La noticia de que Ferrovial, la mayor empresa multinacional de matriz española se va de España ha causado indignación en el gobierno. Con ese rostro de ingenuidad con que Pedro Sánchez, María Jesús Montero y otros de sus ministros y ayudantes se muestran sorprendidos y enfadados cuando se encuentran con la cara desnuda, y un tanto descarada, del sistema capitalista, como si vinieran de otro planeta y nunca, nadie, les hubiera hablado de la libertad de comercio y de movilidad que garantiza la democracia que describe nuestra Constitución.
Que Ferrovial se vaya a Países Bajos porque el sistema fiscal le es más favorable lo han asumido como si cometiera un delito, cuando nuestro sistema económico y de derechos fundamentales se asienta sobre la libertad de las empresas a constituirse, ampliarse y moverse por el mundo entero, sin que quepa ningún reproche. El concierto de quejas, indignaciones y llamamientos al patriotismo que suena estos días en los medios de comunicación contra el ilustre dirigente de la multinacional, Rafael del Pino Calvo Sotelo, resulta más patético y ridículo que emocionante. Ni Sánchez ni Montero han aprendido que el Capital no tiene patria, lo que los marxistas sabemos desde hace siglo y medio.
Lo que no parece saber el Presidente del gobierno ni sus ministros de economía, industria, asuntos exteriores, justicia, etc. es que el capitalismo de hoy, y de hace un siglo, no cumple con la ilusionante profecía de Adam Smith en su biblia capitalista “La riqueza de las naciones” de que la iniciativa privada y libre crea esa riqueza, que luego, espontáneamente, se reparte entre los que la trabajan bien.
Galbraith, economista estadounidense, poco sospechoso de comunista, denunciando la farsa de esos principios defendidos hipócritamente por los políticos de hoy, describía la escena del empresario que está dando una conferencia sobre la libertad de comercio y la libre competencia sin que haya injerencias del Estado, y en cuanto termina toma un avión para ir a Washington para saber cómo está la concesión de subvenciones que le han prometido los políticos de turno.
Ferrovial se creó, creció y se convirtió en el imperio que es hoy, alimentada por el Estado franquista primero y después el “democrático”. Para que a su fundador Rafael del Pino y Moreno se le concediera en 1952 la ejecución de las obras ferroviarias en toda España, era imprescindible que fuera bien afecto al régimen franquista.
Sus primeros trabajos consistieron en la renovación de vías para Renfe y la explotación de talleres de cajeo de traviesas. En 1954 logra su primera obra internacional: un proyecto ferroviario en Venezuela, donde reinaba el dictador Marcos Pérez-Jiménez buen amigo de Franco. No es ninguna casualidad que estuviese casado con Ana María Calvo-Sotelo (hermana del ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo) con la que tuvo cinco hijos. Leopoldo padre era hermano de José Calvo Sotelo, el que fuera ministro de Hacienda durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera y fundador del Bloque Nacional durante la Segunda República Española, a la que amenazó en las Cortes con acabar con ella con un golpe de Estado. Era así mismo primo segundo del golpista Milans del Bosch. Como se ve se cumple el dicho de que “Dios los cría y ellos se juntan”.
Si la dictadura le sentó bien al dirigente de Ferrovial la democracia no le sentó mal. Fue beneficiado con continuas concesiones estatales para la construcción de carreteras, autopistas, líneas de ferrocarril, obras de infraestructuras. También se adjudicó la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y numerosas obras para los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Ese año coincide con el nombramiento de Rafael del Pino Calvo-Sotelo como Consejero Delegado de Ferrovial.
Para no aburrir a los lectores, obviaré la lista interminable de obras de toda clase que le es encomendada por el Estado. Un borrón ensucia su impecable curriculum. Dentro de la investigación del Caso Palau, la Fiscalía Anticorrupción descubrió “indicios suficientes” del pago de comisiones ilícitas por parte de Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través del Palacio de la Música Catalana, para garantizarse la adjudicación de obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la inconclusa línea 9 del Metro de Barcelona.
El juez sospechó que el pago de comisiones de CDC se enmascaró tras los patrocinios que Ferrovial aportó al Palacio de la Música, que sumaron cerca de 12 millones de euros en diez años y se dispararon en 2003, coincidiendo con la adjudicación de obras como la línea 9 del metro.
Pero las instituciones del Estado están para proteger a quien el Estado protege. El 15 de enero de 2018, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia en el denominado Caso Palau, absolviendo a los dos directivos relacionados con Ferrovial Agroman. En 2020, una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó las comisiones del 4 % de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. Los delitos de administración desleal societario y de tráfico de influencias de dos representantes de Ferrovial fueron absueltos por la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía recurrió esta absolución, aunque el recurso fue desestimado por el Tribunal Supremo.
Estos son algunos de los personajes que han representado a España en el terreno económico desde hace setenta años. Y que ahora se divorcian de ese longevo matrimonio, sin alegar más que incompatibilidad de caracteres, llevándose los caudales que acumularon gracias a las excelentes relaciones políticas y sentimentales con los capos de la dictadura, con los de la Transición y con los que han seguido en la democracia. Y estos últimos se sienten engañados porque creyeron que portándose tan bien con las empresas que favorecían no iban a ser nunca abandonados.
Nuestros gobernantes actuales, formados ya en los valores democráticos, se muestran tan sorprendidos porque, en su supina ignorancia de las costumbres del capitalismo, no imaginaron nunca que esta separación se podía producir, y que ellos mismos han jurado, apreciado y defendido las normas constitucionales que amparan la conducta de Rafael del Pino Calvo Sotelo y sus secuaces.
En un régimen socialista este episodio y otros muchos semejantes hubieran sido imposibles porque no existirían esas inmensas y todopoderosas empresas privadas, pero en nuestra admirable democracia, amparada por la protección de las naciones democráticas europeas –esas que hundieron en la miseria para siempre a Grecia y han dejado a España en la precariedad actual- la empresa privada –grande por supuesto, cuanto más grande e internacional más- es la reina de la economía. Todopoderosa e impune, tiene derecho a ser beneficiaria de los caudales del Estado, a operar en nuestro país y en el resto del mundo, a utilizar fuerza de trabajo explotada, a exportar a otros países beneficiándose de las ayudas estatales y a situar el domicilio fiscal en cualquier paraíso, huyendo de cumplir con las cargas fiscales, sin que merezca ningún reproche.
Y estos privilegios, señores y señoras del gobierno, rigen en España y en todos los países capitalistas democráticos que tanto ustedes, como los medios de comunicación, como los politólos y otras especies de entendidos de estas reglas, alaban cotidianamente.
Aviso a los contribuyentes españoles: sus impuestos, pagados algunos con esfuerzo y dolor, van a parar a los bolsillos de los Ferrovial, y otros montajes semejantes, para que cuando les convenga se lleven las ayudas estatales y los beneficios obtenidos, sin siquiera agradecer los servicios prestados. Si quieren seguir apoyando a tales mafiosos voten a los mismos partidos que hacen posible el mantenimiento del sistema, ahora que este año 2023 es un año electoral por excelencia. Un saludo.
