Antonio Gil
Este pasado martes se celebró en la Audiencia Provincial de Segovia el juicio contra Clotilde Martínez-Bordiú, sobrina de Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, y hermana del conocidísimo Pocholo, y el ex-encargado de su finca y actual alcalde del PSOE de la localidad de Muñopedro, José Antonio Velasco Bravo.
En la finca, Monte Acedos, que contiene tierras de cultivo y un coto de caza, hubo dos matrimonios de origen extranjero empleados, considerándose probado en la sentencia que “la empresaria sabía que esos trabajadores se encontraban en situación irregular en España y se aprovechó de sus circunstancias y de la necesidad imperiosa que tenían de trabajar para poder sobrevivir”. De esta forma, por 900 euros al mes la empresaria les ofrecía un trabajo de media jornada (es decir, 12 horas al día), sin días libres ni, por supuesto, contrato.
El primero de estos matrimonios estuvo allí desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2020. Mientras el marido se dedicaba a labores de mantenimiento, ella hacía trabajos de jardinería y limpiaba la casa. La mujer denunció que fue despedida por quedarse embarazada, a lo que se suma que el marido se lesionó en varias ocasiones trabajando, a lo que el encargado respondía que por favor no dijera que se hizo daño trabajando y, por supuesto, negándole cualquier tipo de equipo de protección.
Tras despedir a este matrimonio, entró otro el mismo mes hasta enero de 2021. En este caso, denunciaron que si se ponían enfermos se les descontaba del sueldo y que precisamente la mujer fue despedida por enfermar.
Las investigaciones venían desarrollándose ya desde el 17 de febrero de 2020, cuando la Inspección de Trabajo y la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional registraron la finca siguiendo órdenes de una investigación judicial.
Clotilde Martínez Bordiú reconoció su culpabilidad y ha aceptado 2 años de cárcel por emplear de forma irregular y por explotación laboral a cuatro trabajadores de origen extranjero. Por su parte, José Antonio ha negado ser el encargado y que el solo hacía tareas agrícolas para Clotilde como autónomo. También afirma desconocer su situación laboral, aunque les ayudó a empadronarse en el municipio a pesar de carecer de permiso de residencia en España. También ha negado ser quien les marcaba el horario de trabajo o quien les abonaba el salario.
Además de las penas de cárcel, se ha establecido una responsabilidad civil de unos 52.000 euros, que será abonada solidariamente si se condena también al actual alcalde socialista de Muñopedro. De esa cantidad, 10.811 son para cada uno de los miembros de uno de los matrimonios, 5.026 para cada uno de los miembros del otro, 9.130 para la Seguridad Social y 12.000 para las víctimas por daños morales.
