Por Amparo Mañés
Estos días, a cuenta del escándalo de las grabaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García, están proliferando en las redes sociales multitud de comentarios en relación con la prostitución y la reivindicación feminista de su necesaria y urgente abolición.
A la luz de esa reivindicación, siempre hay algunos hombres que lamentan la situación de estas mujeres violadas. Pero son «rara avis» frente a la inmensa mayoría de los varones que se apresuran a aportar argumentos que justifican la prostitución. Veamos una selección de ellos.
Algunos varones dicen que las feministas reivindicamos aquello de «mi cuerpo es mío» pero luego no dejamos que las mujeres «decidan» prostituirse. Lo que, casualmente, sirve para que los puteros puedan hacer con esa libertad -no lo que ellas quieren- sino lo que quieren ellos.
Los hay que afirman que las feministas cuestionamos la «capacidad de agencia» de las mujeres prostituidas. Si ellas quieren hacerlo -afirman- es su derecho y nadie tiene por qué cuestionarlo. Olvidan que el derecho a una vida digna, libre de humillaciones y de tratos inhumanos o degradantes es un derecho humano de carácter social. Y, por ello, es ejercitable -pero no renunciable- individualmente.
Otros tipos argumentan que es una actividad «empoderante» para esas mujeres. Está claro que «poder» y «empoderamiento» no significan lo mismo. Porque, si analizamos lo que ocurre en prostitución, quienes tienen poder son los proxenetas y puteros. Los primeros, imponiendo las condiciones del ejercicio de la prostitución, lo que deben cobrar las mujeres, el horario inacabable, el lugar y las condiciones para hacerlo, etc.; y los puteros, decidiendo quién, cómo y cuándo quieren que les preste «el servicio».
Por el contrario, «empoderarse» en este entorno significa someterse -en todo- al proxeneta y al putero. Así es que, ¡qué quieren que les diga! Cualquier mujer en su sano juicio, si pudiera, preferiría el poder al empoderamiento, ya que este último término viene a significar que varones desconocidos puedan violar, abofetear, estrangular y/o humillar a mujeres de mil maneras…
Otro argumento consiste en afirmar que la prostitución es necesaria ya que, sin ella, los varones violarían más a las demás mujeres. Es decir, se acepta que haya víctimas inocentes pero vulnerables, debido a que, en materia sexual, los varones son -más que seres humanos- animales capaces de violar para apaciguar sus necesidades «incontrolables» de descarga sexual. Al parecer olvidan que esa descarga es perfectamente controlable y además, que puede conseguirse por medios propios sin intervención de terceras personas. Aunque, claro, esa autoestimulación no proporcione la misma sensación de poder que la que se consigue imponiéndose a una mujer que no les desea y a la que le dan un infinito asco.
También hay varones que -bien por la vía de afirmar que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera- o bien por la de aceptar que es la solución para mejorar las condiciones de vida de las mujeres prostituidas, consideran que hay que «regularizar la prostitución». Así es que veamos algunas de las implicaciones de esta propuesta:
- Para empezar, el sistema educativo debería diseñar itinerarios curriculares para aprender el oficio: formación profesional, incluido el correspondiente período de prácticas, etc.
- Para obtener empleo, las mujeres prostituidas (digo, trabajadoras sexuales), deberían diseñar sus respectivos CV con indicación de las técnicas en las que se han especializado y la experiencia profesional acumulada.
- Al concurrir a ofertas de puestos de trabajo propias de su formación, deberían realizar la demostración práctica de las habilidades sexuales alegadas ante los eventuales contratantes proxenetas (digo, empresarios).
- Una vez formalizado el contrato, procedería su afiliación y cotización a la Seguridad Social. Dado que tienen derecho a la cobertura sanitaria pública, coticen o no, la mayor ventaja de la cotización es la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación. Aunque, como la vida laboral en esta actividad es bastante corta (abuso de drogas, «accidentes laborales» incluso con resultado de muerte, suicidios, etc.; y también debido a que son desechadas en cuanto se las considera «viejas» -cada vez este infame mercado las elige más jóvenes- me temo que muy pocas mujeres prostituidas (digo, trabajadoras sexuales), tendrían luego derecho a pensión, debido a la insuficiencia de cotizaciones.
- Deberían considerarse enfermedades profesionales todas las que tengan su origen en la transmisión sexual, las traumáticas en el ejercicio de la prostitución (digo, actividad), las debidas a la ingesta de drogas y alcohol, ya que todo ello es consustancial al ejercicio la prostitución (digo, actividad).
