¿Trabajo garantizado o plan de empleo rural?

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A continuación se puede visionar la entrevista que le realicé el 31 de diciembre de 2025 a Miguel Ángel Andrés Llamas, coordinador de Podemos en Castilla y León, con motivo de la presentación ante el ministerio de trabajo de su propuesta de trabajo garantizado.

El regusto que me queda de la entrevista es agridulce. Empecemos por lo bueno. En la entrevista, Llamas se declara partidario de la salida del euro y de la recuperación de la soberanía monetaria. Esto sin duda dice mucho en favor de este doctor en derecho y licenciado en ciencias políticas de 38 años que este verano asumió el cargo de máximo dirigente de Podemos en Castilla y León.

La soberanía monetaria es necesaria para la implementación del trabajo garantizado. Sin ella, el Estado no puede garantizar que todo ciudadano que pueda y quiera trabajar, pero no encuentre un empleo ni en el sector privado ni en el sector público permanente, pueda ser contratado mediante un plan de trabajo garantizado. La soberanía monetaria es lo que permite que el Estado y no el sector privado pueda decidir el nivel general de paro, ya que el desempleo es un fenómeno monetario (el Estado puede comprar todo lo que esté a la venta en su moneda, incluida la mano de obra desempleada, ya que por mucho que gaste no se puede quedar sin ella).

Las bastardizaciones del trabajo garantizado siempre comparten una misma característica: intentan hacer pasar el trabajo garantizado por planes de empleo “financiados” por impuestos. Este fue caso de las propuestas de trabajo garantizado de los hermanos Garzón (defensores de la permanencia de España en el euro), las cuales no eran más que planes de empleo juvenil “financiados” con impuestos. Ante un aumento de la presión fiscal, las empresas privadas pueden decidir disminuir sus plantillas. Si el Estado no cuenta con soberanía monetaria, esto puede conllevar aumentos del nivel general de paro. No obstante, el trabajo garantizado arrebata a las empresas privadas la capacidad de decisión sobre el nivel de desempleo y se lo entrega al Estado, el cual, gracias a la soberanía monetaria, puede garantizar en todo momento el nivel de pleno empleo independientemente de las decisiones de contratación de las empresas privadas. Además, no es cierto que los impuestos puedan financiar ni el trabajo garantizado ni ningún gasto estatal, ya que los impuestos se recaudan después de realizado el gasto público. Por consiguiente, los impuestos destruyen activos financieros netos (dinero) y el gasto público los crea. Los impuestos no financian absolutamente nada, sino que cumplen una triple función: dan valor al dinero, modulan las presiones inflacionarias e incentivan (o desincentivan) las diferentes actividades económicas, pero en ningún caso pueden “financiar” el gasto público. (Esto se encuentra explicado de manera muy sencilla en el libro de Randall Wray llamado Dinero para principiantes).

Cuando se dice que algo se financia con impuestos lo que en realidad se está diciendo es que la financiación cumple con una limitación autoimpuesta del déficit público. En el caso de la Unión Europea y del euro, esa limitación autoimpuesta es el 3% de déficit recogido en los tratados de la UE. Por consiguiente, cuando se dice que algo se “financia” con impuestos lo que se dice realmente es que se financia como todo el gasto público, es decir, mediante transferencias desde banco central, pero vinculando ese gasto a un límite de déficit público autoimpuesto. Esto hace que dentro del euro España no pueda implantar el trabajo garantizado, ya que el límite del 3% de déficit público de los tratados es insuficiente para llevar a cabo un plan de trabajo garantizado en España.

La parte amarga de la entrevista es que la propuesta de Llamas es en realidad un plan de empleo rural para Castilla y León “financiado” con impuestos, lo cual puede ser algo positivo y necesario, pero no tiene nada que ver con el trabajo garantizado. Primero, porque como hemos dicho los impuestos no financian el gasto público y segundo porque el trabajo garantizado es mucho más que un plan de empleo.

Es cierto que una de las consecuencias del trabajo garantizado es el pleno empleo, pero esa no es su principal característica. Lo fundamental del trabajo garantizado es que se trata de un estabilizador automático de la economía que actúa como anclaje del nivel general de precios y convierte al pleno empleo en una variable endógena del ciclo económico.

Para entender esto es fundamental comprender que para controlar la inflación en una economía siempre se necesita una reserva de estabilización de los precios. En el caso del capitalismo esa reserva de estabilización es el desempleo. Así, cada vez que surgen presiones inflacionarias, el capitalismo recurre al aumento del desempleo para estabilizar el nivel de precios. Mediante el trabajo garantizado, una propuesta profundamente socialista y anticapitalista, la reserva de estabilización de los precios no es de desempleados, sino de empleados que forman parte del plan de trabajo garantizado.

