Compartimos el siguiente artículo de opinión firmado por un centenar de profesionales de abogacía y procura
Desde hace unos tres años, profesionales de abogacía y procura hemos venido poniendo en el debate público, y en la hoja de ruta de sindicatos y partidos políticos, la problemática de nuestras pensiones y la explotación laboral que significa el fraude de ley que se comete en la contratación de quienes ejercen en el Turno de Oficio. Lo que parecía imposible, o algo anecdótico, ha pasado a primer plano del debate político a través de una pelea de muchos compañeros y muchas compañeras a lo largo de la geografía española, a través de Proposiciones No de Ley (PNLs) en los parlamentos autonómicos, mociones en los ayuntamientos, concentraciones en sedes de seguridad social y de juzgados, manifestaciones en Madrid, artículos de opinión, charlas, reuniones con decenas de colectivos etc.… Y, como no, también con una huelga en el Turno de Oficio, que pese a todas las medidas sancionadoras contra compañeros y compañeras ahí sigue poniendo en evidencia no solo las remuneraciones de miseria que se reciben, sino sobre todo la falta de cotización a la seguridad social por el desempeño de un trabajo esencial para la vida de juzgados y tribunales. Y todo ello con la inicial oposición de la mayoría de los colegios profesionales, posteriormente con el apoyo de solo alguno de ellos y la tibieza de la inmensa mayoría, y actualmente con un creciente convencimiento de parte de la abogacía institucional que, por necesidad o virtud, empieza a entender que esto también va con ellos y ellas.
Ambas problemáticas responden a una concepción del ejercicio de la profesión propia de otros tiempos, cuando, por un lado, quienes ejercían la abogacía y procura pertenecían a unas clases sociales privilegiadas por cuna, donde las pensiones no eran un problema, porque al ser muy pocos y muy ricos quienes ejercían la profesión, la vejez la tenían asegurada, y, por otro lado, podían ejercitar el turno de oficio como de una forma generosa, pero no como una obligación de justicia. Toda esa realidad fue cambiando en los años 70 y 80, con la incorporación a estas profesiones de personas que venimos de las clases trabajadoras, de aulas con más de 300 personas por curso, que hizo que el posterior acceso a la profesión se diera en unas condiciones donde el hacerse rico ya era una utopía, y suerte el que pudiera vivir de su trabajo. Sin embargo, quizás por nuestra falta de conciencia del problema, el estado (tanto el central como las comunidades autónomas) y la abogacía institucional, agrupada en las direcciones de los colegios profesionales, prefirieron mantener un sistema de protección social y de vejez paralelo al de la Seguridad Social, de tipo gremial, que se ha visto que no garantiza pensiones dignas, y un funcionamiento del Turno de Oficio, también con vocación residual, donde no se remuneraba y aseguraba debidamente la prestación de unos servicios que por su propio naturaleza tienen un carácter de relación laboral, pues no se ejercita de forma independiente, aunque quienes lo desempeñen puedan compatibilizar sus tareas con el ejercicio libre de la profesión. Un sistema de encuadramiento en la seguridad social que, sin embargo, daba y da pingues beneficios, en forma de remuneraciones varias, a los gestores de las mutualidades, y un Turno de Oficio mal pagado, reservado inicialmente no solo para clientes pobres, sino también para abogados pobres. En la medida que las personas que accedimos a la profesión en
Esas pasadas décadas nos íbamos acercando a la edad de jubilación, fuimos viendo como nuestras pensiones distaban mucho de las que nos prometieron, y como cada vez aparecían más macro-despachos donde la precariedad del trabajo de compañeros y compañeras superexplotadas se convertían en una competencia para los despachos de siempre, haciendo, en los últimos años, que miles de personas de esas generaciones hayan empezado a huir al funcionariado, volviéndose a dar una situación donde es posible que, a medio plazo, se vuelva al ejercicio de una abogacía, en particular, de tipo elitista.
