Por Reis Vidal
Ser madre y defender a tus criaturas de un maltratador debería ser un derecho y no una lucha desesperada contra el sistema. Juana Rivas no sólo ha tenido que afrontar la violencia de su expareja, sino también a todo un entramado institucional que no solo le da la espalda sino la castiga por defender a sus hijos del maltratador. Como dijo María Salmerón, las mujeres tenemos la presunción de culpabilidad ante la justicia.
¿Por qué se reabre el caso de Juana Rivas y sus hijos?
Este proceso judicial ha vuelto a abrirse porque la Fiscalía italiana después de aproximadamente siete años presentó en noviembre un escrito de procesamiento contra el padre, Francesco Arcuri, por presunto maltrato a los menores. Se le acusa de someter a ambos hijos «habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas» . Curiosamente, el nombre del agresor desaparece de titulares y noticias con gran habilidad contrastando con la omnipresencia del de la madre. Con estos mimbres, el Tribunal Supremo de Italia obliga repetir el juicio por el que separaron a los hijos de Juana de su madre. Es decir, la inseguridad que planteaba la madre y sus temores no parecen infundados. La sentencia contra Juana Rivas y las posteriores actuaciones de la fiscalía después nos ha de llevar a reflexionar cómo las instituciones actúan en beneficio del bienestar del menor ante los casos de condenas de violencia de género.
La historia del maltrato por ser mujer.
La historia de Juana Rivas nos llegó en 2016 cuando decidió huir de Italia con sus dos hijos. Su expareja Francesco Arcuri, un hombre condenado por maltrato desde 2009, había amenazado repetidamente su seguridad y la de sus pequeños. La razón por la cual Juana tomó esa decisión fue simple: quería proteger a sus hijos del peligro al que estaban expuestos. Al llegar a España, buscó ayuda en instituciones, pero lejos de recibir apoyo, se encontró con un sistema que la condenó. Por ello, se vio abocada a esconder a sus hijos para protegerlos.
Pero el Tribunal de Cagliari italiano, el equivalente a una audiencia provincial, ordenó a Juana que devolviera a sus hijos a Francesco Arcuri a pesar de las pruebas de violencia que él había ejercido sobre ella durante años. En lugar de protegerla a ella y a sus niños, el sistema judicial español ratificó la sentencia y determinó que los menores debían regresar a Italia con su agresor, desoyendo las denuncias previas. Juana, que solo buscaba salvar a sus hijos, fue sentenciada a cinco años de prisión por sustracción de menores, además de ser despojada de la patria potestad durante seis años. A pesar de la reducción de la condena a dos años por parte del Tribunal Supremo, la sentencia no cambió la situación de fondo: la justicia no protegió a los menores ni a Juana, y los menores fueron obligados a vivir con un maltratador.
El grito de auxilio de los hijos de Juana Rivas
En este contexto, los hijos de Juana viajaron a España para pasar las fiestas de Navidad de 2024 con ella y su familia. Sin embargo, durante su estancia, el padre viajó a España sin justificación y envió mensajes. Juana y el hijo mayor presentan, el día anterior a Nochebuena, una denuncia contra Francesco Arcuri por intimidación e intento de coacción para intentar influir en el procedimiento judicial que tendrá lugar en Italia por la acusación que hizo en noviembre la Fiscalía de aquel país contra Francesco Arcuri.
A pesar de las denuncias ante las autoridades españolas, el sistema no actuó con la rapidez ni la eficacia necesarias para garantizar la seguridad del menor, del hermano mayor y de su madre. En lugar de encontrar un respaldo legal, Juana y sus hijos se encuentran nuevamente desprotegidos, con las instituciones mirando hacia otro lado.
El hijo mayor de Juana Rivas, desesperado por la situación, grabó un vídeo en el que pide ayuda y expresa su temor por la seguridad de su hermano pequeño. En sus palabras, busca “transmitir al mundo lo que está sucediendo y no debería de suceder”. Este llamado desgarrador pone en evidencia la gravedad del caso y el abandono de las instituciones hacia las víctimas
¡Cerrado en Navidad!
El Juzgado de Primera Instancia de Granada se declaró incompetente para dictar medidas de protección y derivó el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero debido a las vacaciones de la magistrada titular, el caso fue archivado y no se tomaron decisiones urgentes.
Craso error. Debería de haber una sustitución de la magistrada ipsofacto que atendiera estos casos urgentes. Aunque la madre ha pedido a la Fiscalía que actúe rápidamente, el 8 de enero el menor de 10 años deberá volver a Italia con Francesco Arcuri, a quien la fiscalía le ha abierto un proceso por maltrato.
