Los trabajadores de Ambulancias Casablanca (que brinda parte del transporte sanitario no urgente en Santiago) acordaron declararse en huelga ante los reiterados incumplimientos por parte de la empresa en los cuadrantes, el orden de los contratos y en materia de salud y seguridad, así como así como exigir el cese de la política de amenazas y despidos arbitrarios.
El primer día de paro será el lunes 17 de junio y si no se encuentran soluciones, la movilización se intensificará la semana siguiente con un paro que se extenderá del lunes 24 al viernes 28 de junio. Además, a partir del 1 de julio se iniciará una huelga indefinida que afectará también al personal de Ambulancias do Cantábrico, que junto con Ambulancias Casablanca conforma la UTE que presta el 100% del transporte sanitario no urgente en la zona de Santiago-Barbaza.
Así lo han anunciado esta mañana los delegados de ambas empresas, que comparecieron ante los medios de comunicación junto con trabajadores del transporte sanitario de emergencia. Denuncian que «el personal de Ambulancias Casablanca sufre desde hace meses los incumplimientos de la empresa, pero la situación laboral se ha deteriorado hasta el punto de amenazas e incluso despidos por pedir algo tan básico como la desinfección y limpieza de uniformes, que es obligatorio en este sector debido a los peligros biológicos».
Señalan que durante este tiempo hubo varias reuniones con la empresa en las que se alcanzaron compromisos «pero estos nuevamente fueron incumplidos». En este contexto, las asambleas de personal tanto de Ambulancias Casablanca como de Ambulancias do Cantábrico aprobaron iniciar movilizaciones y convocar una huelga para exigir soluciones y el cumplimiento de la ley.
Dentro de este calendario, el jueves 13 de junio, a las 11 horas, tendrá lugar una primera concentración frente a la base de Fontiñas, en la que también participarán compañeros de las ambulancias del 061.
La empresa no respeta los cuadrantes, ni el orden de contratación
Respecto a los motivos de la huelga, el representante sindical señaló que la empresa modifica arbitrariamente los cuadrantes firmados, de modo que hay menos personal por turno del previsto, lo que implica una sobrecarga de trabajo. Además, cambia de turno de mañana a tarde -y viceversa- sin previo aviso. «Algo tan básico para organizar el trabajo como saber qué días se trabaja y cómo, no es posible en esta empresa», criticó.
A esto se suma el incumplimiento de la orden de contratación para cubrir los puestos fijos, que la empresa está saltándose, llegando incluso a despedir a los trabajadores -que por su antigüedad deberían haberse convertido en fijos- por exigir la limpieza de sus uniformes, que pagan horas extras o simplemente consultan con los representantes del personal. «Los puestos están cubiertos pero no con el personal que debería estarlo», reiteró.
Ambulancias no higienizadas y horas extras no remuneradas
Además, se reportó la falta de mantenimiento adecuado de las ambulancias y la falta de limpieza y desinfección de los vehículos luego de cada servicio. «El tiempo para esa obra no está reservado y por lo tanto no se está realizando adecuadamente. Ni siquiera hay un sitio acondicionado para realizarla, ni tampoco una adecuada recogida de los residuos, que van a parar al alcantarillado público de Fontiñas, donde la empresa tiene la base», advirtieron.
La lista de incumplimientos incluye la contratación de personas sin calificación para prestar servicios de la UVI, la realización de horas extras de forma gratuita y la presión a los trabajadores que solicitan el pago de horas extras. Junto a esto, relatan que en fechas recientes hubo una sanción a un trabajador por no realizar un servicio al entender que no tenía tiempo, y amenazas al personal más joven por solicitar que le entregaran los uniformes completos.
«Hay muchos pequeños problemas que son fáciles de resolver, de respetar lo más básico, pero que Ambulancias Casablanca conscientemente no respeta, obligando al personal a tener que iniciar movilizaciones».
Al parecer, los incumplimientos de acuerdos en esta empresa vienen desde hace mucho tiempo, pero ahora se han visto agravados por la política de amenazas, presiones y despidos que aplica la dirección.
En este sentido, la representación sindical, instó al SERGAS, como propietario de este servicio y como conocedor de la situación denunciada, a intervenir para obligar a la empresa a cumplir con la ley y respetar los derechos laborales: «Cualquier conflicto que se presente en un servicio público también es responsabilidad de la administración, que es parte del problema y de la solución».
