El sistema de pensiones en España, como en muchos otros países, no ha sido diseñado teniendo en cuenta las realidades de las mujeres. Históricamente, las mujeres han sido consideradas principalmente trabajadoras en el hogar y encargadas del cuidado de la familia, tareas que, si bien fundamentales, no han sido remuneradas ni cotizadas en el sistema de pensiones. Mientras tanto, el sistema ha privilegiado un modelo masculino de trabajador asalariado, a tiempo completo, con una carrera laboral no interrumpida. Este modelo no solo ha sido injusto, sino que ha dejado de lado el valor del trabajo no remunerado realizado por las mujeres, contribuyendo a una brecha económica y social que persiste hasta el día de hoy.
Las mujeres, durante el siglo XX, han sido las principales receptoras de las pensiones de viudedad, debido a que la mayoría de ellas no cotizaron lo suficiente a lo largo de sus vidas laborales para acceder a pensiones contributivas directas. Esto se debe a que, por razones tanto históricas como estructurales, las mujeres tuvieron una participación laboral más corta, menos remunerada y menos estable que los hombres. Las mujeres de más de 65 años, que en su mayoría se encuentran en este contexto, dependen mayoritariamente de las pensiones de viudedad o de pensiones no contributivas, las cuales son considerablemente más bajas que las pensiones contributivas directas, que suelen ser las que perciben los hombres.
Una de las principales razones por las que las pensiones de las mujeres son menores que las de los hombres radica en la estructura misma del sistema de pensiones, que ha sido diseñado sobre la base del trabajo remunerado formal, obviando el trabajo no remunerado que históricamente han realizado las mujeres en los hogares. La división sexual del trabajo ha sido clave en esta desigualdad. Las mujeres han sido responsables del trabajo doméstico y del cuidado de los niños, ancianos o personas dependientes, una labor que no ha sido valorada ni en términos salariales ni en términos de cotización a la Seguridad Social. Este fenómeno ha llevado a una de las mayores disparidades en el sistema de pensiones: la «feminización de la pobreza». Las mujeres, en su mayoría, han cotizado menos que los hombres y, por lo tanto, tienen pensiones más bajas. Además, muchas de ellas han trabajado en condiciones precarias, con contratos temporales, a tiempo parcial, o en trabajos informales. Esta precariedad laboral ha sido particularmente pronunciada en el caso de las mujeres, que a menudo han tenido que compatibilizar sus responsabilidades laborales con las familiares. Esto no solo ha resultado en pensiones contributivas más bajas, sino que también ha dejado a muchas mujeres sin pensión alguna, viéndose forzadas a depender de una pensión de viudedad.
La pensión de viudedad en España fue inicialmente diseñada como una medida de protección para las mujeres que, debido a la estructura familiar patriarcal, dependían económicamente de sus maridos. En este contexto, si el esposo fallecía, la mujer quedaba en una situación de vulnerabilidad económica que el sistema de pensiones intentaba mitigar mediante una pensión que se derivaba de la cotización del marido. Sin embargo, esta lógica sigue vigente, incluso cuando la situación social y económica ha cambiado considerablemente. A pesar de que los avances legislativos y normativos en España han favorecido la igualdad de género, la pensión de viudedad sigue siendo, en muchos casos, una extensión de la pensión del marido. Las cuantías de las pensiones de viudedad se fijan en función de un porcentaje de la base reguladora, que generalmente es de un 52%. Esto significa que la mujer recibe poco más de la mitad de lo que percibiría su cónyuge en pensión, lo que pone de manifiesto la discriminación inherente al sistema. El modelo sigue asumiendo que quien trabajaba y cotizaba era exclusivamente el marido, lo que resulta en una injusticia, ya que ignora la contribución de la mujer en el hogar y en otras actividades no remuneradas.
El impacto de esta discriminación es aún más profundo cuando se observa en mujeres mayores de 65 años. A medida que envejecen, muchas mujeres se enfrentan a una precariedad económica extrema debido a sus pensiones bajas o inexistentes. Este fenómeno se ve agravado por el hecho de que las mujeres mayores, en muchos casos, carecen de la red de apoyo que podría proporcionar una pensión contributiva significativa. La combinación de una vida laboral interrumpida, los salarios bajos y la escasa cotización social ha dado como resultado una gran cantidad de mujeres mayores que dependen casi exclusivamente de las pensiones de viudedad, las cuales, como ya se ha señalado, son bajas.
La feminización de la pobreza no es un fenómeno exclusivo de países en vías de desarrollo, sino que también está presente en naciones desarrolladas como España. Las mujeres mayores que reciben pensiones de viudedad son el rostro de esta pobreza estructural, que es consecuencia directa de una histórica desigualdad en el acceso al empleo remunerado, a salarios dignos y a una cotización adecuada al sistema de pensiones. Es imprescindible reconocer que la reforma del sistema de pensiones es una necesidad urgente, especialmente en lo que respecta a las mujeres. En primer lugar, es fundamental revisar el diseño de las pensiones de viudedad, que actualmente sigue estando basado en el modelo patriarcal y desactualizado. La pensión de viudedad debe evolucionar para reconocer las realidades del trabajo de las mujeres, incluidas las actividades no remuneradas en el hogar y los cuidados familiares. Las políticas públicas deben buscar la equidad entre géneros, garantizando que las mujeres, que a menudo han sido las principales responsables de la crianza de los hijos y de los cuidados familiares, puedan acceder a pensiones dignas.
Asimismo, se debe abordar la segregación laboral que ha afectado a las mujeres, con una mayor presencia en trabajos a tiempo parcial y precarios. Las reformas deben orientarse hacia la creación de un sistema más justo, que no dependa exclusivamente del modelo tradicional de trabajador a tiempo completo. También es necesario mejorar las condiciones laborales de las mujeres, garantizando salarios más altos y un mayor acceso a trabajos de calidad, lo que a su vez permitirá que las mujeres coticen más y tengan pensiones más altas en su jubilación.
El sistema de pensiones en España sigue siendo una fuente de discriminación para las mujeres mayores, especialmente aquellas que dependen de las pensiones de viudedad. La feminización de la pobreza es un fenómeno real que afecta a muchas mujeres mayores, debido a una estructura laboral y social que no ha reconocido ni valorado adecuadamente el trabajo de las mujeres, ni en el hogar ni en el mercado laboral. Para combatir esta desigualdad, es necesario un cambio en el enfoque de las políticas de pensiones, que considere las realidades laborales y familiares de las mujeres y que garantice una mayor justicia y equidad en el acceso a una pensión digna.
