Néstor Carramiñana
Las políticas económicas que se aplican en España y en el resto de Europa, lejos de ser el resultado de propuestas racionales con el objetivo del desarrollo y mejora de la sociedad, se presentan como un vasto ejercicio de construcción de una narrativa. Se nos pide que creamos en mecanismos como la disciplina fiscal y la austeridad como dogmas incuestionables, pero no son más que políticas disfrazadas de soluciones técnicas e inevitables. Esta narrativa se refuerza con declaraciones como la del canciller Merz, quien afirmó que “El Estado del bienestar que tenemos hoy ya no se puede financiar con lo que producimos en la economía”. De esta forma, se busca crear un consenso social en torno a la idea de que los sacrificios son inevitables y que no hay alternativa al desmantelamiento gradual de los logros sociales que tanto costó conseguir.
Sin embargo, esta narrativa pierde fuerza al contrastarla con las acciones reales. Mientras se nos dice que no hay dinero para financiar servicios públicos, la Unión Europea y sus Estados miembros han movilizado 168.900 millones de euros en apoyo a Ucrania desde el inicio de la guerra en 2022. Esta cifra no es un gasto menor, sino una decisión política que demuestra que, cuando existe la voluntad y se considera una prioridad, los recursos económicos aparecen. La aparente escasez de fondos para las necesidades internas contrasta de manera flagrante con la disponibilidad de cantidades masivas para otros fines, dejando al descubierto que la austeridad no es una necesidad, sino una elección política.
Se construyen relatos sobre la recuperación económica y el crecimiento del PIB pero sin analizar la precarización del mercado laboral, la pérdida de poder adquisitivo o la creciente desigualdad. Se justifica el desmantelamiento de los servicios públicos con la «responsabilidad fiscal», aunque la verdad material sea que estos recortes benefician a la privatización y al capital financiero. Las cifras macroeconómicas se presentan como una verdad absoluta, pero ocultan la realidad de la mayoría de la población. Aquí juegan un papel clave los medios de comunicación, a través de ellos se crean narrativas que, aunque carezcan de una base material sólida, buscan resultar creíbles para la mayoría de la población.
Un ejemplo reciente es el récord alcanzado por el IBEX 35, superando los 14.000 puntos, que ha sido celebrado por el Gobierno como un signo de la buena salud de la economía española. Este mensaje crea la verosimilitud de una economía en auge. La verdad, sin embargo, es que ese récord no se refleja en la economía real, en la microeconomía de la gente. Mientras el valor en bolsa de las grandes empresas, como los bancos y las energéticas, crece, la mayoría de la población enfrenta una pérdida de poder adquisitivo. El poder de compra de los salarios se ha visto erosionado por la inflación, y el precio de la vivienda de alquiler sigue disparado en las grandes ciudades, lo que dificulta enormemente la vida de las familias trabajadoras. La celebración del éxito bursátil es una farsa que oculta la creciente desigualdad y la precarización de la vida de la clase trabajadora.
En este marco, no está en juego la verdad si no la credibilidad. Los gobiernos y las instituciones europeas compiten por mantener la credibilidad de un sistema que, en realidad, está diseñado para proteger los intereses de una minoría. La unidad europea se vende como una solución, mientras las políticas de austeridad impuestas desde el centro profundizan las brechas entre países y entre clases sociales. La credibilidad de los líderes políticos se mantiene mientras puedan convencer a la ciudadanía de que las reformas laborales, los recortes o la inflación son necesarios e inevitables.
Es fundamental, por tanto, cuestionar la verosimilitud de las narrativas económicas que nos imponen y demandar una política económica que sirva a la mayoría social, y no a los intereses de una minoría. La verdadera batalla no es por la credibilidad, sino por la verdad y la justicia social.
