La comisión de XEAL mantuvo ayer una reunión con el ministro de Industria y el director de Aguas de Galiza para tratar la situación actual de la empresa ante la drástica reducción de plantilla y la solicitud de una estación de bombeo en Monte da Ruña (Consejo de Mazaricos).
La sección sindical de la CIG salió de esa reunión «con muchas más preocupaciones que cuando entramos, y más después de leer el comunicado de prensa emitido por la Junta en el que se dice que la administración continúa vigilante». Ante esta afirmación, se preguntan qué monitorea el Gobierno gallego «cuando la empresa incumple claramente las cláusulas de concesión y las dos sentencias firmes».
Valoran que la reunión sólo sirvió para constatar «la burla que el Gobierno hace de los trabajadores y de toda la región, en sintonía con el maltrato y la incertidumbre permanente a la que nos somete la empresa».
En este sentido, advierten de que en el caso de que la Xunta autorice la concesión de esta central reversible en Ruña «será una decisión política que dejará definitivamente segregada la actividad hidráulica y la industrial». Recuerdan que para eludir las cláusulas de vinculación de actividades -principal garantía para el mantenimiento de los puestos de trabajo y la producción industrial- la solicitud administrativa «se presentó con un CIF distinto al de nuestra empresa, ya que se hizo a nombre de la Feroe Fondo Ventures & Investments, que no está sujeto a obligaciones concesionales».
Frente a esto, la sección sindical de la CIG sigue exigiendo que se establezca un procedimiento administrativo como el de 1992 y que se revisen los términos de las concesiones, para que tanto la actividad industrial como el número de trabajadores y trabajadoras, con base en el fallo final del TSXG de noviembre de 2020.
Desde 2019 se han destruido 70 empleos directos y alrededor de un centenar de empleos indirectos y las fábricas están al 20% de su capacidad real de producción.
