En la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (@MAECgob) se publicó el encuentro sostenido entre la Ministra Arancha González Laya y su homóloga de Colombia y a su vez Vicepresidenta Marta Lucia Ramírez el día 15 de junio en Madrid. Además del vídeo familiar, allí se mencionó que “Ambas han subrayado el carácter estratégico que reviste la relación bilateral España-Colombia y la voluntad compartida de seguir reforzándola”. Sin lugar a duda es una declaración que señala el papel de España, como cabeza de lanza de los intereses de la Unión Europea en Colombia además de los domésticos, y el papel de Colombia, en su rol de ser el “Israel” de América Latina y en una visita de lavado de cara de las evidentes violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de sus fuerzas de seguridad en el marco del paro nacional, lo cual tuvo algo de eco en la ONU y la Unión Europea.
El contexto de la visita de la representante del gobierno colombiano en Europa
Una vez se hicieron virales a nivel global las imágenes y videos sobre la violencia policial y militar contra los manifestantes desde el inicio del paro nacional en Colombia el pasado 28 de abril, el gobierno colombiano anunció una visita a Europa para brindar información sobre lo que allí está ocurriendo. A medida que se fue agravando la situación, dos de los miembros de su gobierno renunciaron, el ponente de la reforma tributaria (uno de los detonantes del paro nacional), y la Canciller quien sería quien vendría a dicha visita, pero que en su remplazo fue nombrada la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Dicho miembro del ejecutivo recibe un aire fresco con ese doble cargo, luego de que en 2020 se hubiera cursado en el parlamento una solicitud de renuncia por la revelación de información sobre el pago que ella realizó de 150 mil USD como fianza para sacar a su hermano encarcelado en Miami por tráfico de heroína, así como las vinculaciones que tiene su esposo en negocios inmobiliarios con un socio reconocido como paramilitar y narcotraficante[i].
En la agenda, de la ahora también Canciller, se realizó un viaje a Ginebra, en donde además de reunirse con el director general de la OMS, se reunió con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para “reiterar el compromiso de Colombia con el respeto de los derechos humanos, suministrar información integral y objetiva sobre la coyuntura que vive el país”[ii]. Dicho compromiso se contrasta con las dramáticas cifras de violaciones de derechos humanos que deja el paro (3789 casos documentados de violencia por parte de la fuerza pública contra manifestantes[iii] -sin incluir las cifras de cientos de desaparecidos[iv]), y las mismas palabras de la funcionaria en dicha reunión, en las que repite al unísono el discurso oficial de estigmatización de la protesta social por la supuesta infiltración de criminales en las manifestaciones. Una excusa para seguir aplicando la doctrina del enemigo interno, y dar el tratamiento de guerra que dan a cualquier expresión de descontento social y político.
El pueblo colombiano está sufriendo una intensificación de una crisis social y humanitaria, producto de un régimen político generador de grandes desigualdades en la distribución de la riqueza, que ha favorecido el expolio de la tierra y de los recursos naturales, y que ha sembrado hambre, miseria y dolor por una guerra fratricida que no cesa. A 2020, más 21 millones de personas no tenían ingresos diarios para satisfacer necesidades básicas, y más de 7 millones de personas no lograban ni siquiera comer lo mínimo al día. 1 de cada 3 jóvenes no tiene empleo ni puede estudiar. A cinco años de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera por parte de las FARC-EP y el gobierno colombiano en 2016, su grado de implementación es bajo ya que el gobierno de Iván Duque no tiene voluntad para ello, pero si mientras tanto se siguen incrementando las cifras de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, principalmente sobre miembros de organizaciones sociales, de derechos humanos y comunidades étnicas. Desde la firma de dicho Acuerdo, Colombia es el país con la cifra más alta de defensores de derechos humanos asesinados en toda América Latina, con más 1000 casos documentados, a lo cual hay que sumar los más de 270 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz, 200 masacres u homicidios colectivos y se están dando procesos de desplazamiento forzado o confinamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas del Pacifico. A eso se suma, la ya cifra más grande de desplazamiento forzado interno del mundo y de despojo de más de 6 millones de hectáreas a campesinos y comunidades étnicas. Todo ello ha estado en las demandas del paro nacional, el cual va más allá de reivindicaciones por una serie de ajustes legislativos regresivos, y refleja esa grave crisis de la sociedad colombiana. Mientras tanto, la llamada “comunidad internacional” no acomete acciones contundentes contra uno de sus socios prioritarios que le permite desarrollar una serie de jugosos negocios.
