Juan López Paez, Federación Estatal de Foros por la Memoria
Para la derecha española el franquismo sigue siendo un referente que no está dispuesta a cuestionar. No es una cuestión de mera nostalgia, sino que son conscientes de cómo el pasado actúa en el presente y en el futuro. Se comprende por tanto la insistencia en que se desconozca la verdad del pasado, y los intentos por conseguir que su falso relato sea socialmente hegemónico, con la intención de legitimar sus proyectos.
Los resultados electorales de las elecciones autonómicas de mayo de 2023 han permitido la conformación de varios gobiernos autonómicos producto de alianzas del Partido Popular y de Vox en Cantabria, Aragón, Baleares, Valencia, Castilla y León donde han presentado una avalancha de iniciativas legislativas. La participación de Vox sirve como excusa y justificación para la aplicación de políticas regresivas por parte del PP, que en los temas de Memoria por lo general había venido actuando, donde había gobernado, como una fuerza de la derecha más extrema. Y existe otra posibilidad: el vaciamiento presupuestario y de contenido, como se viene haciendo por ejemplo en Andalucía desde la llegada al gobierno del PP.
Las Administraciones de derechas en las Comunidades Autónomas están aplicando políticas de protección, en el marco de sus competencias, para proteger monumentos y simbología franquista. Es el caso de la cruz de Cuelgamuros por la Comunidad de Madrid, o la intención de catalogar como BIC (bienes inmuebles declarados de interés cultural) unos 40 escudos franquistas en fachadas de edificios por la Junta de Castilla y León.
Las carencias de la anterior Ley de Memoria de 2007 con el tema de la simbología franquista, provocó que sólo donde hubo voluntad política de hacerlo, las instituciones públicas retiraron la simbología y el callejero franquista, el vacío de una tipología clara, no había ni plazos, ni régimen sancionador de incumplimiento.
Falsificación de la Historia
En España, en mas de 40 años de democracia no se han aplicado políticas específicas para desmontar la falsificación de la historia de la Dictadura franquista, se ha protegido la impunidad de los criminales, pero también a los negacionistas de las responsabilidades del franquismo, colocándose al nivel de los negacionistas del Holocausto.
Es la consecuencia lógica del Modelo de Impunidad franquista certificado en la Transición. Como ha dicho el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones judiciales, la transición a la actual la democracia se hizo de ley a ley, es decir, reconociendo la legalidad franquista nacida del Golpe de estado de 1936; sin ruptura democrática con la Dictadura Franquista; sin depurar los aparatos de estado franquistas; sin cuestionar los privilegios de las élites franquistas; constituyendo uno de pilares fundamentales sobre los que se construyó el Régimen del 78: la impunidad de los crímenes del franquismo y la amnesia colectiva como política de estado sobre lo que fueron la experiencia democrática de la II República Española, el Golpe de estado del 18 de julio, la Dictadura franquista y la represión o las luchas antifascistas.
El panorama
Qué podemos esperar de un Estado como el español, donde ni un sólo criminal franquista ha sido juzgado y condenado por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra de España o la Dictadura, donde se puede pasar por demócrata sin ser antifascista. Los franquistas no sólo ganaron la Guerra de España, sino que también ganaron la Transición a la democracia.
¿Existe voluntad política y capacidad real para hacer que la Ley de Memoria Democrática (LMD) sea cumplida por todas las instituciones? Hablamos del Ministerio de Defensa, de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas; de las delegaciones del Gobierno. Un absentismo, por no decir complacencia cuando se han consentido actos de exaltación de la dictadura y al nazismo con menosprecio a las víctimas.
La idea consecuente de las derechas es que si llegan al gobierno central su propósito explícito es derogar la actual LMD y sustituirla por una llamada “Ley de Concordia”. Por ello es importante que se lleven a cabo cambios irreversibles, como por ejemplo: la retirada del callejero y la simbología franquista, o la declaración y monumentalización de Lugares de Memoria.
Las futuras leyes de “Concordia” supondrían una violación flagrante de los derechos fundamentales de las Víctimas del Franquismo y ser contrarias a la actual LDM, por ello el Gobierno central debería recurrirlas por ser inconstitucionales.
El próximo Reglamento de la LMD debería ser restrictivo en la interpretación, por ejemplo, de la simbología y nomenclatura a retirar por las administraciones, y contundente al definir la aplicación del régimen sancionador que incluye la ley, por ejemplo para casos de exaltación del franquismo y menosprecio a las víctimas.
¿Cuáles sería las formas viables para oponerse a la marea derechizante en la materia?
-Ejercer presión social allá donde podamos ejercerla, que pasa por vehicular nuestras propuestas por medio de las fuerzas políticas democráticas, así como vincular nuestra lucha con el resto de colectivos y organizaciones que están en el punto de mira del fascismo.
-Exigir el cumplimiento de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, así como de las recomendaciones de los relatores de la ONU y expertos internacionales.
-Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporando a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional (contenido entre otros en el art 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el art. 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)
-Modificación de la Ley de Partidos Políticos, de Asociaciones y de Fundaciones para sean ilegalizadas las organizaciones políticas, fundaciones, asociaciones o cualquier otro colectivo que no condene el Golpe de Estado del 36, la Dictadura Franquista, los crímenes del franquismo.
-Modificación del art. 578 del Código Penal para que incluya el reconocimiento jurídico de “Víctimas del Franquismo”
-El desarrollo y aplicación de la LDM estatal, de rango superior a las autonómicas, debe ser la principal arma contra las políticas negacionistas y regresivas.
-La solidaridad internacional, recabando el apoyo de instituciones democráticas supranacionales, y de organismos internacionales de DD HH más allá de declaraciones formales.
Porque el fascismo no es una ideología, es un crimen. Ni un paso atrás frente al negacionismo y blanqueamiento del franquismo promovido por el Partido Popular y Vox.