- Además, en función de sus ingresos, las mujeres prostituidas deberían realizar la declaración y, en su caso, pago del IRPF. El Estado se convierte en proxeneta (digo, en «recaudador» de impuestos). Todo muy muy legal. Porque, como ocurre en Alemania, muchas mujeres deben someterse a más actos de violación pagada para poder pagar sus impuestos. Y, como la mayoría serán inmigrantes con dificultades de conocimiento de la fiscalidad española o incluso del idioma, deberán pagar a una gestoría que les lleve estos asuntos; porque el proxeneta (digo, empresario), resulta mucho más caro.
- Si se trata de un trabajo, procedería aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En primer lugar, garantizando que los puteros (digo, clientes) estén «limpios» de ETS u otras enfermedades contagiosas. Para eso resulta necesario implantar las analíticas a pie de cama.
- Se debería determinar la imposibilidad de desarrollar la actividad bajo las drogas o el alcohol. Lo cual implica tanto al putero (digo, cliente) como a la mujer prostituida (digo, trabajadora sexual). Aquí también debería requerirse una analítica a pie de cama.
- El ejercicio de la prostitución, desde prevención del riesgo laboral, requeriría también el uso de equipamientos que aislaran el cuerpo entero -incluidos orificios- de la mujer a violar (digo, a prestar el servicio) para evitar el contacto con fluidos corporales, dado el riesgo que ello comporta para la salud de la mujer prostituida (digo, trabajadora sexual).
- También debería realizarse una revisión continua y sistemática de locales (dado que se trata de una actividad de alto riesgo para la salud) en orden a garantizar higiene, ventilación, etc. Exigiendo la limpieza (ducha desinfectante) obligada del putero (digo, cliente), antes de poder realizar «la actividad».
- La cartera de servicios de la prostitución, debería excluir -radicalmente- todo tipo de violencia, o de tratos vejatorios o degradantes, al resultar del todo incompatibles con la «dignidad inherente al trabajo».
- La manera de atender el servicio debería depender, sobre todo, de la voluntad de la mujer prostituida (digo, trabajadora sexual), como ocurre en otras profesiones. Sin que proceda que el putero (digo, cliente) le diga cómo debe comportarse.
- Otra cuestión importante es la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La violación regularizada (digo, el servicio sexual), no debería ejercerse por menos de 9,26 €/hora. Lo que claramente garantiza unos buenos ahorros. Especialmente necesarios para una vida futura sin derecho a pensión.
- En caso de violación a mujeres que no tengan el carnet de trabajadoras sexuales, que la prostitución sea un trabajo proporcionaría mayor facilidad en la determinación del coste de las indemnizaciones.
Así, salvo que la violación se realice mediante violencia (porque entonces esta segunda, pero no la primera, sería un delito), estamos en presencia de un simple hurto -uso no consentido de los «bienes» de otra persona. Y para fijar la indemnización que proceda, bastaría con garantizar que la cuantía no pueda ser inferior a 9,26€ por hora, teniendo en cuenta la duración de la violación.
- Por otra parte, si se detecta un sensible sesgo de género (es decir, fuerte presencia de mujeres en esta actividad laboral), resultará imprescindible implementar políticas de fomento del ejercicio de la prostitución en varones. Al fin y al cabo, una descarga es una descarga, un servicio es un servicio, y todo orificio es trinchera.
- Dado que regularizar la prostitución parte de la premisa de que se trata de un trabajo como otro cualquiera, se abre la posibilidad de ofrecer el servicio a demandantes cercanos: padres, hermanos, hijos, nietos… como ocurriría en cualquier otra actividad. Incluso con descuento.
- Como es un servicio tan irrenunciable, que -al parecer- nada ni nadie puede impedir, debería ser considerado un servicio público. De manera que el Estado debería incorporar a su oferta de empleo, oposiciones para cubrir plazas de prostitución (digo, de trabajo sexual). De manera que los varones sin disponibilidad económica tengan también derecho a una descarguita a cargo del Estado.
Podría seguir. Pero creo que basta con lo hasta aquí expuesto para verificar que la prostitución no es un trabajo sino una infame actividad que vulnera los derechos humanos de las mujeres en prostitución y por extensión, los de todas las mujeres. Y que, quienes defienden la regularización, lo que en realidad defienden es el interés exclusivo de proxenetas y puteros.
Así es que ya podemos dar la respuesta obvia a la pregunta que encabeza este artículo: VA A SER QUE NO.
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