En la medida que hemos ido tomando la conciencia de nuestra problemática y asumiendo la necesidad de luchar para cambiar esa realidad, durante meses hemos llevado la lucha de la pasarela al RETA y el tema del Turno de Oficio como si fueran dos temas distintos, cuando son dos caras de la misma moneda, que no es otra que la de la abogacía y procura precarias. Una minoría, inicial, entendimos que ambas luchas tenían que confluir, porque, además, con esa confluencia podíamos lograr una reconstrucción de nuestras vidas laborales capaz de garantizar unas pensiones suficientes, como las que exige la Constitución Española. Se nos puede decir que cotizamos poco a la Mutualidad o que pudimos pasarnos hace años a autónomos, aunque ello es fácilmente rebatible, no solo porque la mayoría cotizo lo que se les impuso y otros/as más encima, sino porque quienes llevamos más años en la profesión pasarse al RETA implicaba tirar al basurero las cotizaciones obligatorias con las que comenzamos nuestra vida laboral. Pero lo que nadie puede decir es que somos culpables de haber sido contratados en fraude de ley por el estado, a través del Turno de Oficio, y que no se haya cotizado por nosotros y nosotras, viendo ahora, que se acerca nuestra edad de jubilación, como por ello nos van quedar, a una inmensa mayoría, pensiones muy por debajo de las mínimas de seguridad social, y sin “complemento a mínimos”, pese a que a financiar los complementos de los demás también hemos contribuido, tanto como contribuyentes netos, como recaudadores de un impuesto indirecto, como es el IVA.
Esas luchas no han sido en vano, y hemos logrados, entre todos y todas, que la inmensa mayoría de los partidos políticos en el Congreso hayan asumido las enmiendas, a la propuesta de pasarela presentada por el PSOE, que recogen la necesidad de que se nos deje trasladar nuestras aportaciones de las mutualidades a la caja común de las pensiones, y que se nos reconozca, por haber estado en un régimen alternativo, pero de seguridad social, que cada año trabajado se considere año cotizado. A la par, tres grupos parlamentarios (SUMAR, JUNTS y EHBILDU), con otras enmiendas añadidas, dan respuesta a una reivindicación que se encuadra dentro de la huelga del Turno de Oficio, en cuanto a la dignificación profesional, sobre la regulación de las cotizaciones y su pago por el empleador. Hoy nos encontramos dentro del debate legislativo de una posible transaccional que pueda unificar las 3 enmiendas sobre cotización del TO, y obtener una mayoría parlamentaria suficiente para su aprobación legal.
Estamos en un momento crucial para lograr dar respuesta a las reivindicaciones antes indicadas, también las referentes al TO. Compártase o no la hoja de ruta a la que responden esas enmiendas, aprovechando el momento legislativo abierto básicamente
entorno a la pasarela, ya que el tema está a debate en el parlamento, lo razonable y lo solidario, parece que tiene que ser que todos los sectores de nuestro movimiento sumemos fuerzas para lograr lo que serían dos hitos históricos para nuestras profesiones, y también para la justicia social en nuestro país. No aprovechar el momento político y parlamentario ante el cual nos encontramos, sería dejarlo todo “sine díe” a las falsas promesas, tantas veces incumplidas, por administraciones y abogacía institucional. La ocasión la pintan calva, que dirían algunos, y lo que pone en riesgo lo avanzado hasta ahora es que dichas enmiendas no se asumieran parlamentariamente, y se devolviera a la abogacía y la procura, en particular la que desempeña básicamente su ejercicio en el turno, a la casilla de salida. Pues una pasarela solo para algunos y algunas, y una pasarela que no contemple las cotizaciones del Turno de Oficio, nos mantendría en la precariedad presente y futura, pero con menos capacidad de presión. Al final, si se aprueba una pasarela de mínimos o, lo que es peor, una pasarela trampa, la fuerza alcanzada en estos años corre el peligro de desinflarse, y mañana será mucho más difícil abordar la lucha por un Turno de Oficio por separado.
Es el momento, tanto de seguir presionando por una pasarela justa, como para que se generalice en el parlamento el apoyo que actualmente nos han dado las tres señaladas fuerzas políticas, porque es el reconocimiento explícito de la discriminación del colectivo de la abogacía y procura que presta su trabajo en el Servicio Público de Justicia Gratuita, (50 mil trabajadores que en 2024 atendieron más de 2,3 millones de asuntos, más de 1 de cada 4 casos de la administración de justicia).
