capitalista: la autoimpuesta.
Se ven obligados a asumir los riesgos, las cargas fiscales y las responsabilidades administrativas de una empresa, mientras que sus rendimientos apenas alcanzan el salario mínimo. Trabajan jornadas interminables, sin derecho a bajas pagadas, sin vacaciones, sin seguridad; se convierten en el último eslabón de la cadena productiva que asume el riesgo que los grandes capitales descargan. El beneficio que obtienen es, en realidad, un salario duramente ganado, y las cuotas e impuestos que pagan se convierten en un impuesto a su propia supervivencia.
Esta realidad se debe interpretar como una consecuencia directa de un sistema que utiliza al pequeño autónomo como capa explotada del proletariado, un instrumento para flexibilizar el mercado laboral en beneficio de los grandes actores. La necesidad de proteger a este colectivo es una lucha por y para la Clase Trabajadora en su conjunto. Se critica duramente la inacción del Estado ante las corporaciones que buscan «liberalizar» sectores (como se ve en el caso del taxi frente a plataformas como Uber y Cabify), condenando a miles de familias a la precariedad para aumentar la ganancia de unos pocos.
La Fiscalidad como Herramienta de Castigo
Bajo esta premisa, la fiscalidad de los trabajadores por cuenta propia debería ser un instrumento de justicia social, no una losa que castigue la iniciativa del autoempleo. La realidad es que el sistema, incluso con las reformas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), sigue fallando a los más vulnerables.
Se tiene que apostar políticamente defendiendo que la fiscalidad y las cuotas de autónomos deberían ser realmente progresivas y proporcionales, gravar más a quienes más ganan, no cargar de más al que sobrevive.
Como Estado, mientras no se produzca un Proceso Constituyente que cambie las reglas de juego, debe distinguir entre el capitalista que se ha hecho autónomo para optimizar costes y el trabajador que se ha hecho autónomo por pura necesidad o vocación. Castigar a ambos con incrementos de costes indiscriminados es un error que solo fomenta la economía sumergida o, peor aún, la renuncia a la actividad.
Una Propuesta Incomprensible: Parchear un Sistema Roto
En este contexto, la propuesta del Gobierno de subir las cotizaciones para 2026, tras una reforma que supuestamente buscaba la progresividad, resulta incomprensible.
Es el mismo tipo de medida ilógica que vemos en otros ámbitos políticos cruciales. Como sucede con la política de vivienda pública y contra la especulación, donde se habla mucho de proteger al ciudadano, pero se permite que los fondos buitre y la banca sigan parasitando el mercado, subir las cuotas a los autónomos sin una garantía real de progresividad es una medida incomprensible.
El problema de fondo no se resuelve con parches. Si el Gobierno es incapaz de forzar a las grandes empresas a pagar lo justo o se niega a acometer la nacionalización de sectores estratégicos para garantizar la soberanía y la reindustrialización, como se exige desde el ala más crítica del obrerismo, ¿por qué carga de nuevo el peso sobre el hombro de los trabajadores más vulnerables? Es una forma de perpetuar un modelo económico injusto.
Gravemos el capital, gravemos los grandes beneficios empresariales, persigamos el fraude de los grandes despachos. Pero dejemos de ver al pequeño autónomo, que lucha día a día para subsistir, como una simple caja a la que recurrir para parchear el sistema de pensiones. Es hora de que el Estado cumpla su promesa de proteger a la clase trabajadora, y eso incluye al autónomo solitario y explotado.
