Gracias por dedicar unos minutos de tu tiempo. Lo que te voy a contar interesa a cualquier familia que tenga hijos e hijas a su cargo, tengan una enfermedad o no. Cuando un niño o niña tiene una enfermedad grave o una patología que produce discapacidad, las familias pueden acogerse a la prestación de cuidado con enfermedad grave conocida coloquialmente como CUME.
Esta prestación consiste en que uno de los progenitores, la madre o el padre, reduce su jornada entre un 50 y 99% para poder cuidar de su hijo o hija sin que le afecte significativamente a su sueldo.
Para poder ser beneficiaria de esta prestación se deben cumplir unos requisitos, como que el menor tenga una enfermedad que esté dentro del catálogo de patologías recogidas en la ley, que ambos progenitores estén trabajando, que el menor necesite cuidados directos, permanentes y continuados y que esté acreditado por personal médico de la salud pública o privada.
Una vez hecha la solicitud, la mutua puede aceptarla o no. Es la diferencia entre poder cuidar a tu hijo con una enfermedad grave como cáncer o, en el caso de mi hija, parálisis cerebral. Es una prestación que otorga un mínimo de dignidad a las cuidadoras, puesto que no implica pérdida de poder adquisitivo a corto plazo.
Mi propia experiencia como presidenta de la asociación Instituto Magnolia me ha mostrado que las mutuas deniegan estas prestaciones con bastante facilidad, incluso cuestionan los informes médicos de menores con patologías muy graves y juzgan a las madres acusándonos de que no queremos trabajar.
En los últimos meses, desde la asociación ASFACUME se ha pedido que se mejore el Real Decreto 1148/2011 para que recoja la mayoría de las demandas de las familias para garantizar que esta prestación sirva para proteger a los menores con enfermedad grave y discapacidad y sus familias.
Según la nota de prensa que la asociación ASFACUME ha hecho pública, las reuniones y contactos que se mantuvieron con los organismos competentes parecían prometedores, sin embargo, cuando este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hizo público el proyecto, se recibió como un jarro de agua fría.

La asociación ASFACUME denuncia que este proyecto implica recortes encubiertos, ya que se obstaculiza a las familias que continuidad de la prestación por estos motivos:
Exigencia de la firma de un médico especialista, cuando hasta ahora era suficiente la firma del pediatra con capacidad para centralizar la información del resto de especialidades médicas a la que el niño o niña acude.
Exigencia de una valoración del Tribunal médico cada dos años, fiscalizando lo que periódicamente firma su pediatra. Añadiendo más sobrecarga administrativa a las familias, que además ya gestionan la valoración de la mutua, dependencia y/o la discapacidad. Además, esto produce incertidumbre, ya que una negativa en los tribunales médicos implicaría litigios judiciales de varios años de duración, como ya también viene pasando con las mutuas.
Exigencia de que el certificado solo pueda ser del sistema público de salud, cuando hay familias que cuentan con regímenes especiales privados o seguros privados.
A pesar de que varias sentencias han dejado claro que la escolarización no es causa para extinguir la CUME, en el formulario propuesto se sigue preguntando si el niño está escolarizado, dejando la puerta abierta a que las mutuas sigan denegando estas prestaciones por este motivo. Las sentencias judiciales apelan a que el cuidado continuado de un niño o niña con enfermedad grave no puede crear la expectativa de una servidumbre permanente de cuidados de la persona cuidadora, la gran mayoría mujeres, las madres.
Además, añaden en su comunicado que se han eliminado patologías importantes, como la epilepsia refractaria y «se aplica el criterio de «cuidados clínicos» que se quedan cortos en el hecho de cuidar de un menor con enfermedad grave o discapacidad. Efectivamente, no solo se trata de curar un estoma o cambiar una sonda, los cuidados van desde cambiar pañales, vestirles, asearles, dar medicación, controlar constantes vitales, controlar impulsos, sostener episodios de agitación, hacer tratamientos de fisioterapia, logopeda, ser chófer, cocinera, psicóloga, abogada, administrativa… Es estar disponible 24×7, los 365 días del año.
Una de las novedades que aparece en el borrador es que se extingue la prestación si la persona beneficiaria o causante del derecho en el caso de prácticas formativas, por lo que revoca el derecho de las familias a progresar, a tener oportunidades de generar ingresos y las aboca a la pobreza, dejándolas en riesgo de exclusión.
Unicef dejó claro en su informe sobre Discapacidad en la infancia de 2013 que una familia que tenga ingresos que podrían considerarse suficiente, si tiene uno o más miembros con discapacidad, podría estar en riesgo de pobreza.
Respecto a la salud de los progenitores, recordad que uno de los requisitos es que ambos progenitores estén trabajando, no se contempla qué pasa cuando el progenitor no cuidador tenga situación de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total o la jubilación. Esta omisión supone la extinción de la prestación para el progenitor cuidador. Esto implicaría que un solo progenitor tendría que mantener económicamente de la familia a la vez que cuida de dos personas, creando una situación penosa.
Sobre la edad del causante del beneficiario, hasta ahora la edad máxima eran los 23 años, y solo si el menor de edad tenía más de 65% de discapacidad, podía prorrogarse hasta los 26. El proyecto presentado no modifica el criterio de edad para mejorarla, una de las grandes demandas de las familias.
Se abre la incertidumbre de qué pasa cuando nuestros hijos e hijas se hacen adultos. Queda al descubierto que las madres somos el sostén de un sistema que se beneficia de nuestro trabajo gratuito, concretamente, en España las cuidadoras informales trabajan 4193 millones de horas al año sin remunerar, que tiene un valor aproximado en salarios a unos 50.000 millones de euros.
ASFACUME alerta de que de “este borrador se desprende la intención de las prestaciones de forma masiva”, desvalorizando los cuidados.
Os dejo los documentos y enlaces de interés para podáis analizarlos atentamente.
PROYECTO DEL REAL DECRETO PRESENTADO POR EL MINISTERIO: PINCHA AQUÍ.
NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN ASFACUME: PINCHA AQUÍ.
AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO. PLAZO DE ALEGACIONES: PINCHA AQUÍ.
PERFIL DE INSTAGRAM DE ASFACUME PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES: PINCHA AQUÍ.
FORMULARIO DE ADHESIÓN AL RECHAZO DEL PROYECTO PARA ENTIDADES: PINCHA AQUÍ.
Si eres periodista te pido que nos ayudes a difundir el comunicado y hacerte eco de este problema.
Datos de contacto de ASFACUME: info@asfacume.com // 614 47 69 93.
Gracias.