La madre del menor está agotando todas las opciones legales disponibles para evitar que su hijo de 10 años, regrese a Italia con su padre tras las vacaciones navideñas. A pesar de sus esfuerzos, hasta ahora no ha logrado obtener una orden de protección del menor y ha recurrido a la Fiscalía.
La falta de respuesta inmediata evidencia la desconexión entre los protocolos del sistema VioGen y la realidad de las víctimas:
La justicia italiana un calco de la española.
Pese a las denuncias, la justicia italiana vuelve a desoír los hechos, reafirmando un patrón de maltrato institucional que no protege a las víctimas, sino que criminaliza a las mujeres que intentan defenderse. Este caso evidencia cómo la justicia perpetúa el poder patriarcal, dejando a las mujeres y sus hijos desamparados. Ahora, quedamos a la espera. La justicia española tiene que dirimir si aplica las medidas cautelares y el menor se puede quedar en España lejos de los maltratos narrados por su hermano mayor.
Ante esta situación, si la justicia española no se pronuncia, el pequeño será obligado a regresar con su padre el 8 de enero.
La pregunta crucial: ¿Por qué no se cambió la ley?
Un interrogante que surge a raíz de este caso es por qué, durante el tiempo que el gobierno de la izquierda estuvo y está en el poder, no se ha re formulado la ley contra la violencia de género con una perspectiva feminista que no transgenerista. Pues el Ministerio de Igualdad tiene una función, conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Velar y defender los derechos de las mujeres. Pero, me temo que los cambios que quieren introducir tienen más de diversidad que de igualdad. Habrá que estar atentas. Pero volviendo a lo que nos trae, ¿podría haberse aprobado un decreto que impidiera a los agresores condenados por violencia de género tener la patria potestad de sus hijos? Sí, pero falta compromiso político real con las mujeres. Esta medida podría haber sido una solución sencilla, pero nunca se adoptó. Esta omisión deja claro que, en muchas ocasiones, la protección de las mujeres y niños no es una prioridad real para las instituciones.
La desatención del Ministerio de Igualdad hacia la violencia machista
Desde la llegada de Podemos al Ministerio de Igualdad, el enfoque en la lucha contra la violencia de género y vicaria ha ido perdiendo peso, siendo fagocitada por la promoción de un ministerio de “diversidad” que ha desviado la atención de los problemas fundamentales de opresión hacia las mujeres, aumentando la desprotección de las víctimas de violencia machista. En lugar de priorizar las políticas públicas para la igualdad real y proteger a las mujeres y sus criaturas de la violencia de género, el ministerio ha hecho más ruido con tweets, pancartas y apariciones mediáticas que con medidas efectivas.
Promesas incumplidas y una situación cada vez más grave
En mayo de 2021, Irene Montero y Victoria Rosell anunciaron que revisarían los protocolos de actuación contra la violencia de género, pero al llegar a 2023 la situación solo había empeorado, con cifras alarmantes de asesinatos y una violencia de género que sigue sin ser enfrentada adecuadamente.
La invisibilización de las asociaciones feministas
Las organizaciones feministas que llevan décadas luchando contra la violencia machista, muchas de ellas trabajando sin el apoyo suficiente de las instituciones, se vieron obligadas a enviar un comunicado abierto a la ministra Montero, ya que se les negó una reunión directa. En este comunicado, firmado por asociaciones y personas comprometidas con muchos años de experiencia, expusieron propuestas fundamentales para proteger a las víctimas y sus menores. ¡AÚN ESTÁN ESPERANDO!
La oportunidad perdida de legislar con firmeza
A pesar de esta solicitud, no hubo ningún cambio significativo. Las leyes no han sido reformuladas, ni por la anterior ministra, ni por la actual Ana Redondo con perspectiva feminista. Un ejemplo, es el caso de Juana Rivas y sus hijos, que ha de esperar la buena voluntad, el buen humor o la formación individual de los jueces más que la aplicación de una Justicia igualitaria, protectora con las víctimas y sancionadora con los agresores.
Blindar los derechos de mujeres y menores, una tarea pendiente
Aunque sabemos que la justicia es patriarcal, las leyes están para blindar los derechos de las mujeres y de los menores. Precisamente por eso existe la Justicia: para legislar con claridad y cerrar cualquier espacio a interpretaciones judiciales perjudiciales. La excusa de que “los jueces no aplican bien las leyes” no debería servir de amparo, ya que para evitarlo es necesario crear una legislación cuya normativa judicial sea clara. Siempre y cuando se consulte y escuche a las especialistas y asociaciones feministas (que es diferente que los transgeneristas porque no comparten la agenda) que trabajan con las víctimas y en el ámbito judicial.