En tiempos de crecimiento económico, el número de trabajadores en el plan de trabajo garantizado será más pequeño que en tiempos de crisis económica. Durante los periodos de crecimiento, los trabajadores del trabajo garantizado evitarán que el pleno empleo conlleve aumentos inflacionarios de los salarios porque las empresas siempre podrán recurrir a ellos ofreciendo un salario superior al salario del trabajo garantizado, que sería el salario mínimo de la economía. Durante las crisis, el número de trabajadores del plan de trabajo garantizado aumentaría. Gracias a ello se evitarían espirales deflacionarias destructoras de tejido productivo porque los trabajadores del trabajo garantizado sostendrían el nivel de demanda gracias al salario del trabajo garantizado. De esta manera, tanto en tiempos de crisis como en tiempos de expansión el nivel de precios se mantendría relativamente constante.

A esto hay que añadirle dos factores. Para no ser inflacionario el trabajo garantizado no debe producir bienes y servicios que compitan en el mercado contra los bienes y servicios producidos por el sector privado y el sector público permanente. Además, el trabajo garantizado debe implementarse mediante una inversión inicial mínima o nula para no competir por los recursos reales contra el resto de sectores económicos.

Por último habría que señalar que el éxito del trabajo garantizado se mide por lo reducido de su tamaño. Es decir, cuanto más pequeño sea el plan de trabajo garantizado, mayor será su éxito, ya que el objetivo es que el número de trabajadores que cobren el salario mínimo sea el menor posible. Por tanto, el trabajo garantizado no puede ser un medio ni para pagar menos a los trabajadores y ni para acercar el salario mínimo al salario modal, sino que debe estar compuesto por el menor número de trabajadores posible que realicen los trabajos que no deben ser realizados de manera permanente y que no suelen ser cubiertos ni por el sector privado ni por el sector público permanente.

Llamas parece ser ajeno a estas características del trabajo garantizado y en la entrevista habla de contratar mediante el trabajo garantizado a los bomberos que Castilla y León necesita. Esto no debe realizarse mediante el trabajo garantizado, ya que la plantilla de bomberos de Castilla y León debe ser permanentemente la necesaria para garantizar la lucha exitosa contra los incendios en esa comunidad autónoma. Por tanto, los bomberos castellanoleoneses no deben cobrar el salario mínimo sino un salario superior acorde con el trabajo que realicen. De lo contrario se estaría utilizando al trabajo garantizado como medio para disminuir los salarios y acercar el salario mínimo al salario modal.

En cuanto al nivel de déficit público, Llamas insiste en la entrevista en la imposibilidad económica que pretende hacer compatible al trabajo garantizado con la permanencia de España en el euro. Tal y como le expongo en la entrevista, con motivo de la publicación en español del libro de Pavlina Tcherneva En favor del trabajo garantizado, en el año 2020 José Luis de la Fuente O’Connor y yo escribimos un artículo llamado ¿Es hora de un programa de trabajo garantizado en España? para el periódico Cinco Días. En él calculamos el coste de implantar el trabajo garantizado en España y llegamos a la conclusión de que ese coste sería de aproximadamente el 4,5% del PIB español. A día de hoy, esas cifras serían muy similares. Por consiguiente, el trabajo garantizado en España es incompatible con la permanencia en el euro. El nivel de déficit público correcto, tanto en España como en el resto de países, es el nivel que permita conseguir el pleno empleo sin crear presiones inflacionarias. En España, ese nivel es muy superior al límite del 3% de déficit público impuesto por la Unión Europea, tal y como explica el economista australiano Bill Mitchell (padre de la teoría monetaria moderna) en su libro La distopía del euro.

Por desgracia, la conclusión de la entrevista es que la implementación del trabajo garantizado está muy lejos de ser una realidad en España. No obstante, es esperanzador que un político relevante como Llamas se muestre en favor de la recuperación de la soberanía monetaria y que por lo menos tenga en su ideario la formulación del trabajo garantizado.

Veremos qué respuesta recibe la propuesta de Llamas por parte de la ministra de trabajo Yolanda Díaz. Lo más probable es que la ministra de trabajo no llegue ni siquiera a considerarla seriamente. En cualquier caso, tendremos que esperar.

Euro delendus est.

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