Los intereses de España y la Unión Europea en Colombia
Colombia sin duda es un socio de interés para la marca España. De acuerdo con la campaña Armas Bajo Control, España ha realizado exportaciones de municiones a las Fuerzas Armadas de Colombia por un valor superior a 16 millones de euros en los últimos 10 años, y también se han realizado negocios de armas ligeras, armas pequeñas, bombas /misiles de fabricación española. Al respecto, se elevaba una petición de un diputado de EH Bildu al ejecutivo español para aclarar sobre dichos negocios en Colombia considerando las graves violaciones a los derechos por parte de la fuerza pública, la cual podría estar usando dicho armamento español, y que sin embargo no hay respuesta clara[v]. Igualmente, hay que recordar el desembarco de empresas españolas en el expolio de recursos naturales y en la prestación de servicios públicos básicos privatizados, que como se ha documentado en ocasiones no se ha realizado de manera transparente ni mucho menos pacífica. Un ejemplo ha sido el caso de las relaciones de la empresa Repsol con la acción paramilitar para favorecer sus actividades petroleras en Colombia[vi], o los negocios turbios de la empresa madrileña Canal Isabel II en el caribe colombiano, lo cual se ha investigado en el denominado “Caso Lezo”. Tampoco se puede olvidar el rol del expresidente Felipe González en el proceso privatizador de empresas de servicios públicos en América Latina, y en particular de sus actividades en Colombia de cuyo país adquirió la doble nacionalidad y que los indicios por sus supuestos negocios no tan transparentes en Colombia no han llegado a ninguna parte[vii].
En síntesis, mientras en Colombia se violan sistemáticamente los derechos humanos, su discurso hacía afuera sigue siendo el mismo de “garante de la democracia y del estado social de derecho” a pesar de las evidencias de lo contrario. Por tal situación, la Unión Europea debería aplicar sin dilación la llamada cláusula democrática del Tratado de Libre Comercio con Colombia, sin embargo, no se visualiza ninguna intención de hacerlo. Es claro que Colombia es un socio estratégico y por ende poco van a hacer en términos de sanciones. Contrasta con el discurso beligerante hacía países como Venezuela o Cuba, en los cuales no hay ni una mínima comparación con lo que está ocurriendo contra el pueblo colombiano, situación en la cual su gobierno tiene responsabilidades por acción y omisión. Amanecerá y veremos si hay cambios en la diplomacia hacia Colombia, aunque poco se puede esperar.
[i] https://www.telesurtv.net/news/colombia-renuncia-vicepresidenta-narcotrafico-20200612-0035.html
[ii] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/15/marta-lucia-ramirez-y-director-general-de-la-oms-se-reunieron-en-suiza/
[iii] https://www.temblores.org/comunicados
[iv] https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210529-protestas-colombia-desaparecidos-paro-nacional-protestas
[v] https://www.publico.es/politica/gobierno-evita-aclarar-permitira-nuevas-exportaciones-armamento-colombia-pese-brutal-represion.html
[vi] https://cedib.org/wp-content/uploads/2012/09/4-Informe_Repsol_Colombia.pdf
[vii] https://diario16.com/felipe-gonzalez-y-el-dinero-de-los-carteles-colombianos-de-la-droga/