El oportunismo mediático del Ministerio de Igualdad y su ex.
Lo más doloroso es que ahora, ni la actual ministra ni la anterior se han reunido con las asociaciones para escuchar la agenda feminista, cuando la situación sigue siendo desastrosa. Estos días, con el caso de los hijos de Juana la exministra de Igualdad vuelve a aparecer en el foco mediático, buscando capitalizar la atención con declaraciones vacías y promesas sin fundamento. La realidad es que como dice el refrán “obras son amores y no buenas razones”.Demuestran el verdadero compromiso con las víctimas, las acciones concretas, no los discursos que solo buscan crear una falsa imagen de ser feminista.
Además, la falta de transparencia en el uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como los 80 millones destinados a este fin, es alarmante. El dinero destinado a las asociaciones y mujeres maltratadas no llega. Mientras, las imágenes y discursos vacíos siguen siendo lo más visible.
Produce mucha impotencia que se utilice la violencia que sufrimos las mujeres para hacer populismo partidista y al mismo tiempo, denostar a las feministas abolicionistas, las que siempre han estado en la lucha contra la violencia de género.
Una ley que dejó desprotegidas a las mujeres
Peor aún, la ley que sí aprobaron, sin un debate público y amplio, permite que un hombre condenado por violencia de género pueda cambiar su identidad de género en el registro. Lo que significa que cualquier futuro delito de violencia de género ya no sería tratado por un juzgado especializado en estos casos. Dejando a las víctimas sin todos los recursos y apoyos que les provee la ley. Este vacío legislativo no solo socava los avances en la protección de las mujeres, sino que crea un escenario de impunidad al victimario, dejando a las víctimas aún más desprotegidas. La Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG, 2004), fue aprobada dejando fuera de el resto de violencia que sufren las mujeres
Las cadenas de la opresión
El caso de Juana Rivas no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno global. En Afganistán, el regreso de los talibanes ha resultado en una completa eliminación de los derechos de las mujeres: no pueden trabajar, estudiar, ni moverse libremente. Millones de mujeres viven bajo un régimen que las condena a la invisibilidad. Mientras tanto, la comunidad internacional no parece tomar medidas efectivas para frenar este ginocidio
En Gaza, las mujeres y los menores son las principales víctimas de este ataque sin precedentes contra la población civil. Sin embargo, son sistemáticamente excluidas de los procesos de negociación y toma de decisiones que afectan su futuro, perpetuando su invisibilidad en un contexto donde deberían ser las protagonistas.
En el Reino Unido, durante décadas, una red de hombres abusó sexualmente de niñas, mientras que las autoridades, por miedo a crear controversias, no les dieron el respaldo necesario. Este silencio institucional dejó a miles de víctimas sin protección, mostrando cómo, cuando el poder y la cultura prevalecen, las vidas de las mujeres y niñas quedan en segundo plano. Nadie pensó en ellas.
Podríamos seguir pero necesitaríamos una rotativa con kilómetros y kilómetros de papel para denunciarlo.
Conclusión: Una lucha estructural y colectiva
No sé si la justicia española protegerá a Juana y a sus hijos, pero lo que si está claro es que estamos desprotegidas por el odio que se tiene hacia las mujeres. Solo la misoginia puede explicar que la justicia sea una barrera en lugar de una salvación para las mujeres maltratadas y para sus criaturas. El caso de Juana Rivas es un recordatorio doloroso de que el sistema de justicia sigue fallando a las mujeres. Ya sea en España, Afganistán, Gaza o el Reino Unido, las mujeres siguen siendo víctimas de un sistema patriarcal, coercitivo o de coacción, que no nos protege, sino que propicia un sistema que nos vulnerabiliza. Juana no solo lucha contra su agresor, sino contra un sistema politico- judicial, contra un sistema internacional de opresión diseñado para perpetuar la impunidad de los varones contra las mujeres.
Es hora en que la lucha por los derechos de las mujeres deje de ser una quimera populista y se convierta en el asunto central de las agendas políticas, judiciales y económicas. Las mujeres como Juana, y tantas otras, merecemos vivir libres de violencia, vivir sin miedo en un mundo donde la justicia feminista sea una realidad. La pregunta es: ¿qué más tiene que pasar para que se produzca la transformación feminista del sistema?
Última noticia
Juana Rivas logra que su hijo menor permanezca en España, por ahora. La jueza de guardia ha escuchado el grito de su hijos. Es una buena noticia pero permanecemos en alerta hasta la resolución final.
