El Ayuntamiento de Caldes d’Estrac, gobernado por Junts per Caldes d’Estrac i Gent d’Estrac, afronta una creciente polémica a raíz de su intención de adquirir —mediante la fórmula de alquiler con opción a compra— un local para destinarlo al nuevo casal cívico y al casal de abuelos, avis en catalán. Según consta en el Registro de la Propiedad, el inmueble arrastra una hipoteca cercana a los cien mil euros, cifra a la que habría que añadir el coste de una remodelación integral, imprescindible para adaptar el espacio al uso comunitario previsto.
El local elegido fue en su día un restaurante y se encuentra en una calle con escaso tránsito y poca luz natural. Diversos potenciales usuarios del “casal d´avis” han expresado su preocupación por las características del espacio, al que describen como “oscuro”, tanto por su ubicación como por su estado actual. Para las asociaciones y colectivos consultados, la principal crítica no es únicamente estética: sostienen que el lugar no cumple las condiciones de accesibilidad, vida social y dinamismo que debería tener un equipamiento destinado a las personas mayores.
Fuentes vecinales recuerdan que en el municipio existen alternativas, tanto en locales disponibles como en espacios municipales con mejor ubicación y mayor integración urbana. El caso del edificio de Mercedes Torras es mencionado con frecuencia: un inmueble con valor patrimonial y potencial funcional que, según lamentan varios residentes, se ha dejado deteriorar sin un plan claro de recuperación.
A ello se añade la decisión de la Asamblea de los pensionistas que aprobó la posibilidad de ubicar el “casal d´avis” en La Fabriqueta, un equipamiento donde conviven actividades juveniles, talleres culturales e iniciativas organizadas por particulares. Este modelo intergeneracional fue bien valorado por muchos vecinos, que ahora consideran que no se ha respetado el espíritu de aquel acuerdo ni la voluntad expresada por los propios usuarios del casal.
El malestar se intensificó cuando se anunció la fecha del pleno para aprobar la operación: 22 de diciembre, jornada del sorteo de Navidad y a solo dos días de Nochebuena. La coincidencia ha generado críticas por parte de distintos sectores, que interpretan la convocatoria como poco oportuna y, en algunos casos, como una maniobra que aprovecha el ambiente de distracción propia de esas fechas. El pleno se ha fijado con cierta “alevosía y navidalidad”.
Otra de las cuestiones señaladas es la falta de información pública detallada sobre la operación. Los ciudadanos consultados afirman no haber podido acceder a documentación exhaustiva sobre el coste total, la valoración comparativa con otras opciones disponibles ni el análisis técnico que justificaría la elección del local. La sensación de opacidad ha generado inquietud y desconfianza, si bien los colectivos vecinales subrayan que no acusan al consistorio de irregularidades. En palabras repetidas ya en distintos foros locales: “No tenemos pruebas, pero tampoco dudas” acerca de si la operación se está gestionando con toda la transparencia que requiere un proyecto de este alcance.
Más allá de la controversia política, el debate tiene un trasfondo social evidente. Los usuarios del casal reclaman un espacio que favorezca la participación, el encuentro intergeneracional y la vida comunitaria. Temen que la elección de un local poco visible y necesitado de una profunda reforma derive en un equipamiento que, lejos de dinamizar la vida de las personas mayores, contribuya a su aislamiento.
Mientras la fecha del pleno se acerca, continúa la demanda de explicaciones más claras y de un proceso participativo más amplio. Para muchos vecinos, el futuro casal no es solo un edificio: es un símbolo del modelo de pueblo que Caldes d’Estrac quiere construir. Y, según expresan, ese modelo debería basarse en la luz, la transparencia y el diálogo, no en decisiones tomadas a contrarreloj ni en calles oscuras.