Estamos ante una discriminación a la que se debe poner fin cuanto antes, y que no admite dilación, porque nadie puede vivir con pensiones de 400-600 euros, y sin reconocimiento de su vida laboral en el Servicio Público del Turno de Oficio. Esperamos que, tras el éxito de la entrada en el parlamento de las enmiendas señaladas, y de la manifestación en Madrid del 27 de septiembre, no podemos dilapidar el apoyo recibido, pues sería no sólo una oportunidad perdida, sino también rechazar el reconocimiento de la injusticia cometida durante decenios. Estamos ya cada vez más cerca de lograr culminar la senda que empezamos hace tres años, y para ello es más necesario que nunca, unidad para seguir luchando, inteligencia para convencer a las fuerzas políticas de la justeza de nuestras reivindicaciones y solidaridad entre el conjunto de ambas profesiones, pues como alguien dijo hace no tanto, este es el pleito de nuestras vidas y lo vamos a ganar.
FIRMANTES:
1º- RAFAEL VELASCO RODRIGUEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE GIJON.
2º- HELENA GARCIA-SEÑORANS ALVAREZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
3º- MARIA ISABEL VILALTA CALAF, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE BARCELONA.
4º- GEMA ROCIO CARRERA MONTALBAN, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MALAGA.
5º- JULIO CESAR MENENDEZ ARGUELLES, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE OVIEDO.
6º- JUANA CARRASCO ROMERO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE HUELVA.
7º- MARIA VICTORIA JAUREGUI ACUÑA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MALAGA.
8º- CAROLINA LOPEZ JAUGUERI, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MALAGA.
9º- BEATRIZ UNZUETA CRESPO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE BIZKAIA.
10º- JOSE MANUEL SEGURA VARELA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
11º- VALENTINA CONCEPCION MARTINEZ AMIGO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MADRID.
12º- MARIA ANTONIA MONTIEL RUIZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MADRID.
13º- MARIA JESUS MARTINEZ BORJAS, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE VIGO.
14º- MARIA JOSE LAMAS ONEGA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE LUGO.
15º- ALFREDO IGLESIAS SANTOS, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
16º- IGNACIO TAMARGO PELAEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE OVIEDO.
17º- JOSE MANUEL SEGURA VARELA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
18º – ALBERT AVALOS SANTILIARI, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE BARCELONA.
19º- MERCEDES AGUILAR LOPEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE BARCELONA.
20º- ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
21º- JOSE ANGEL COBREIRO MOSQUERA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
22º- MARIA TERESA BOUZON NEIERA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
23º -FRANCISCO JAVIER OTERO VILLAMARIN, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE VIGO.
24º- JUAN CARLOS HERMELO FERNANDEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
25º- GONZALO FARIÑA ROJAS, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
26º- JOSE ANTONIO CID NOVOA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
27º- MARIA DEL CARMEN REQUEJO CORDERO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
28º- MARIO FERNANDEZ GONZALEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
29º- CARMEN BEATRIZ CORDERO FERRADAS, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
30º- MYRIAN SALGADO ABOY, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
31º- MONTSERRAT DOMEQUE SERRANO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MADRID.
32º JOAQUIN DE VEGA CASTRO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
33º- MARTA LOPEZ SAN MARTIN, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
34º- JUAN MANUEL HERMELO SOLIÑO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
35º- YOLANDA LOUREIRO DIOS, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
36º- ISABEL CANOSA CASTIÑEIRA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
37º- MARIA ARANZAZU JUNCAL RIOS, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
38º- ABELARDO NAHUR CURRAS VAZQUEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
39º- JUAN LAGO FRANCO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
40º- CONCEPCION COLMEIRO VARELA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
41º- CARMEN NANCY DE LA FUENTE GIL, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
42º- MARIA ANGELES SANTOS DIAZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
43º- JAVIER ANTONIO GARCIA ESCUDERO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
44º- LUZ MARIA DOMINGUEZ PADILLA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE HUELVA.
