Artículo de Jorge Saura, de la Comisión Política del PFE

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Jorge Saura

Los días 28, 29 de febrero y 1 de Marzo se ha celebrado en el centro Abogados de Atocha el Tercer Congreso del Partido Feminista de España. Ante una numerosa audiencia se han leído y debatido ponencias sobre temas tan vigentes y polémicos como violencia machista, brecha salarial, prostitución, vientres de alquiler, inmigración, trabajo doméstico, reproducción, sanidad y legislación, entre otros. También se han sometido a la aprobación del Congreso los nuevos estatutos y la renovación de los integrantes de la Comisión Política e Ideológica, el principal órgano de gobierno del PFE.

Todas las ponencias e intervenciones han estado fundamentadas en el republicanismo y el marxismo, que son nuestras bases ideológicas. Pensamos que en España no podrá darse una igualdad plena entre hombres y mujeres mientras se mantenga la Monarquía como forma de Estado, pues se trata de un régimen antidemocrático que ha sido impuesto al pueblo español por el dictador, y que impide el avance de las reivindicaciones feministas y socialistas. En cuanto al marxismo, es el método de análisis de la sociedad y de nuestro pasado histórico que utilizamos en todos nuestros escritos y en las argumentaciones de nuestros debates, pues proporciona una objetividad y una precisión a la hora de identificar dónde están los adversarios, las trampas y señuelos, así como los falsos amigos de la igualdad entre mujeres y hombres. Todas las ponencias e intervenciones llevadas a cabo en el Congreso eluden el engañoso idealismo que caracteriza el pensamiento y la intencionalidad de grupos que se dicen defensores de la igualdad, pero que en realidad pretenden mantener el mismo status social de supremacía masculina que padecemos actualmente. Así como la teoría posmoderna se ha adueñado del espacio teórico, eliminando el análisis materialista.

La casi totalidad de temas que se han tratado en el Congreso dividen a la sociedad y dividen también al movimiento feminista. La abolición de la prostitución que defendemos está siendo fuertemente contestada por organizaciones que, bajo la apariencia de una defensa de la seguridad y mejora laboral de las prostitutas en forma de regulación legal, lo que buscan es una sustancial mejora de los beneficios mercantiles de la industria del tráfico sexual, la segunda industria que más beneficios produce después del tráfico de armas.

La lucha contra los vientres de alquiler –a los que nos negamos a denominar con ese engañoso eufemismo de “gestación subrogada”, que emplean los promotores de tan humillante tráfico de seres humanos– también ha estado presente en nuestro Congreso. No solo queremos que continúe siendo una práctica prohibida en España, sino que se cierren las agencias que gestionan la adquisición de bebés en otros países y se sancione a sus responsables.

También ha estado presente la pornografía, esa oscura industria a la que se trata de blanquear y a la que consideramos responsable en gran medida del aumento de la violencia sexual, ya que la gran facilidad que existe para acceder a vídeos de contenido violento, se ha convertido en la escuela de iniciación sexual de muchos jóvenes y adolescentes. Se trata de un negocio vergonzante en su integridad, pues aunque no existiesen los vídeos que justifican la violencia en las relaciones sexuales, es humillante el simple hecho de la exposición pública de las “actrices” a cambio de dinero. Se trata, además, de un producto destinado casi exclusivamente al consumidor masculino, pues no existe o es irrelevante el número de mujeres consumidoras de pornografía.

En realidad los tres comercios, prostitución, vientres de alquiler y pornografía están gestionados por el mismo lobby.

También estuvieron muy presentes las carencias y enfoques machistas de la legislación actual, sobre todo en lo tocante al terreno laboral y a la violencia contra las mujeres. Se denunciaron los agravios comparativos que se producen entre hombres y mujeres en cuanto a salarios, bajas laborales, cuidados de niños y de dependientes, carencias en salud y seguridad de determinados trabajos, desempeñados mayoritariamente por mujeres, acoso laboral y un largo etcétera de lagunas legales o de incapacidad y falta de recursos para cumplir la legislación laboral existente. Mención especial merece el escaso número de inspectores de Trabajo, que impide asegurar el cumplimiento de las pocas medidas de protección existentes dirigidas a mujeres.

