Según denuncias de abogados laboralistas, se multiplican los casos de empresas que, pese a haber aplicado Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), obligan a sus empleados a trabajar a jornada completa.
Los juristas advierten que, en estos casos, los trabajadores deben negarse a prestar sus servicios, en el caso de las suspensiones de contrato, y no trabajar más de las horas establecidas para las reducciones de jornada, puesto que puede ser sancionado si Inspección de Trabajo comprueba que se está trabajando con normalidad.
La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social contempla que estas irregularidades son incumplimientos «muy graves» que pueden ser sancionadas con la pérdida de prestaciones durante seis meses y la exclusión de cualquier ayuda durante un año, además de la obligación de devolver la cantidad de las prestaciones percibidas.
Respecto a los empresarios, la sanción oscila entre 6.251 a 187.515 euros.
