Soledad Granero Toledano
En 1932 el Congreso de los Diputados recibió una carta suscrita por varias organizaciones de mujeres, mediante la cual se solicitaba a las Cortes la abolición de la prostitución.
En dicha carta se afirmaba que “La prostitución, como medio de vida en la mujer, es de los casos más ruborizantes y brutales que en las sociedades existe, y no debe haber conciencia que se tilde de civilizada que no repudie, condene y trate de que se extinga mal tan dañoso para la salud ética y material de los pueblos».
Tres años después de esta misiva, suscrita, entre otras, por Clara Campoamor, se aprobaba la abolición de la prostitución de una forma acomodada a los tiempos políticos del momento.
Posteriormente, el fascismo arrebató a la sociedad española, a base de asesinatos masivos y con la complicidad de la iglesia católica, los principios republicanos de igualdad y justicia social.
El verdadero motivo por el que, a estas alturas, a pesar de las exigencias históricas del movimiento feminista, la prostitución no está abolida en nuestro país, es por los ramales de complicidad que el proxenetismo tiene con los poderes públicos, al margen de la identificación patriarcal con estas prácticas de explotación sexual.
Esto ya se vio en 1995, momento en que el Gobierno español modificó el Código Penal. A pesar de los mandatos internacionales de perseguir a la industria de la explotación sexual, se despenalizó la tercería locativa -avalando abiertamente el lucro económico de la explotación sexual de mujeres y niñas- y el que malamente denominan proxenetismo no coercitivo -como si pudiera darse algún caso de proxenetismo no explotador-. Gobernaba el PSOE para quien no lo recuerde.
No es baladí que quienes defienden la reglamentación de la prostitución, en su inmensa mayoría, coincidan plenamente con desear regular el alquiler de vientres de mujeres y defiendan la teoría queer.
No son los derechos de las mujeres lo que defienden quienes se definen como reglamentaristas, lo que están preservando es un modelo de sociedad donde los cuerpos de las mujeres puedan mercantilizarse.
Quienes defienden los vientres de alquiler, están protegiendo otro modelo de explotación, ésta reproductiva, de las mujeres pobres, además con el reaccionario objetivo de querer perpetuar los lazos de sangre.
Quienes defienden la teoría queer, lo que están defendiendo básicamente es que los hombres puedan autodeterminase como mujeres en el momento de sus vidas que más rédito les conlleve y arrebatarnos a las mujeres los espacios conquistados.
Combatir estos tres pilares tan característicamente patriarcales, junto con las agresiones sexuales, es, a mi entender, lo que caracteriza hoy al movimiento feminista.
Y es el movimiento feminista, a iniciativa de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la abolición de la prostitución, el que ha articulado una propuesta de Ley Orgánica abolicionista del Sistema prostitucional (LOASP son sus siglas), que ha sido elevada a las más altas instancias del Gobierno y a las Secretarías Generales de los tres partidos políticos que lo sustentan.
Al contrario del respeto que mostraron en 1932 quienes gobernaban en la II República, el Gobierno no sólo desoye e ignora nuestra propuesta de Ley, sino que intenta contrarrestarla con proposiciones acordes a su debilidad ideológica e intereses políticos.
El Gobierno habla de abolición de prostitución cuando lo que pretende hacer es aprobar una “ley” contra la trata de personas en la que se incluya la trata con fines de explotación sexual. La trata con éstos u otros fines, está penalizada internacionalmente. Adaptar nuestra legislación a los imperativos internacionales hay que hacerlo, pero esto no sirve para abolir la prostitución. La prostitución precede a la trata y ésta no es más que la forma de abastecimiento de aquélla.
Por ello, en los días pasados, ya más de cien organizaciones de mujeres de todo el Estado, han convocado una manifestación el 28 de mayo en Madrid, para exigir la tramitación y aprobación de la LOASP.
Un estado democrático y derecho, está obligado constitucionalmente a promover condiciones de igualdad reales y efectivas y está forzado a que ninguna persona pueda ser sometida a tratos inhumanos y/o degradantes. Esto significa que es preceptivo que todas las decisiones políticas deban ir encaminadas a crear un modelo de sociedad educada en valores de igualdad y derechos humanos.
La prostitución representa un modelo de desigualdad y violencia contra las mujeres. Con la prostitución todas las mujeres nos sentimos agredidas y explotadas. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
El movimiento feminista defiende de forma abrumadoramente mayoritaria la abolición de la prostitución por ser ésta una de las formas más execrables de violencia contra las mujeres.
Defiende la abolición del sistema prostitucional con tres objetivos imprescindibles: garantizar derechos, recursos y protección integral a las mujeres que son o han sido prostituidas; el fin de la impunidad de los que se lucran con la explotación sexual de mujeres y niñas y la sanción administrativa y penal del putero.
La abolición de la prostitución es la opción política que pretende hacer desaparecer los privilegios del patriarcado y borrar de nuestras vidas la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el simple hecho de serlo.