No menos importancia se le ha dado a las insuficiencias, errores y claras manifestaciones de ideología machista de la Ley Orgánica 1/2004, conocida popularmente como Ley Contra la Violencia de Género o LIVG, que hemos denunciado repetidamente. Entre otras transformaciones imprescindibles está la inversión de la carga de la prueba, para que no sea la mujer agredida quien deba demostrar que la agresión se ha producido, la necesidad de incluir como víctimas a todas las mujeres que efectivamente lo son y no solo a la pareja y ex pareja, como ocurre actualmente, la formación de jueces, policías y funcionarios en violencia machista, la falta de un protocolo policial que proteja a la denunciante desde el momento en que interpone la denuncia y muchas otras que aparecen especificadas en la ponencia sobre violencia.

Pero de lo que más se habló y que, en realidad estuvo sobrevolando el Congreso durante todas las sesiones, fue de la conocida como Ley Trans, un proyecto de Ley que aún no ha sido tramitado a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, aunque tiene un reflejo comunitario en varias legislaciones autonómicas. Dicho proyecto de Ley, fuertemente influido por la teoría queer, sienta como base de toda la articulación la autopercepción del género, es decir, que todo ser humano es capaz de determinar y decidir por sí mismo el género al que pertenece, con independencia de sus características biológicas. Según el proyecto una niña o niño puede, a partir de los cuatro años, decidir si es hombre o mujer sin necesidad de permiso parental y sin necesidad de informes médicos ni psicológicos que avalen científicamente tal decisión. A partir de esa autodeterminación de identidad, cualquiera que se acoja a la Ley que se pretende aprobar, puede cambiar sus datos en el Registro Civil, puede vestir y comportarse de acuerdo al género que dice tener y puede hacer uso de los vestuarios y aseos públicos que considere adecuados a su nueva identidad. Precisamente ha sido la crítica del Partido Feminista a este proyecto y, en general, a toda la legislación trans existente en diversas autonomías lo que ha provocado nuestra expulsión de Izquierda Unida. Aunque dicha expulsión no formaba parte del programa de intervenciones, ha sido un tema del que no se ha dejado de hablar en ninguna sesión. La expulsión se decidió en la Asamblea Política y social del sábado 22 de febrero y dos días después, antes de que fuese ratificada ni comunicada oficialmente al PFE, ya estaba volando por las redes sociales. Inmediatamente comenzamos a recibir mensajes de apoyo y peticiones de afiliación de personas que decían sentirse desencantadas de IU. Los dos primeros días del III Congreso, el 28 y el 29, tuvimos una afluencia de público mucho mayor de la prevista y un inesperado aumento de afiliaciones, al parecer fruto de una reacción de rechazo a la expulsión que muchos consideran injustificada.

En diversos momentos intervinieron invitados ilustres con mensajes de apoyo tales como Mario Isea, embajador de Venezuela en España, Eglims Peñuela, representante del Ministerio de la Mujer venezolano, Antonio Miguel Carmona, dirigente del PSOE, Jaime Ruiz, presidente de la asociación de la memoria AMESDE, Marisa Castro, ex diputada de IU, Lucía Mazarrasa y Carmen Roney del Fórum de Política Feminista, Mery Cordente, de la Federación de Republicanos, Charo Carracedo, de la Plataforma para la Abolición de la Prostitución, Antonio Gómez Movellán, de Europa Laica, Manolo Menor, profesor, CCOO, Nuria Suárez, dirigente de Recortes Cero, Pedro Fernández de Alternativa Ciudadana Progresista, y muchos otros. Enviaron representantes o mensajes de adhesión la historiadora Mirta Núñez, Europa Laica, Ateneo de Madrid, Partido Comunista de los Pueblos de España y otras asociaciones y partidos.

El III Congreso del PFE ha concluido con un balance muy satisfactorio, pero ahora tenemos un intenso trabajo ante nosotros: hemos de valorar, organizar y publicar los materiales que se han sometido a la consideración de la militancia y planificar el trabajo de los próximos cuatro años. Lo haremos llenos de entusiasmo pese a que nuestro país se encuentra en una compleja coyuntura política y social en la que se hace muy difícil prever lo que va a ocurrir en los próximos meses. Lo haremos pese a que los acontecimientos se están sucediendo a una velocidad muy rápida y nos encontramos con sorpresas casi todos los días. Lo haremos pese a que las mujeres y los trabajadores se encuentran en nuestro país con retos y agresiones cada vez mayores. Pero podemos decir que las muestras de apoyo que hemos recibido en el Congreso nos dan la fuerza suficiente como para enfrentarlos sin titubeos.

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