45º MARIA LUZ VILLARES LOPEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
46º- ROSARIO GONZALEZ CELAYA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
47º- FRANCISCO JAVIER FELIPE PEREZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
48º- BEATRIZ ESTEVEZ FONTELA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
49º- RAMON SOUTO RODRIGUEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
50º- VIRGINIA BLANCO CORRAL, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
51º-FRANCISCO COSTAS COYA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
52º- ANDREA ROSILL DIAZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE GRANADA.
53º- BEATRIZ UNZUETA CRESPO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE BIZKAIA.
54º- MERCEDES AGUILAR LOPEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE BARCELONA
55º- MARIA ANTONIA MONTIEL RUIZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MADRID.
56º- MARIA JESUS MARTINEZ BORJA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE VIGO.
57º- MARIA TERESA RODRIGUEZ BERMUDEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE VIGO.
58º- VICTORIA COUSILLAS PEREZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
59º- LUIS MIGUEL BELIZON MELERO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CADIZ.
60º- FRANCISCA SANCHEZ MARTINEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE VALENCIA.
61º- AMPARO RODRIGUEZ RECIO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MADRID.
62º- MARIA JESUS MUÑOZ LOPEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE GRANADA.
63º- ALICIA MARINA FERNANDEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MALAGA.
64º- CRISTINA FARALDO CABANA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORDOBA.
65º- LUCIA LATORRE BUA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
66º- MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ CUBASC, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE LAS PALMAS.
67º- LUZ MARIA DOMINGUEZ PADILLA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE HUELVA.
68º- LOLA BERLANGA FLORES, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE HUELVA.
69º- MERCEDES DE LA PUENTE FORMOSO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
70º- ANA MELON MARTINEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE HUELVA.
71º- MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE VIGO.
72º- JOSEP CANLE SOUTO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE BARCELONA.
73º- ANA MARIA PAREDES CARCELLER, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE BARCELONA.
74º- PEDRO JOSE PEREZ FEITO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MALAGA.
75º- YOLANDA LAGO BERGON, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE VIGO.
76º- ANTONIO VICENTE CREMADES, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MURCIA.
77º LORENA MORENO FERNANDEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE HUELVA.
78º- DARIO JAVIER COSTAS VILA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE VIGO.
79º- CARMEN ARMENDIA SANTOS, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE ALICANTE.
80º- ISIDRO SORIA LABARGA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE ZARAGOZA.
81º- MARIA ANGELES VALCARCE Y MAGDALENA, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE BARCELONA.
82º- AGUSTIN ARIZA RAMIREZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CADIZ.
83º- LUIS MARIA POZA FERNANDEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CANTABRIA.
84º- MARTA MARTIN RODRIGUEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CANTABRIA.
85º- ISABEL LEÑERO CRUZADO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE HUELVA.
86º- SOLEDAD VAZQUEZ DEL REY, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE CORUÑA.
87º- MARIA GARCIA TRUJILLO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE BARCELONA.
88º- EVA MAGADAN, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE OVIEDO.
89º- ANDRES JESUS ESPINOSA CARRASCO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE LORCA.
90º- PEDRO JOSE PEREZ FEITO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE MALAGA.
91º- NATALIA MONESTINA SANCHEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE GIJON.
92º-MANUEL ARIAS SANTOS, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE VIGO.
93º- BEATRIZ FERRER FALQU, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE VIGO.
94º- SONIA BENEDETTI, DEL COLEGIO DE ABOGACIA CORUÑA.
95º- CRISTINA FERNANDEZ GARRIDO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE GIJON.
96º- TERESA IBALLA SUAREZ PADRON, DEL COLEGIO DE PROCURADORES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
97º. FILIPPO PALA TORRES, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
98º MARIA LUISA ANDRES CANDANEDO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE LEON.
99º- EVA MARIA REQUEJO FERNANDEZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE OVIEDO.
100º- ENOL MARTINEZ VALDES, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE GIJON.
101º-PILAR SANTAMARINA MACHO, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE GIJON.
102º- EDUARDO JAVIER SUAREZ RUIBAL, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PONTEVEDRA.
103º- DIEGO PAÑOS OLAIZ, DEL COLEGIO DE ABOGACIA DE PAMPLONA.
